La Suprema Corte de Justicia resolverá este lunes 5 si la prisión preventiva de oficio viola los derechos humanos. Previo a su votación en el Pleno, el presidente López Obrador ha expresado su rechazo a que sea eliminada porque, advierte, significaría un pasaporte de impunidad para criminales y causaría la muerte de civiles, policías, militares y jueces. Esta no es la primera vez en la cual ambos poderes se enfilan hacia una colisión. En el inicio del sexenio el mandatario se lanzó contra ministros y jueces, cuando intentó –sin éxito– reducir salarios, eliminar fueros e intervenir en la organización de sus órganos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El debate sobre la prisión preventiva de oficio, la cual se impone sólo porque una persona esté acusada de determinados delitos establecidos en la ley, y la posibilidad de que esta figura resulte violatoria de los derechos humanos, revivió el conflicto entre el Ejecutivo federal y el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El 23 de agosto último, el ministro Luis María Aguilar Morales repartió entre sus compañeros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de resolución en el cual propone dejar de aplicar la prisión preventiva de oficio en el país, al considerar que esta medida, prevista en la Constitución, es desproporcionada y atenta contra la presunción de inocencia.

El Pleno discutirá la propuesta el lunes 5 y se requieren ocho votos –mayoría calificada– para que la inaplicación nacional de la prisión preventiva de oficio sea una realidad.

El proyecto coincide con la posición pública del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien desde hace una semana anunció el debate que sostendría el Pleno sobre dicho tema, y recordó que él ha expuesto en diversos asuntos que la prisión preventiva de oficio es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual México es parte.

A partir de la publicación del proyecto de Aguilar Morales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció tajantemente contra la propuesta, y afirmó que la eliminación de la prisión preventiva de oficio “significaría el fracaso de la estrategia de seguridad”.

“Esto significa la pérdida de vidas humanas; no sólo de quienes son víctimas que pertenecen a la sociedad civil, sino también de elementos de la policía, del Ejército, de quienes se atreven a actuar con rectitud. Los mismos jueces están expuestos. Son temas que se tienen que revisar a fondo, y yo no estoy en favor de su eliminación, y es por esto, por la corrupción”, dijo durante su conferencia matutina del 26 de agosto pasado.

“(Su eliminación) es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, que no se olvide, delincuentes de cuello blanco”, agregó el mandatario.

Aunque el 30 de agosto reciente afirmó que respetará la decisión de la Corte sobre el tema, señaló que los integrantes del PJF no se caracterizan por ser honestos.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2392 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 4 de septiembre de 2022.