CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Detrás de la suspensión del servicio de Rayos X y otros estudios clínicos en los hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hay una cadena de omisiones, expedientes extraviados y, más recientemente una decisión presidencial: no investigar.

El pasado martes 1 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó de manera tajante que la contratación mediante adjudicación directa de la empresa Imedic para la prestación del servicio, fuera a ser objeto de investigación y sostuvo que los cambios obedecen a una limpia en la institución por toda la corrupción del pasado.

En realidad, el asunto ya se estaba investigando y hay indicios de irregularidades.

En su edición 2400, Proceso publicó que el contrato a dicha empresa fue otorgado por Almendra Lorena Ortiz Genis, directora de Administración y Finanzas del ISSSTE, a pesar de la oposición del director de la institución y la observación de diferentes irregularidades. En respuesta al reportaje, López Obrador rechazó investigar:

“No, no, no. Es el proceso de limpia del ISSSTE que genera reacciones por haberles quitado los contratos a quienes vendían 100 mil millones de pesos de medicinas al gobierno sin ser productores, sin tener laboratorios, sólo porque eran políticos con influencias”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

En seguimiento a dicha declaración, Proceso obtuvo una serie de documentos que ponen en evidencia más irregularidades en el caso. Para empezar, una carta de terminación contractual que enumera las omisiones administrativas y que auténticamente son el origen de las fallas en los servicios de radiología, endoscopía y anatomía patológica en el ISSSTE

La misiva, de fecha 21 de junio, fue enviada por la empresa Tesi de México, entonces proveedora del servicio, a Mónica Arreola Fayett, subdirectora de Infraestructura del ISSSTE, área dependiente de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, encabezada por Almendra Ortiz Genis, la ex integrante de la Ayudantía del presidente López Obrador.

En el documento, se advierte que el contrato firmado para la prestación de los servicios concluye en nueve días naturales, es decir, el 30 de junio, y que se requiere de un tiempo de transición para evitar la ausencia del mismo.

Lo anterior fue decidido en virtud de que, en términos de la Cláusula Cuarta del contrato, concluida la vigencia, el proveedor procedería con el retiro de los equipos y componentes que se hayan instalado dentro de los 30 días naturales siguientes, por lo que se sugería la extensión del contrato hasta en tanto se asegurara la continuidad del servicio con el objeto de permitirle al Instituto llevar a cabo la transición adecuada de los servicios o realizar una licitación.

“De otra manera el riesgo para el Instituto, los hospitales y pacientes de quedarse sin el servicio es muy alto y pone en riesgo muchas vidas”, se advierte en la mencionada carta.

Además, el documento cuya copia tiene Proceso, detalla que el cambio a un nuevo proveedor es un proceso largo que no se puede improvisar, debido a que el riesgo es real y la imposibilidad de realizar exámenes radiológicos, tomografías, mastografías, ultrasonidos, procedimientos endoscópicos y exámenes de anatomía patológica durante semanas o meses, hasta que un nuevo sistema de información esté en pleno funcionamiento, lo que sería devastador para el sistema de salud y los pacientes del Instituto.

A través de la dicha comunicación, Tesi solicita que le sea notificado formalmente la terminación de los servicios o su continuidad, y en caso de la terminación, se le indique el mecanismo para el retiro de los equipos y componentes instalados, así como la entrega de las bases de datos al nuevo prestador del servicio.

La autorización inusual

Un movimiento inusual: la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, a cagro de Almendra Ortiz, se decidió por terminar la vigencia del contrato y por evadir la licitación pública con una adjudicación directa. Aunque el 16 de junio el Comité de Adquisiciones votó en contra, en una nueva sesión del 20 de junio, se aprobó la asignación a IMEDIC SA de CV.

Hasta ahora, no existe información sobre los motivos por los que los miembros de dicho comité aprobaron el contrato que inicialmente habían rechazado autorizar.

Según consta en el acta correspondiente a la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, del 16 de junio, la adjudicación directa no era viable debido a que entre otros argumentos, el estudio de mercado realizado por el propio ISSSTE señalaba que la contratación ameritaba Licitación.

También que era materialmente imposible hacer una transición en los tiempos planteados pues existía el riesgo de que se suspendiera el servicio con las consecuentes afectaciones para la salud de los pacientes.

Otro de los argumentos en contra, que ameritaron que el Comité rechazaran la propuesta, fue que los fundamentos legales bajo los que se pretendía exceptuar la licitación, no eran aplicables para el caso, pues se hacía referencia al artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el 72, fracción III, del Reglamento de la Ley.

Los artículos citados disponen que debe acreditarse necesariamente con la investigación de mercado que la única opción viable es contratar a un proveedor con el que ya se tenía celebrado un contrato vigente. Sin embargo, la empresa que proveía el servicio era TESI DE MÉXICO y no IMEDIC, compañía a la que se le adjudicó.

No obstante, cuatro días después, el órgano autorizó la adjudicación por mayoría, en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 20 de junio de 2022. 

…y se quedaron sin estudios

De acuerdo con un documento del Órgano Interno de Control, derivado de estos hechos, Almendra Lorena Ortiz Genis, se encuentra bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública.

“Se advierte la posible responsabilidad administrativa, civil, penal y económica, tanto para la empresa IMEDIC, SA de CV, como para los servidores públicos”, refiere el Órgano Interno de Control (OIC) en un reporte del 3 de octubre, al que este medio tuvo acceso.

El oficio, identificado con el número OIC/00637/21591/2022, del que se posee copia, detalla que el 20 de junio se autorizó la asignación pese a que la empresa beneficiada carece de experiencia en el área y también pese a que, de acuerdo con el OIC, no es apta para prestar el servicio.

Aunque el contrato está vigente desde el 1 de julio, la falta de capacidad de la empresa para prestar el servicio ha generado que miles de derechohabientes no tengan acceso a estudios médicos.

“La empresa IMEDIC incumplió en tiempo y forma con la puesta en marcha y la prestación ininterrumpida del servicio integral”, apunta el OIC en el mencionado documento.

Según el informe, al menos nueve personas habían fallecido y 2 mil 573 se encuentran graves por causas directamente relacionadas con la deficiencia en el servicio. El OIC estima que 57 mil 595 pacientes han sido afectados por las fallas de IMEDIC.

El reporte detalla que, hasta esa fecha, por la falta de servicio en 31 unidades médicas, se habían dejado de prestar 40 mil 86 servicios, otros 35 mil 547 servicios se retrasaron, faltabann 25 mil 633 diagnósticos, se suspendieron 503 cirugías y se habían reprogramado mil 57.

“Se constató mediante 40 visitas físicas a cada unidad médica de las seleccionadas, las deficiencias en la instalación, infraestructura, servicios, conexión a las redes informáticas, entre otras, sin que a la fecha pueda prestarse le servicio en su totalidad ni a entera satisfacción de las áreas usuarias y derechohabientes”, observa.

Pese a esto, como se consignó en la pasada edición de Proceso, el ISSSTE  ha erogado a la empresa más de 6.8 millones de pesos como parte de la contraprestación acordada y no ha aplicado penalización alguna.

“Debido a que hasta el 19 de agosto de 2022 no se había formalizado el contrato, la Jefatura de Servicios de Sistemas de Salud, adscrita a la Dirección Normativa de Administración y Finanzas se veía imposibilitada de calcular las penas convencionales”, dio a conocer el OIC.

El OIC revela también que, ante las múltiples deficiencias de IMEDIC, las unidades médicas y administrativas han estado subrogando los servicios, lo que a la fecha se debe cuantificar y en su caso,  exigir la devolución por parte de la empresa, ya que “está generando un daño patrimonial en perjuicio del presupuesto de las unidades ejecutoras del gasto y en general de ISSSTE”.

Los papeles perdidos

A las irregularidades en la Dirección de la ex ayudante del Ejecutivo Federal, se suma que de acuerdo con el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el expediente del contrato número LPNE-CS-DA-SRMS-298/2017, firmado con Tesi de México, fue extraviado.

Es decir: el presidente López Obrador sostiene que la decisión de contratar a Imedic fue para limpiar la corrupción, pero resulta que el contrato precedente no está oficialmente en poder del Ejecutivo como para afirmar corrupción o negarla.

La observación de la ASF, además, señala que el administrador del contrato en el ISSSTE justificó el no contar con evidencia de la supervisión ni del control en la ejecución del servicio debido a que el edificio en el que se ubica esa área está en remodelación y existen cajas con diversa documentación en resguardo en el almacén central, ubicado en otra zona del inmueble, el cual es utilizado como archivo.

Mientras la 01 por falta de estudios sigue creciendo, la decisión presidencial del martes 1 de noviembre fue tajante: no se investigará.