La comunidad responsabiliza al director de Protección Civil del ayuntamiento de San Fernando por la muerte de dos mujeres cuando acudían a emitir su voto en la consulta revocatoria del domingo 10. Eran parte del grupo de acarreados a quienes se obligó a desplazarse, so pena de retirarles los beneficios de los programas federales. El delegado del INE en Chiapas, Gonzalo Rodríguez Miranda, declaró que el acarreo es un delito que debe investigarse. Asegura que se registraron 75 incidentes, incluido el fallecimiento de otras tres personas en Siltepec.

SAN FERNANDO, Chis. (Proceso).- Juan Antonio Castillejos Castellanos ha sido alcalde de este municipio cuatro veces, las tres primeras por el PRI. Hoy lo es por el PVEM, el partido que presumió aquí haberle cumplido a Morena y al gobierno federal con miles de votantes en la consulta sobre la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el domingo 10.

Pero el acarreo costó vidas y dejó a familias damnificadas. Luego de que, advertidas por un colaborador de Castillejos de que si no votaban podrían perder los apoyos del gobierno federal, más de 50 personas abordaron tres vehículos, uno de los cuales se volcó. En el percance murieron dos mujeres.

La comunidad responsabiliza del acarreo de votantes al “ingeniero Iván López”, director de Protección Civil del ayuntamiento de San Fernando.

Una decena de heridos graves aún convalecen en sus humildes casas entre las montañas de esa localidad, a unos 28 kilómetros de la capital del estado, a casi dos horas en un camino de terracería apenas transitable en vehículo.

El delegado en Chiapas del Instituto Nacional Electoral (INE), Gonzalo Rodríguez Miranda, declaró que el sistema registró unos 75 incidentes por lo que se presentaron diversas quejas y denuncias, algunas de ellas por acarreo de votantes.

“Hay algo claro –dijo–, el acarreo es un delito; y por supuesto que lo tiene que atender la fiscalía correspondiente”.

Consideró lamentable lo que sucedió en San Fernando y pidió que la fiscalía y otras instancias indaguen qué pasó ahí. “Ninguna elección ordinaria, extraordinaria o proceso de consulta vale la pena una vida”.

En la comunidad de Nueva Victoria, de 600 habitantes en extrema pobreza y marginación repartidos en unas 125 casas, la mayoría de sus pobladores reciben recursos de varios programas federales: Sembrando Vida, Becas Benito Juárez, Adultos Mayores, para Discapacitados y otros.