La noche de la masacre en el palenque Rancho El Paraíso, el alcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa, estaba recorriendo otros municipios para promover una corriente de Morena, su partido. Pero no fue sólo su ausencia sino la del Estado –dice un sacerdote de la comunidad– la que permitió que la delincuencia organizada se expandiera a todos los rincones de Michoacán y escalara sus crímenes hasta este punto.

ZINAPÉCUARO, MICH. (Proceso).– El palenque Rancho El Paraíso abrió sus puertas a las peleas de gallos a mediados de febrero de 2020, sin más contratiempos que dos cierres temporales por la pandemia de covid. Desde finales de noviembre pasado ya no suspendió el derby dominical.

A pie de carretera en la salida a Acámbaro, el nombre corona el arco de la entrada. El inmueble está rodeado por una malla ciclónica y algunos pinos que permiten a cualquiera ver desde afuera el redondel y las gradas bajo el largo techo de lámina, donde los domingos llegaba gente de la región a pasar las tardes viendo las peleas del programa previamente anunciado por Facebook.

“Estimado cliente: por disposición de las autoridades en este establecimiento se requiere el uso obligatorio de cubrebocas. Te cuidas, me cuidas, nos cuidamos todos. ¡Gracias!”, dice en dos lonas rectangulares que permanecen colgadas de las rejas, ahora cerradas desde la matanza de 20 personas la noche del domingo 27 de marzo, atribuida a un cártel de la región.

“Por aquí atravesaron el camión de las Sabritas –narra un taxista que, extendiendo el brazo sobre el volante, señala a un costado de varios talleres mecánicos junto al acceso al rancho– y del otro lado dejaron el otro camión; era para dejarles libre la salida cuando se fueran.”

La mayoría de las fotos de la página de Facebook del palenque Rancho El Paraíso, con domicilio oficial en Leandro Valle 283, colonia Emiliano Zapata, promocionan el programa de cada derby de gallos.

Entre las pocas que muestran al público aparecen el propietario, José Adviel Álvarez Aguilar, y su hijo Salvador Álvarez Muñoz, dos de las 20 personas asesinadas. Dice la gente que ambos tenían la nacionalidad estadunidense además de la mexicana. Salvador era trabajador en la empresa Mabe de Celaya.

Juntas quedaron sus tumbas en el panteón municipal. Todavía rebosan de flores y coronas, la mayoría secas ya por los rayos del sol que pasan entre las ramas de la jacaranda a cuyos pies quedó la fosa con los restos de padre e hijo. Dos cruces negras los nombran.

En Zinapécuaro, como en otros pueblos michoacanos, la vida transcurre entre ganarse el sustento con un modesto comercio de cualquier mercancía y la explotación del turismo de la salud que llega a sus aguas termales, o repartir el año entre esta tierra y un trabajo en Estados Unidos para prosperar; entre ser mexicano y conseguir también aquella nacionalidad para no batallar en el riesgoso cruce a ese país y asegurarle el paso a los hijos.

Transcurre entre una centenaria devoción a la imagen de un Cristo crucificado con rasgos indígenas –el Señor de Araró– y el jolgorio dominical de las peleas de gallos en el palenque o las carreras de caballos.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2372 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.