En septiembre pasado, Función Pública inhabilitó por 45 meses a la empresa Casanova Vallejo por incumplir un contrato adjudicado de manera directa mediante el que arrendó 545 ambulancias al ISSSTE. La empresa interpuso recursos legales que no han concluido, la autoridad defiende la inhabilitación y mientras tanto la empresa se mantiene en operación.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los casos de corrupción en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) siguen brotando en áreas de primera importancia para la atención de pacientes, de por sí enfrentados a la precariedad de servicios.

Más allá de la promesa presidencial por gozar de un sistema de salud como el de Dinamarca, los ámbitos indispensables, en este caso para la institución responsable de la atención a la salud de la burocracia, se han visto perjudicados por actos de corrupción que, cometidos en la actual administración, dejaron sin servicio de rayos X y otros estudios, a las clínicas y hospitales del ISSSTE. (Proceso 2400).

Ahora, un nuevo caso se substancia en instancias de auditoría en relación con las ambulancias que arrenda el organismo.

Apenas el 15 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer la inhabilitación por 45 meses a Casanova Vallejo, parte del grupo empresarial Casanova Rent, propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova.

El motivo de la inhabilitación fue el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato AD-CS-DNAF-SRMS-024/2022 que firmó con el ISSSTE.

Dicho contrato fue producto de una adjudicación directa con la que el Instituto arrendó 545 ambulancias, del 1 de enero al 30 de junio de 2022, por más de 113 millones de pesos. Sin embargo, no fue el único, a ese contrato le sucedió el identificado con el número 2836620, también asignado de manera directa, con vigencia del 5 de agosto al 31 de diciembre, por el mismo número de ambulancias y cuyo valor ascendió a 90 millones 711 mil pesos.

La historia de Casanova con el ISSSTE ha estado llena de claroscuros. Al menos desde 2012 le ha rentado autos al organismo. Según los registros, ese año le adjudicó un contrato por 179 millones de pesos. Luego hubo asignaciones en 2015, 2016, 2019, 2020 y 2022. En suma, 11 contratos, nueve de ellos a través de asignaciones directas, para acumular un total de mil 783 millones de pesos netos.

El litigio

El jaloneo entre la empresa y la actual administración inició luego de la mencionada inhabilitación dictada en septiembre. Casanova interpuso un recurso de revisión ante el Órgano Interno de Control (OIC), en el que se le negó la suspensión; sin embargo, posteriormente se desistió del recurso y recurrió a interponer un juicio de amparo.

El 7 de noviembre, la SFP mediante el OIC, rindió informe justificado en el juicio de amparo, en el que defendió la constitucionalidad y legalidad de la resolución sancionadora, no obstante, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México le otorgó la suspensión definitiva como resultado del amparo indirecto promovido por la empresa, cuyo efecto es que no aparezca en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

La medida se dictó el 25 de octubre y se publicó el 11 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con una circular que firma el titular del Área de Responsabilidades del OIC en el ISSSTE, Raúl Armando Morales Flores.

Días antes, diversas columnas periodísticas dieron cuenta de que la compañía pretendía evadir la inhabilitación para, entre otros, participar en una nueva licitación dentro del ISSSTE para el arrendamiento de 403 ambulancias por un periodo de 21 meses.

Por ejemplo, en su columna para El Financiero, el 11 de noviembre, la periodista Lourdes Mendoza escribió que Casanova Vallejo, de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique estaba a punto de “burlar” la inhabilitación de 45 meses que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le impuso.

Fue en esa esa misma fecha que se dio a conocer en el DOF que habían ganado el juicio de amparo 1707/2022-VII para efecto de que no se publicara la sanción, inhabilitación y la multa en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

Luego que se diera a conocer la noticia, la SFP informó que se mantendrá vigente la inhabilitación de Casanova Vallejo, además de que el OIC del ISSSTE interpondrá un recurso de revisión a fin de que la sanción sea ratificada por el Tribunal Colegiado de Circuito.

De acuerdo con la SFP la sentencia no resuelve de fondo el asunto debido a que la inhabilitación sigue vigente en contra de Casanova Vallejo por un periodo de 45 meses y de acuerdo con lo establecido en los artículos 59 y 60, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El incendio y el escándalo

El pasado 18 de diciembre, una ambulancia del ISSSTE en la que trasladaban a un paciente se incendió sobre avenida Revolución, en la Ciudad de México. Alrededor de las 4:00 de la tarde, antes de llegar al cruce con Eje 3 Sur Benjamín Franklin, el operador notó que salía humo del motor y se detuvo enseguida.

Con ayuda de su compañero, el socorrista bajó al paciente y se alejaron varios metros para resguardarse. Mientras pedían ayuda, el fuego se acrecentó hasta producir un estallido que terminó por consumir la unidad de manera peliculesca.

Sobre el percance el Instituto se limitó a señalar a través de su cuenta de Twitter:

“El personal del instituto dio aviso inmediato a otra unidad de #IsssteEmergencias para continuar con el traslado del paciente, a quien se movilizaba al HG Tláhuac para realizarse un estudio”.

Sin embargo, evitó dar a conocer los pormenores del asunto, el nombre de la empresa que se la arrenda y, por tanto, que es responsable de su mantenimiento como parte del contrato del escándalo que motivó la sanción.

El ISSSTE no es la única entidad o dependencia gubernamental en la que Casanova Rent ha gozado de contratos. En los últimos 12 años, el grupo Casanova, que engloba a las empresas Casanova Rent, Casanova Vallejo y Casanova Chapultepec, ha obtenido más de 633 contratos con ganancias superiores a los 12 mil 700 millones de pesos.

Hasta antes de la inhabilitación dictada en septiembre, dicho grupo fue contratado por dependencias como la Secretaría de Hacienda, el Instituto de Salud para el Bienestar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y la Fiscalía General de la República.

Tan solo en 2022, los contratos asignados por dependencias del gobierno federal le han significado ingresos por más de 273 millones de pesos distribuidos en 14 asignaciones, de manera que la inhabilitación significa un duro golpe a una de las empresas que han conseguido mayores contratos por el servicio de arrendar vehículos al gobierno.