A los procesos que ha interpuesto el Comité del 68 en la FGR contra los perpetradores de la represión desde el Estado con torturas, homicidios y desapariciones, se sumarán otros dos, dice el activista Félix Hernández Gamundi: un juicio post mortem contra Luis Echeverría y la extinción de dominio para que su fortuna se utilice en la reparación del daño a sus víctimas y familiares afectados. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A raíz de la muerte de Luis Echeverría, el Comité del 68 se alista para solicitar un “juicio post mortem” en su contra y, por otro lado, para aplicar la “extinción de dominio” de los bienes inmuebles y de la cuantiosa fortuna que amasó el expresidente, a fin de entregar esos recursos a las víctimas del “genocidio” ocasionado por él, como parte de la reparación del daño.

Pero concretar estas dos acciones –advierte el Comité del 68– dependerá principalmente de las pesquisas que realice la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, quien, sin embargo, tiene bloqueadas las investigaciones sobre la masacre del 68, El Halconazo de 1971 y la llamada Guerra Sucia, en los que el expresidente Echeverría tuvo una destacada participación. 

Félix Hernández Gamundi, presidente del Comité del 68, asegura: “Por la grave naturaleza del delito, el proceso que se le sigue a Echeverría no se puede agotar con su muerte, pues cometió un crimen de Estado y ahí siguen las miles de víctimas y los centenares de familias que se vieron afectadas con sus políticas de genocidio. Ese enorme daño tiene que repararse”.

Mientras que el abogado del comité, Víctor Guerra, recalca: “A Echeverría se le pueden fincar responsabilidades penales a través de un juicio post mortem. Aunque, claro está, en este caso ya no podrá haber castigo alguno por tratarse de una persona fallecida. Esa sería la diferencia”. 

Ambos ejemplifican con los Juicios de Núremberg, mediante los cuales se procesó a criminales de guerra nazis que cometieron crímenes contra la humanidad en nombre del régimen alemán de Adolfo ­Hitler, por lo que se fincaron incluso responsabilidades a criminales ya muertos, como el mismo Hitler, quien se suicidó antes de iniciar dicho proceso judicial.

En el caso de Echeverría, dicen, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está “obligado” a continuar las investigaciones sobre estos crímenes del pasado, citando a declarar a los perpetradores que continúan con vida y cuyos nombres y direcciones tiene Gertz Manero, pues a partir de sus declaraciones se le puede realizar el juicio post mortem al recién fallecido ­exmandatario.

Hernández Gamundi pone otro ejemplo: “La Comisión Internacional de Derechos Humanos de la ONU, hará unos cuatro años, reconoció que el pueblo armenio fue víctima de un genocidio perpetrado por el imperio otomano a principios de los años veinte del siglo pasado. No viven ni los autores de ese genocidio ni tampoco sus víctimas directas, sino sus descendientes. Y aun así la comunidad armenia dedicó décadas a pelear para que se diera este reconocimiento en el terreno internacional, y hoy ya lucha por la reparación de los daños de ese hecho ocurrido hace un siglo. 

“De manera que, con mayor razón, nosotros seguiremos luchando para que se castiguen los crímenes perpetrados en una época mucho más reciente a la del genocidio armenio, como es la masacre de 1968 en Tlatelolco, al grado de que todavía viven varios responsables de estos crímenes; eran funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Armadas o de corporaciones policiacas durante la época de Echeverría. La fiscalía de Gertz Manero sabe quiénes son. Debe citarlos a declarar para que continúe este proceso abierto desde 1998, cuando nosotros interpusimos la denuncia.”

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2385 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 17 de julio de 2022.