TIJUANA (apro).- El gobierno del estado y la empresa Next Energy de Eugenio Maíz Domene, acordaron cancelar el contrato de 12 mil millones de pesos para instalar una planta fotovoltaica y regresar los 123 millones de pesos retenidos a la entidad como producto de las participaciones federales.

A cambio, el estado aceptó retirar las denuncias penales en contra de la empresa e incluso les dejó abierta la puerta para que participen en futuros contratos de infraestructura que requiera el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmedo.

El acuerdo con la empresa mediante el cual se hace a un lado cualquier litigio, no incluye a los servidores públicos de la pasada administración estatal y que contempla también al exgobernador Jaime Bonilla Valdez.

El exgobernador declarará

Acompañada del secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció la cancelación del contrato y los acuerdos a los que se llegó con la empresa del dueño del equipo de beisbol de los sultanes, sin embargo, destacó que el convenio no incluye a los 12 funcionarios públicos de la pasada administración.

“El contrato será cancelado en la proyectada generación y suministro de energía eléctrica…y el fideicomiso sin entregar indemnización. Esto no significa que se dejen sin efecto los otros proceso administrativos o penales que se pudieran enfrentar los responsables por parte del gobierno anterior. Continuarán los procesos”, advirtió.

En tanto, el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, reveló que los exfuncionarios ya fueron citados para los primeros días de junio y dejó la puerta abierta para que se acojan al criterio de oportunidad al establecer lo siguiente:

“No puedo revelar nombres (de exfuncionarios), sin embargo, ya fueron citados y esperaremos que se presenten y les daremos las oportunidades que necesiten para aportar datos de prueba o bien que colaboren en las investigaciones”.

Fueron citados para comparecer ante el ministerio público de la fiscalía estatal y también se solicitó al Poder Judicial hacer lo propio para que fueran citados a audiencia de imputación por los hechos que se investigan, añadió.

Regresaran participaciones federales       

En cuanto al contrato de 12 mil millones de pesos con Next Energy, la gobernadora Ávila Olmeda dio a conocer una carta que recibió el pasado 23 de mayo de parte del representante de la empresa y también dueño de esta, Héctor Martínez Vivar.

En el documento, el propietario de Next Energy le aclara a la gobernadora que “la intención del contrato fue estructurado de buena voluntad y en apego a estándares de mercado, sin embargo, la materialización se canceló por decisiones ajenas a nuestra empresa y su gobierno”.

Luego destaca que “las condiciones de contratación negociadas han provocado diferencias y malos entendidos de ambas partes incluyendo el agente fiduciario que han derivado en disputas de carácter legal que no son convenientes para nadie”.

De ahí, es que Next Energy menciona los cuatro acuerdos a los que llegó con el secretario de hacienda del estado, Moreno Mexia:

“Realizar las acciones necesarias para cancelar el acuerdo y sin responsabilidad para ninguna de las partes; terminar sin reserva legal alguna el contrato de generación de energía y del contrato del fideicomiso irrevocable y sin pargo de indemnización; pedir al banco Afirme que regrese las participaciones federales (123 millones de pesos) retenidas y cancelar todos los registros de documentos relacionados con el proyecto; finalmente, que por acuerdo, el gobierno del estado no demande hoy ni en el futuro a la Next Energy, sus representantes y accionistas, mientras que la empresa hará lo mismo absteniéndose de acciones en contra de los funcionarios actuales”.

Hasta el momento el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, o alguno de sus exfuncionarios, no ha emitido un posicionamiento sobre las demandas penales y administrativas que pesan en su contra.