Durante su gestión como presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar ha dejado intocada la estrategia de militarización de la seguridad pública del gobierno de la 4T, pese a los amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad interpuestas por ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, la oposición y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El máximo tribunal simplemente ha postergado su discusión, avalando en los hechos la controvertida política de seguridad del presidente López Obrador. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Colocada en el centro de la controversia por la imparable violencia en el país, la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido un aval de facto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde los primeros meses de la presente administración el máximo tribunal ha sido requerido para revisar la constitucionalidad de las decisiones gubernamentales en la materia, principalmente el reforzamiento de la militarización y las amplias facultades otorgadas al Ejército, la Marina y la Guardia Nacional (GN).

En los tres años y medio que lleva la gestión del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente de la SCJN, ésta ha postergado la discusión de los distintos recursos que se han acumulado y sin que se prevea alguna resolución pronta. En enero pasado Zaldívar aseguró que estos casos se resolverían en el primer semestre de 2022.

Desde su campaña presidencial López Obrador prometió regresar a los militares a los cuarteles para modificar por completo la estrategia de seguridad que mantenía los homicidios dolosos registrados en el país con tendencia al alza y cambió el discurso por los “abrazos, no balazos”.

La primera gran encomienda del encargado de la seguridad pública a nivel nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, fue la disolución de la Policía Federal para convertirla en Guardia Nacional, un cuerpo policial con mando civil que prometía entregar a los ciudadanos elementos verdaderamente preparados para actuar con absoluto respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, desde la creación de la GN en 2019 el Ejecutivo federal estableció la formación mayoritaria de ese cuerpo de seguridad con policías militares y navales.

Para justificarlo, en mayo de 2020 López Obrador emitió un acuerdo que establece que los militares apoyarán a la GN de manera complementaria y hasta que ésta se consolide completamente, lo que se prevé que ocurra hasta el 27 de marzo de 2024.

Contra todos estos actos se han tramitado amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad por parte de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e integrantes de la oposición.

Estos asuntos ya llegaron a la SCJN, donde desde 2019 se desconoce para cuándo los ministros van a discutirlos y a definir si la estrategia militarizada de López Obrador es o no contraria a la Constitución.

Discusiones pospuestas

La CNDH, todavía encabezada por Luis Raúl González Pérez, tramitó dos acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley de la Guardia Nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, mismas que fueron enviadas a la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek, quien ya las enlistó para ser discutidas por el pleno.

Sin embargo, según el consecutivo de la lista de asuntos por resolver, están en el lugar 63, por lo que no hay una fecha fija para discutirlas.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2383 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.