La pugna por la gubernatura de Aguascalientes, cuyas elecciones se realizarán el 5 de junio próximo, ha encontrado una nueva arena de confrontación en un contrato millonario realizado entre el municipio capitalino y la empresa Next Energy del Centro. Impulsada por las candidatas Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano, y Martha Márquez, de la alianza PT-Partido Verde, existe una denuncia penal contra Teresa Jiménez (PRI-PAN-PRD), a quien acusan de haber golpeado al erario de la capital del estado, mediante un contrato leonino, cuando era alcaldesa.

AGUASCALIENTES, Ags. (proceso).- El 22 de marzo de 2019 el municipio de Aguascalientes adjudicó a la empresa Next Energy del Centro un contrato para dotar de energía solar la operación del ayuntamiento por los próximos 30 años…

El contrato permanece vigente y es parte de una denuncia penal que las candidatas a la gubernatura Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano, y Martha Márquez, de la alianza entre el Partido del Trabajo y el Partido Verde, presentaron en distintos momentos ante la Fiscalía estatal Anticorrupción contra Teresa Jiménez, expresidenta municipal panista y actual candidata a la gubernatura por la alianza PRI-PAN-PRD.

Pero la historia de la relación entre la empresa y gobiernos, como la que encabezó la actual candidata panista, es más larga y abarca a otras administraciones, como la de Baja California, en condiciones igualmente enrevesadas, caso que ya alcanzó al mismo exgobernador Jaime Bonilla.

Meses después del contrato que consiguió en Aguascalientes, el consorcio obtuvo otros de largo plazo en Baja California y Nuevo León para generar energía renovable. En las tres entidades la contratación fue cuestionada por la falta de transparencia, de regulación y de resultados, además de ampliaciones multimillonarias y el empeño de participaciones federales.

En Baja California el contrato con Next Energy de México –filial de Next Energy del Centro–, aprobado en julio de 2020 para construir una planta fotovoltaica en Mexicali, causó cuestionamientos al exgobernador morenista Jaime Bonilla por parte del gobierno de su sucesora, Marina del Pilar Ávila.

Entre los motivos de esos cuestionamientos está la falta de permisos para comercializar energía y de la autorización de Impacto Ambiental, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideró, en abril último que la planta podría “propiciar que una o más especies de flora y fauna fueran declaradas amenazadas”, así como un daño patrimonial que alcanzaría 12 mil millones de pesos, aunque de inicio el costo era de 2 mil millones.

Ese escenario llevó a que la nueva administración estatal cancelara el proyecto y se iniciara un pleito legal contra Banco Afirme, fiduciario de Next Energy de México, que actualmente está obligado a regresar 123 millones de pesos que el gobierno de ese estado pagó sin que la empresa ofreciera sus servicios. El contrato comprometía 19.5% de las participaciones federales de la entidad durante 30 años.

El 4 de marzo pasado la corresponsal de Proceso en Baja California, Jesusa Cervantes, informó sobre las denuncias que la actual administración de la entidad presentó contra tres exfuncionarios, acusándolos de peculado; así como contra Next Energy y un asesor de la empresa, informó Marco Antonio Moreno Mexia, secretario de Hacienda en el estado.

El miércoles 18 se conoció que el propio Bonilla Valdez y nueve exfuncionarios más serán citados a declarar por presuntos actos de corrupción, relacionados con el contrato firmado con la empresa. Se les imputan peculado y coalición de servidores públicos, informó el fiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2377 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.