La Fiscalía de Guanajuato cometió errores, omisiones y maltrato contra una clavadista mexicana, quien en León denunció que fue víctima de una agresión sexual cometida por otro clavadista en 2021. Proceso consultó el caso con la investigadora criminal y forense Valeria Baltazar, quien cuestiona a la autoridad –entre otras irregularidades– porque no actuó “con perspectiva de género ni de infancia, pese a que la clavadista denunciante era menor de edad cuando fue agredida”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Fiscalía General del Estado de Guanajuato archivó por falta de pruebas la carpeta de investigación número 128639/2021, sobre una denuncia por violación que una clavadista mexicana presentó en 2021 contra uno de sus compañeros de equipo.

Sin embargo, al revisar la carpeta salta a la vista que la Fiscalía no realizó de manera correcta el proceso de investigación, toda vez que el caso no fue tratado con perspectiva de género ni de infancia, pese a que la clavadista denunciante era menor de edad cuando fue agredida por un clavadista mexicano que participó en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 representando a República Dominicana.

Según el relato de la víctima, la agresión que sufrió el 14 de febrero de 2021 fue en la casa donde vivía con su hermano y dos compañeros más, uno de ellos era su amigo cercano, en quien confiaba y con quien se sentía segura, y a quien ahora denuncia por haberla violentado sexualmente. Ella estaba por cumplir los 18 años y él tenía casi 30.

Durante 10 meses la clavadista no le dijo a nadie sobre la agresión. Sin embargo, cuando su mamá la acompañó y denunció la violación ante los entrenadores de su equipo, Francisco Rueda y la medallista olímpica Laura Sánchez, éstos la ignoraron. Incluso, Rueda les dijo a la mujer y a su hija: “¿Ustedes díganme qué hago?”. Peor aún, ninguno de los dos reportó el caso ante la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (Code), organismo que carece de protocolo para casos de acoso y abuso sexual.

La denuncia de la clavadista –cuya identidad se omite para evitar su revictimización– fue interpuesta el 1 de diciembre de 2021, pero no procedió por la deficiente investigación de la Fiscalía y del mismo Code Guanajuato.

En entrevista con Proceso, la investigadora criminal y forense Valeria Baltazar cuestiona las acciones que omitió la ministerio público, que en sus manos tuvo la investigación; así como la indiferencia de las autoridades deportivas que tienen bajo su resguardo la integridad de los clavadistas, sobre todo tratándose de menores de edad. De acuerdo con la estructura de los organismos deportivos, éstos deberían contar con protocolos de prevención y atención.

Licenciada en criminología, criminalística y técnicas periciales, y maestra en ciencias forenses, Baltazar considera que las autoridades no han tomado el caso con la seriedad que merece, pues la deportista fue agredida sexualmente cuando era menor de edad. “Es violación porque no hubo consentimiento y él estaba en una posición de poder por encima de ella por su edad. Por los supuestos de la ley, de ser violación calificada es considerado un delito grave y se puede pedir prisión preventiva”.

La Fiscalía debió iniciar una investigación en el propio Code Guanajuato, para entrevistar a los responsables administrativos del equipo de clavados, que encabeza Francisco Rueda, e indagar si estaban enterados de los hechos por voz de la víctima o de alguien más, y si sabían que ella había iniciado una acción judicial.

Las pruebas que la clavadista denunciante ofreció a la ministerio público fueron los testimonios de su hermano y de su novio, a quienes les narró los hechos, capturas de pantalla de las conversaciones que tuvo con una amiga, a quien le escribió antes y después de los hechos, y también de los mensajes que intercambió con el agresor, sobre quien muchas veces le preguntaron durante su declaración si no era su novio.

Errores de la Fiscalía

Como parte de sus investigaciones, la Fiscalía ordenó practicarle a la clavadista un estudio pericial médico, ginecológico, proctológico y de lesiones. La doctora Denisse Tadeo Moo, adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, lo realizó el 1 de diciembre, es decir, casi 10 meses después de la agresión.

Obviamente, en sus conclusiones asentó que “no existe ninguna lesión en la superficie corporal, así como en la región vaginal, por lo cual no cuenta como prueba suficiente para la denuncia”.

Otro de los estudios que la Fiscalía solicitó fue un examen psicológico, que el 28 de diciembre de 2021 realizó la especialista María Josefita Álvarez Rodríguez, quien señaló que “no se detectó ninguna afectación psicológica causada por una violación”.

El 20 de mayo último, la Fiscalía emitió las conclusiones finales de su investigación: “Las pruebas ofrecidas no son suficientes para la imputación, por lo que se procede al no ejercicio de la acción penal en contra del supuesto agresor”.

De acuerdo con la Fiscalía, el delito de “por medio de la violencia imponer cópula” no existe porque en su declaración la clavadista no dijo que se defendió y, desde el punto de vista de la agente del Ministerio Público, María de la Luz Cervera Vázquez, era necesaria “la fuerza material en el cuerpo del ofendido que anula su resistencia, tales como golpes, heridas, ataduras o sujeción de terceros u otras acciones de tal ímpetu material que obligan a la víctima, contra su voluntad, a dejar copular o bien la introducción de extremidades del cuerpo humano”.

En su testimonio la deportista relató: “Recuerdo que por mi cabeza en algún punto de la situación sí pensé en gritar, no sabía si mi hermano estaba ahí (…) pues yo estaba en el teléfono, o sea, lo ignoré, y es cuando me comenzó a tocar y, siendo muy sincera, yo no sentía nada, no sentía ni placer, no sentía rico; sólo era como si no sintiera. Él sólo me decía: ‘¿No te gusta?’, y yo le decía: ‘No’. ‘Ay, ¿a poco, no te gusta?’. Lo único que dije fue: ‘No, no, no’”.

Investigadora forense y docente en casos de delitos sexuales, maltrato infantil y feminicidios, entre otros, Valeria Baltazar destaca que, cuando se trata de una violación, los jueces, los peritos y la policía de investigación descontextualizan la agresión sexual, “pues se espera que las víctimas griten, rasguñen o pataleen y encontrar señales del abuso en el cuerpo, pero se olvidan de que existe un shock emocional por vivir ese hecho traumático”.

Los cambios de comportamiento en la sobreviviente también es un factor que puede ser utilizado como prueba. Para ello se debió entrevistar a todas las personas cercanas y establecer el patrón en el cambio de sus conductas. “La violencia sexual deja secuelas no sólo físicas y psicológicas, sino conductuales, las víctimas pueden cambiar sus hábitos, conductas y relaciones después del hecho; lo hacen para lidiar con él y protegerse de un trauma”, explica Baltazar.

Abandono del asesor jurídico

Además, al tratarse de una menor de edad, el acompañamiento de un asesor jurídico es de suma importancia para el proceso legal. En este caso, la asesora jurídica de la clavadista fue Karla Verónica Reyer Valdés, quien, lejos de velar por el bienestar e intereses de su defendida, incluso la asustó diciéndole que cometía un delito si acusaba falsamente a su agresor.

La clavadista denunciante le escribió el 7 de enero de este año un mensaje de texto a Reyer Valdés sobre una duda que tenía cuando se dio cuenta de golpe que había sido víctima de una agresión muy grave, pues desde su perspectiva de niña ella pensaba que “cuando alguien es violada es porque la secuestran. Yo sólo sabía que había pasado algo que no quería y que no me gustó”, le escribió la clavadista.

La respuesta de Reyer Valdés fue: “No podemos estar jugando, también hay que estar conscientes de que existe un delito que es falsedad ante la autoridad; entonces, si estás mintiendo, también se te puede iniciar un proceso penal a ti”, se escucha en un audio que le mandó por WhatsApp. Después de ese momento, la asesora jurídica no volvió a responderle los mensajes a la deportista.

“El trabajo de un asesor jurídico es apoyar e informar a las víctimas sobre las dudas que tengan durante el tiempo que dure el proceso, es terrible que le haya dicho que estaba mintiendo. No tiene nada de especialización en infancias ni sobre los derechos de las víctimas”, reclama Valeria Baltazar.

Optan por callar

La criminóloga afirma que las pruebas no se limitan a lo que ocurrió durante la agresión sexual, sino que éstas pueden buscarse desde tiempo atrás y tiempo después, de ahí la importancia de que las autoridades del Code Guanajuato actúen de manera pronta y efectiva para ayudar a una de sus deportistas.

Para la forense, otro de los errores de la Fiscalía es que el caso no fue revisado con perspectiva de infancia, esto significa que durante la investigación se deben tomar medidas cautelares con todos los involucrados, siempre cuidando a la menor de edad, para evitar ataques o intimidaciones. El escenario ideal es relegar a todos los investigados de sus cargos hasta que el proceso llegue a un final.

Francisco Rueda y Laura Sánchez en ningún momento informaron sobre lo ocurrido a Marco Gaxiola Romo, director del Code Guanajuato. Por el contrario, Sánchez intentó que otra clavadista, quien también fue agredida sexualmente, firmara una hoja en la que aceptara que no tenía problemas con ningún compañero, si quería seguir entrenando en su equipo.

“Esto sólo sirvió para sentar el precedente de que las organizaciones deportivas son incompetentes y para evidenciar al sistema judicial por su ineptitud”, concluye Valeria Baltazar.

Esta reportera buscó a Gaxiola Romo para solicitarle una entrevista. Su secretaria pidió que llamara al día siguiente, pero nadie volvió a responder en ese número telefónico, a pesar de que se le marcó en distintos días.

Asimismo se hizo contacto con el entrenador Francisco Rueda, a quien se le envió un mensaje de texto para ofrecerle su derecho de réplica, pero tampoco respondió. 

Reportaje publicado el 14 de agosto en la edición 2389 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.