Pese a que Colima registra la tasa más alta de homicidios dolosos, las instituciones de justicia, de asistencia social y de protección a víctimas en la entidad no tienen estadísticas sobre niños y adolescentes que quedaron huérfanos a causa de la violencia ni un diagnóstico sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que viven. Los especialistas señalan los efectos psicológicos que estos menores padecen –muchos fueron testigos del secuestro o de las muertes de sus padres— y advierten de cuadros de “hipervigilancia” y “estrés continuo” que pueden derivar en agresividad o depresión.

COLIMA, Col. (Proceso).– “¡Cuando crezca los voy a buscar para matarlos!”, alcanzó a gritar Ricardo, a sus diez años, mientras corría desesperado llorando detrás del vehículo al que varios hombres subieron a su madre por la fuerza, en una colonia al sur de esta ciudad. Al lado del niño, iban también su hermana Ofelia, dos años mayor que él, y su hermano Jaime, de 20 años, tratando inútilmente los tres de dar alcance al automóvil, que pronto se les perdió entre las calles empedradas.

Era la mañana del 16 de febrero de 2017. Susana, quien laboraba como mesera en un restaurante, salió de su casa acompañada de sus dos hijos y su hija a comprar productos alimenticios para preparar el desayuno. En el camino fue interceptada por un hombre que había sido su pareja sentimental y, mientras discutían, llegaron por él algunos sujetos armados y se los llevaron a ambos.

Luego de una semana de búsqueda, los restos de la mujer, quien tenía 34 años, aparecieron junto a los de su expareja en el interior de bolsas negras abandonadas en otro rumbo de esta capital.

Como consecuencia del asesinato de Susana, sus hijos —cuyos nombres y los de sus familiares se presentan cambiados para proteger su identidad— fueron ubicados con familiares: Ofelia se quedó con su padre biológico, en tanto que a Ricardo y Jaime los recibió su abuelo materno, quien años antes formó otra familia tras la separación de la abuela.

La adolescente se quejó de que su progenitor intentó abusar sexualmente de ella y se mudó también con su abuelo, quien interpuso denuncia contra el presunto agresor, pero ésta no procedió. Sin embargo, inconforme porque en el nuevo hogar el hombre no le permitía asistir a la escuela, hace unos meses Ofelia pidió irse a vivir con Patricia, tía materna de su madre.

A cinco años de la muerte de Susana, ninguno de sus hijos estudia. Patricia, la nueva tutora de la joven, considera que los tres hermanos necesitan atención psicológica para superar el impacto emocional de lo ocurrido con su madre.

Ricardo, el menor, sigue viviendo con su abuelo y a veces ha insistido en que va a matar a quienes se llevaron a la mujer, aunque recientemente se le ha visto tranquilo. Jaime, el mayor, se independizó, trabaja como albañil y es consumidor de mariguana. A sus 17 años, a Ofelia se le percibe como una joven retraída y apática, aunque es la única interesada en seguir estudiando, por lo que Patricia, quien sostiene a su familia de su trabajo en un puesto de un mercado, intenta conseguirle una beca.

Según registros oficiales, en el periodo de 2015 a la fecha han sido asesinadas en Colima 4 mil 701 personas, entre las que hay 530 mujeres, mientras que en el mismo lapso se han contabilizado 784 víctimas del delito de desaparición que no han sido localizadas, más 509 que no tienen año de registro.

Las cifras anteriores mantienen a la entidad con la tasa más alta de homicidios dolosos en el país durante 2022, como lo ha estado desde hace varios años.

Pese a lo anterior, las instituciones de justicia, de asistencia social y de protección a víctimas no tienen un censo ni un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran los menores en situación de orfandad a causa de la violencia.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2381 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.