Desaparecidos
La ONU "reprueba" al MEIF
Integrado inicialmente por siete expertos contratados con perfiles de la ONU –de los cuales sólo quedan tres–, no ha realizado avances sustantivos, no se mantiene en contacto con las familias de las personas desaparecidas ni colabora con instituciones académicas.
Según una auditoría ordenada por Naciones Unidas, a cuatro años de su creación el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, integrado inicialmente por siete expertos contratados con perfiles de la ONU –de los cuales sólo quedan tres–, no ha realizado avances sustantivos, no se mantiene en contacto con las familias de las personas desaparecidas ni colabora con instituciones académicas o con las fiscalías que resguardan los 52 mil cuerpos sin identificar que hicieron necesaria su creación.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Creado por el impulso de los colectivos de familiares de personas desaparecidas ante la descomunal cifra de al menos 52 mil cuerpos sin identificar bajo el resguardo de las fiscalías del país, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) es visto como proyecto “sin planeación estratégica”, ineficaz para concretar convenios de colaboración con fiscalías y carente de transparencia y de rendición de cuentas, entre otras deficiencias, según se desprende de una reciente auditoría.
A casi cuatro años de su creación, a partir de un acuerdo de marzo de 2019, y a más de 15 meses de establecido su Grupo Coordinador (GC), la evaluación del MEIF realizada por la consultora Investigación en Salud y Demografía (Insad) encendió las alarmas sobre el impacto de mantener marginadas a las familias de las víctimas en un mecanismo pensado para atender la crisis forense en la que se encuentra el país, derivada de la violencia imparable.
Este semanario tuvo acceso a la evaluación que el Insad le hizo al MEIF, auditoría contratada por la oficina en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organismo mediante el cual la Secretaría de Gobernación contrató a siete expertos (cuatro en materia forense, uno en derecho, uno en cooperación internacional y otro en enfoque psicosocial y vinculación con familias) con la finalidad de garantizar su autonomía.
Con salarios mensuales que oscilan entre 150 mil y 180 mil pesos, en apego a los parámetros de contratación de las Naciones Unidas, del número original de especialistas para atender la crisis forense sólo permanecen tres, desgajamiento que no ha sido bien visto por las familias de víctimas, algunas de las cuales ven al MEIF como un “elefante blanco” o un proyecto “muerto”, ante la falta de resultados esperados.
Como parte de los protocolos de evaluación de los organismos de la ONU en convenios con gobiernos, el UNFPA solicitó que se auditora el funcionamiento del MEIF y se evaluara la percepción que de él tienen las familias de víctimas, ejercicio que se efectuó de septiembre a los primeros días de diciembre pasado.
Presentado el 9 de diciembre de forma privada, el balance refiere que para su realización se entrevistó a 58 personas, entre personal de fiscalías, médicos forenses, comisiones locales de búsqueda, miembros de organizaciones civiles, organismos internacionales, “potenciales donantes”, familiares de víctimas e integrantes de colectivos, en tanto que se aplicó una encuesta que tuvo 67 respuestas.
Las observaciones al trabajo del MEIF y al GC son duras; todos sus integrantes obtienen bajas calificaciones por no haber alcanzado los objetivos que se habían trazado.
De entrada se establece que el organismo “carece de una planeación estratégica de mediano plazo que tenga una orientación a resultados e identifique los recursos necesarios para su sostenibilidad”.
Aun cuando se reconoce su intención de interactuar con gobiernos estatales, el balance advierte que el “seguimiento de dichos acuerdos no se ha dado de manera eficaz” y por ello urge a fortalecer “su transparencia y rendición de cuentas”.
Entre las “limitaciones” del MEIF se destaca que se seleccionó a siete expertos con “el mismo nivel de mando” sin que tuvieran claridad de “qué funciones diferentes debían desempeñar (en particular los forenses)”, además de que, siendo un grupo colegiado, carecían de un “equipo operativo para implementar acciones”, provocando que el GC carezca de un perfil “orientado a la gestión de proyectos que se requiere en la implementación de cualquier programa o proyecto con ese nivel de complejidad”.
Una de las observaciones relevantes señala que se contrató a expertos que “no eran necesarios en las primeras fases de la implementación y que se omitiera en el diseño la contratación de equipos operativos”, mientras, “ante la carencia de un diseño institucional y organizacional de origen, la toma de decisiones al interior del GC se complejizó, lo que ha derivado en retrasos e indefiniciones que persisten (por ejemplo los lineamientos del MEIF)”.
Entre las acciones fallidas del MEIF se enlistan la falta de concreción de acuerdos con instituciones académicas “con miras al desarrollo de capacidades en materia de identificación” forense; no conseguir un convenio de colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), y tardíamente buscar acercamiento con los estados; no alcanzar acuerdos de cooperación con embajadas y agencias internacionales por la falta de “priorización de proyectos estratégicos por parte de donantes o restricciones al tipo de financiamiento que pueden otorgar”.
Además se señala que carece de “un mecanismo que le permita ampliar la base de familiares con los que tiene contacto” para impartir “talleres de pedagogía forense, sesiones informativas y atención psicosocial”, así como para distribuir los materiales destinados a la participación ciudadana.
El documento alerta sobre la falta de interacción con los colectivos de familiares, cuya mayoría desconoce los avances del MEIF, por lo que éste “corre el riesgo de perder legitimidad ante las familias si no incorpora la participación de todos los colectivos y no sólo de aquellos con los que ya tiene contacto”.
Una de las principales críticas de las familias al MEIF es que “hayan salido integrantes del GC sin ser notificada previamente”; consideran que no es tan importante el número de integrantes “como la obtención de resultados”, y reprocharon no haber sido tomadas en cuenta para “demandar recursos” a fin de que su presencia se amplíe a otras entidades y “presionar a las autoridades locales” a que colaboren con el MEIF.
Familias frustradas
Martín Villalobos Valencia, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, así como del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, reprocha la “soberbia” y la “mal entendida autonomía” de los expertos del GC, así como la burocracia de la UNFPA que le cambió el rostro a lo que los familiares habían diseñado para el MEIF.
Recuerda que, insistentemente, miembros de los colectivos buscaron a los integrantes del GC para saber qué necesitaban, con el fin de acercarlos a las fiscalías locales e incluso a la FGR y cerrar convenios de colaboración, pero no fueron escuchados.
“A principios de este año algunos familiares nos acercamos para pedir cuentas, y lo que nos sacaron fue un informe de siete hojitas sin mayores avances. Para entonces el gobierno federal ya había destinado al MEIF, mediante UNFPA, 40 millones de pesos. En abril, por intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), se lograron acuerdos con San Luis Potosí y acercamientos con Zacatecas y Tamaulipas”, narra Villalobos Valencia.
Familiar de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, desaparecida en 2004, Villalobos Valencia considera que “el error estuvo en Naciones Unidas (UNFPA), porque no entendió el proceso previo de preparación que llevamos a cabo las familias, incorporó sus criterios en la contratación de perfiles, cuando nosotros no pedíamos al director internacional de algún centro con mucho prestigio, sino alguien que trabaje pecho tierra, que trate con las familias, que conozca el fenómeno, que pueda incluso conocer la problemática mexicana, que pueda tener esa oportunidad de hacer enlaces, acercamientos, de estructurar un programa de trabajo, las diferentes áreas. Todo eso al final se perdió”.
Para el defensor, los expertos “son meramente técnicos que, desde el escritorio, quieren hacer las cosas con base en experiencias que han tenido, pero las características de la realidad en México son únicas”.
Villalobos puntualiza que, para las familias de víctimas, la debilidad del MEIF “no es un tema del gobierno federal, porque han tenido apoyo de la CNB, y sin eso no hubieran firmado ningún convenio, y ese no era el sentido. Nosotros no queríamos que interviniera el gobierno, sino que fuera un organismo autónomo totalmente”.
En entrevista, Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), recuerda que, desde su creación, las familias y colectivos de víctimas que impulsaron el MEIF contaron con su respaldo y el de su oficina para concretar el proyecto.
“Las familias, y en eso estuve muy de acuerdo con ellas, pedían que el MEIF fuera autónomo, que no dependiera de la CNB, lo cual me parecía muy bien porque la aspiración es que trascienda la actual administración, de ahí la importancia de que se buscara el respaldo internacional”, apunta.
Destaca que hasta ahora el gobierno federal ha financiado al MEIF a través de UNFPA gracias a un acuerdo de colaboración que mantiene el organismo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), que depende de Gobernación.
“En su primer año de operación canalizamos 40 millones de pesos, con lo que garantizamos el pago de los expertos, así como de sus respectivos equipos, además de que les instalamos oficinas en la CNB. En la primera quincena de diciembre transferimos a UNFPA 35 millones de pesos no sólo para el MEIF, sino también para financiar otros proyectos de identificación humana en 2023”, señala.
Además, enfatiza, la CNB allanó el camino para que el MEIF estableciera convenios de colaboración con los gobiernos y fiscalías de San Luis Potosí y Zacatecas, en tanto que en Tamaulipas uno de los expertos designados, Alan Robinson, tenía buena relación con las autoridades de esa entidad por una colaboración previa.
“Seguimos colaborando con el MEIF a través del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), tanto así que participamos conjuntamente en la toma de muestras genéticas tanto en San Luis Potosí como en Jalisco, donde participó además el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”, remarca Quintana.
En representación del GC, Jairo Hernando Vivas Díaz, experto en medicina forense de origen colombiano, sostiene que el MEIF atraviesa por un proceso de “rein-geniería” para fortalecerlo y mejorarlo. En entrevista en las instalaciones del UNFPA, dice que la creación del MEIF se diseñó “de forma teórica” con el fin de solucionar la falta de identificación de cuerpos en los servicios médicos forenses.
“Una vez que empezamos a estudiar la situación” fue necesario “hacer cambios para que el proyecto continúe, y eso se hace sobre la práctica, lo que estamos viendo en cada uno de los estados”, dice Vivas.
Al señalar que es una “falacia” pensar que el MEIF vendría a solucionar la crisis forense por la que atraviesa México, el experto colombiano apunta que “el panorama de país también ha cambiado” desde que se creó el acuerdo de creación del MEIF, con la existencia de centros regionales de identificación humana y el propio CNIH a cargo de la CNB.
Exdirector técnico de Prospección, Recuperación e identificación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas de Colombia, Vivas Díaz reconoce que los colectivos de familiares tenían fuertes expectativas en el MEIF, el cual se enfrenta con “una gran problemática”: los 52 mil cuerpos sin identificar resguardados por fiscalías, “cifra que está rompiendo récords y que serían las autopsias de dos años en otro país”.
Esto, dice, aunado a que “en la vida real” los procesos de identificación humana pueden ser tan complejos que pueden durar años:
“Cuando se concibió el mecanismo se centró en los cuerpos que están sin identificar, pero para lograr la identificación debes tener la información de las personas dadas por desaparecidas en el país, que en este momento son más de 108 mil personas, o sea, tener información con suficiente calidad de 108 mil personas.
“México va a tardar muchísimo tiempo en tenerla. Yo creo que van a ser otras generaciones las que vean esos resultados”, asegura el experto.
Sin dar un diagnóstico de la capacidad forense instalada en el país, el especialista advierte que en “México no se puede hablar de que esté en guerra o en un conflicto armado, pero si está en una situación de violencia que desborda las capacidades de respuesta”.
Agrega que la situación se torna más difícil “si todos los días siguen desapareciendo personas y se sigue encontrando cadáveres en condición de no identificación; no es algo que pueda manejarse de manera extraordinaria, sino que es de día a día, sigue pasando. Lo mejor que se puede hacer es cortar la causa”.
Tras señalar que hasta ahora los avances de su intervención en San Luis Potosí consisten en la revisión de al menos 402 expedientes de cuerpos sin identificar en custodia del Servicio Médico Forense y el análisis de cinco cuerpos, Vivas Díaz concluye:
“El MEIF va a continuar, se va a fortalecer, va a llegar a más estados, va a crecer en número de profesionales. Estamos haciendo una restructuración muy propia del primer año de trabajo. Eso pasa en todos los proyectos nuevos e incluso en instituciones que llevan mucho tiempo se necesitan evaluación interna y externa que digan cómo tiene que cambiar ante un nuevo panorama, que es lo que estamos viviendo nosotros.”
