CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La consulta sobre la revocación de mandato, celebrada en México el pasado domingo 10, estuvo marcada por “un clima de alta polarización” y “acusaciones contra la autoridad electoral”, pero también por “firmas falsificadas”, “acarreos” e incluso “infracciones” cometidas por “autoridades de distintos niveles de gobierno, incluidas las de mayor jerarquía en el país”, según determinó la Misión de Visitantes Extranjeros que la Organización de Estados Americanos (OEA) desplegó para monitorear la elección.

En su informe preliminar de 23 cuartillas, la misión, encabezada por el experto peruano Fernando Tuesta Soldevilla, repasó todo el proceso que desembocó en la consulta del domingo pasado, desde su origen en la ley aprobada por la Cámara de Diputados, las controversias sobre la formulación de la pregunta y sobre el recorte presupuestario al INE, la recolección de firmas y la polémica sobre la propaganda gubernamental en vísperas de la elección.

Y, en lo que parece un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en uno de sus ataques contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que lanzaría una reforma electoral después de la revocación de mandato, la misión reiteró “la importancia de resguardar la independencia de la autoridad electoral y evitar presiones indebidas que puedan condicionar el ejercicio de sus funciones”.

De manera general, el informe de los expertos de la OEA señaló que “la gran mayoría de actores” con los que se entrevistó “manifestó su inconformidad” con la consulta, en la que participó el 17.7% de los electores, y 91.86% de ellos se pronunció para que Andrés Manuel López Obrador siguiera en la presidencia hasta terminar su mandato.

La misión consideró que, desde su origen, la iniciativa que activó la revocación “fue mayormente impulsada por una asociación civil que estaba a favor de la continuidad del primer mandatario y que entendía el proceso como un ejercicio de educación cívica respecto al nuevo derecho constitucional adquirido”, por lo que en realidad se trató de un ejercicio de ratificación, más que un ejercicio ciudadano para remover a su presidente.

“De lo anterior se desprende que la gran mayoría de los actores con los que se reunió la misión manifestaron, de una manera explícita o a modo de crítica, que se llevó a cabo un ejercicio de ratificación, a través del cual se dio un sentido inverso a la figura que establece la Constitución”, subrayó.

La misión estimó que, dada su naturaleza particular, la revocación de mandato y los demás ejercicios de democracia directa no deberían regirse con las mismas leyes que las elecciones de autoridades; también estimó que, en su opinión, se necesitaría aumentar el umbral de ciudadanos para lanzar una consulta, pues se encuentra actualmente en 3%.

El INE, acotado 

Los expertos dedicaron un amplio espacio al recorte presupuestario que la Cámara de Diputados impuso al INE, que le llevó a instalar solo 57 mil 517 casillas, una tercera parte de las 162 mil 538 que normalmente coloca para elecciones ordinarias.

“La Misión advierte con preocupación que esta es la segunda vez en dos años consecutivos que al INE no se le garantizan los recursos solicitados para la organización de un proceso electoral, y espera que esta tendencia no se consolide, dado que podría tener un impacto nocivo sobre su fortaleza y autonomía”, declaró.

La misión estimó que “el modelo de comunicación vigente para procesos de revocación de mandato es sumamente restrictivo”, pues la reforma constitucional de 2019 prohíbe a los servidores públicos y los partidos promover un voto u otro, pero que por otro lado el mismo modelo es “poco regulado” para las organizaciones de la sociedad civil o las empresas.

Así, mientras consideró que el presidente “debería poder expresarse buscando convencer al electorado de votar en contra de la revocación de su gestión”, la misión subrayó que no existen “mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía conocer quienes están promoviendo cada una de las opciones en consulta”.

A pesar de que los candados legales no permitieron “un amplio debate público en torno a la revocación”, la misión observó que, bajo las leyes actuales, “autoridades de distintos niveles de gobierno, incluidas las de la mayor jerarquía en el país, cometieron infracciones relacionadas con la prohibición de propaganda gubernamental personalizada y el uso de recursos públicos”.

“Durante la semana previa a la jornada de votación, existieron múltiples eventos en donde participaron autoridades del gobierno federal y local, los cuales fueron motivo de denuncias tanto por su participación así como por el presunto uso de recursos del Estado”, abundó, en referencia a las denuncias de la oposición y del INE sobre los actos de promoción de la consulta llevados a cabo por cuadros de la llamada Cuarta Transformación, como la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum Pardo o el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.

“Al igual que en las elecciones federales y locales de 2021, la Misión observó que el contexto en el que se llevó a cabo el proceso de revocación de mandato presidencial estuvo marcado por un clima de alta polarización”, planteó el informe, al añadir que “en un escenario de gran tensión, se observó que representantes de los más altos niveles de gobierno realizaron acusaciones contra la autoridad electoral”.