En medio de cifras contradictorias de desapariciones en Baja California, activistas y expertas en violencia contra las mujeres indican que en esa entidad fronteriza el Estado deja a migrantes, mujeres y pobres inermes ante los grupos delictivos, el consumo de drogas, la pobreza y la migración forzada. Estos grupos vulnerables se vuelven así “poblaciones desechables”, según el concepto de la investigadora Leigh Payne que los colectivos utilizan para entender y combatir la indiferencia de las autoridades.

MEXICALI, BC (apro).- Tatiana reparte volantes con la efigie de Suzette,­ quien desapareció a los 17 años en Tijuana, el 28 de agosto de 2019. También trae la de María Joseline, la vieron por última vez el 16 de junio de 2021 en Ensenada. Inicia la vigilia por Debanhi, la joven que desapareció en Nuevo León y 11 días después fue encontrada dentro de una cisterna, muerta y con golpes en la cabeza, una tragedia que dio la vuelta al mundo.

Mientras sigue el reparto de fichas sobre las desaparecidas en la vigilia del 25 de abril, una de las presentes, Laura, denuncia la violencia de su exmarido, un elemento de la Guardia Nacional que tiene siete denuncias por agresión “pero sigue intocable”.

Poco más de 150 mujeres, agrupadas en distintos colectivos, permanecen en la explanada de la Fiscalía General del Estado (FGE). Las acompañan madres de desaparecidas; una a una detallan el suplicio de perderlas y sus esfuerzos por encontrarlas, buscar justicia y luchar contra la indiferencia de las autoridades.

En Baja California, según datos de la FGE, cada día desaparecen 12 jóvenes (la media nacional es de 11). Esta cifra resulta de las declaraciones de la fiscal de Unidades Especializadas, Denisse Hernández Chacón, quien reveló que de noviembre de 2021 a abril pasado la Fiscalía recibió cerca de mil 800 denuncias de “personas desaparecidas o no localizadas tan solo en Tijuana y Mexicali”. Faltan las de los otros cinco municipios del estado.

En su libro Las cuatro lógicas de la desaparición, la investigadora principal del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad y profesora investigadora en el Latin American Centre de la Universidad de Oxford, Leigh Payne, define a las desaparecidas como “poblaciones desechables” que “construye” el gobierno:

“La persona desaparecida tiende a provenir de orígenes humildes: social, económicamente y culturalmente marginales. Quien es desaparecido se asocia aún más narrativamente con actos transgresores o desviados. Se desarrolla un lenguaje que sirve como una explicación/justificación para su desaparición: ‘está metido en algo’.

“La persona desaparecida es culpada… pierde valor como persona, pierde su voz, derechos y protección como ciudadano. Por lo tanto, son ‘desechables’ y no hay razón para provocar preocupación.”

Adriana Jaén Manuel, socióloga, “acompañanta” de colectivas de madres buscadoras en Ensenada y experta en el tema, dice que en esa localidad hay un repunte en el número de mujeres desaparecidas y detalla los factores que ha encontrado durante los cinco años que lleva en esta tarea:

“Para entender por qué desaparecen personas y particularmente mujeres hay que ver el contexto: somos zona fronteriza, ubicación que genera un fenómeno migratorio y de desplazamiento forzado que llega huyendo de la violencia estructural, como la pobreza y la violencia criminal desbordada.

“Por ubicación geográfica vivimos el problema del narco, que se disputa territorios y genera violencia extrema, comercialización de sustancias ilícitas, circulación de drogas, consumo, y eso hace susceptible a que ocurran desapariciones”. A esto se suma la alerta de género que se declaró desde el año pasado: “Influye al hablar de las desaparecidas”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2376 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.