Colima
Colima: Amarga "bienvenida" a Indira Vizcaíno
La gobernadora de Colima, la morenista Indira Vizcaíno, se enfrenta a una ola de violencia que, de momento, fue generada por la rivalidad entre células del CJNG. Pero a decir de distintas autoridades y académicos, el fenómeno tiene origen en años de políticas públicas ineficaces.
La gobernadora de Colima, la morenista Indira Vizcaíno, se enfrenta a una ola de violencia que, de momento, fue generada por la rivalidad entre células del CJNG. Pero a decir de distintas autoridades y académicos, el fenómeno tiene origen en años de políticas públicas ineficaces, el déficit de personal de seguridad pública y una errónea percepción de la mandataria sobre el grado de violencia y descomposición social que puede generar el narco en la entidad.
COLIMA, COL. (Proceso).– Ráfagas de armas de alto poder rompieron el silencio de la madrugada del 7 de febrero. Durante unos minutos, varios pistoleros balearon la fachada de una residencia y dos vehículos en la colonia Lomas de Vista Hermosa, en el norte de esta capital. Y así como llegaron, se retiraron a bordo de camionetas antes del arribo de elementos de seguridad.
Este suceso, de cuya escena el personal de la Fiscalía General del Estado recogió 221 casquillos de diversos calibres, marcó el comienzo de una inusitada ola de violencia en el área metropolitana de Colima y Villa de Álvarez, atribuida oficialmente a una escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que casi un mes después no han logrado controlar las autoridades.
Ejecuciones en la vía pública, aparición de restos humanos embolsados, secuestros, balaceras, quemas de vehículos e incendios de viviendas se convirtieron durante las últimas semanas en parte de la cotidianidad de este lugar.
También han proliferado narcomantas y cartulinas suscritas presuntamente por grupos del crimen organizado, con amenazas entre ellos o con acusaciones y mensajes dirigidos a las autoridades.
En el marco de esta crisis de inseguridad el gobierno federal envió al estado casi 2 mil elementos adicionales del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional –se sumaron a los 3 mil 500 que ya estaban aquí– para implementar operativos contra los grupos criminales, pero hasta la fecha la violencia continúa imparable.
Tampoco han rendido fruto las visitas escalonadas de los titulares del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el pasado 25 de febrero desde Colima la reunión del gabinete de seguridad y ofreció su conferencia matutina, en la que expresó su apoyo a la entidad y a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.
“Estamos para apoyar, respaldar al gobierno de Colima y desde luego garantizar la seguridad de la población por actos de violencia de la llamada delincuencia organizada; estamos aquí para expresarle al pueblo de Colima que cuenta con el apoyo del gobierno federal (…). Que no se piense que es un estado allá muy pequeño y para qué ir a Colima; no, vamos a estar aquí constantemente y a tener elementos suficientes”, dijo el mandatario.
Un día antes de la visita presidencial llegaron al estado 950 efectivos del Ejército integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta México, “con el objeto de apoyar el esfuerzo que realiza esta entidad para inhibir las actividades de la delincuencia organizada”.
El grupo está integrado con personal de infantería, fusileros paracaidistas y de fuerzas especiales, “cuya misión principal será fortalecer el estado de derecho y el desarrollo de las actividades cotidianas de la entidad”, informó la Vigésima Zona Militar.
De acuerdo con un gráfico presentado en la rueda de prensa por el general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, la actual escalada de violencia derivó de una escisión del CJNG que provocó el enfrentamiento de dos células comandadas por Aldrin Miguel N., El Chaparrito, y José Bernabé N., El Vaca.
Como precedente de esa confrontación en las calles de Colima, el 25 de enero se registró una riña en el Centro de -Reinserción Social (Cereso) de esta capital, que tuvo un saldo de nueve muertos y siete heridos, la mayoría con lesiones de arma de fuego. Según la fiscalía, se trató de un choque entre dos grupos del CJNG.
En los años previos ya habían ocurrido disturbios en el reclusorio, con heridos y muertos en algunos casos. El 20 de marzo de 2018 Javier Álvarez León, subdirector jurídico del Cereso, fue asesinado al llegar a su domicilio. El 14 de octubre de 2021 fueron ultimados el director del centro penitenciario, Román Buenrostro Campos, y su escolta.
En los primeros cuatro meses de la actual administración estatal se ha registrado una tendencia de homicidios dolosos al alza. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en noviembre pasado se contabilizaron 32 víctimas, en diciembre 41 y en enero 50.
Lo anterior llevó a Colima a recuperar en enero de 2022 el primer lugar nacional –que había ocupado durante casi todo el sexenio de José Ignacio Peralta Sánchez– en la tasa de asesinatos y otros delitos de alto impacto.
Aunque no se han dado a conocer las cifras oficiales de febrero, un conteo hemerográfico realizado por el diario digital Avanzada reveló que en ese mes los homicidios se elevaron a 76, mientras que marzo empezó también con una alta cantidad de actos violentos, pues tan sólo el miércoles 2 se registraron de manera extraoficial siete ejecuciones, entre ellas las de dos mujeres, así como un herido y tres viviendas baleadas.
A juicio de Salvador González Villa, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, en las últimas semanas la entidad ha pasado a “un nuevo nivel” en materia de violencia.
“Por las características –explica–, es una situación que Colima no había vivido quizá con esta intensidad y profundidad en toda su historia. Aquí lo interesante no es porque no existiera el problema, sino que ciertas circunstancias muy particulares incentivaron y tuvieron como principal detonante lo que sucedió en el penal y el desgarramiento a nivel de grupos delictivos locales.”
El académico considera que para la morenista Vizcaíno, quien asumió el cargo el 1 de noviembre, esta situación “fue una bienvenida amarga como gobernadora; creo que no calibró el grado de presencia y de efectividad para generar violencia por parte de los narcos. Este nuevo escenario sacudió en gran medida al gobierno del estado, fue una sorpresa total”.
Déficit de policías… y de estrategia
De acuerdo con Sandoval, la seguridad pública de Colima, con un total de mil 634 policías estatales y municipales, presenta un déficit de 22%, según parámetros de la ONU para los 731 mil habitantes de la entidad.
La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, señala que la situación que padece la entidad es resultado de muchos años de políticas públicas que permitieron que el tejido social se descompusiera hasta llegar a este grado.
Estima que en Colima “seguimos con una ausencia de procuración de justicia y con una policía que no es confiable, por lo que hay que trabajar durísimo en ese tema, pues se está teniendo que echar mano de otras instituciones de seguridad para tratar de revertir un poco el problema, que es grave”.
Martínez, de origen morenista, advierte que la actual administración estatal tiene la tarea de subsanar todas las omisiones e irregularidades que se cometieron en el pasado en la aplicación de los exámenes de control y confianza al personal relacionado con las labores de seguridad pública.
“Es un reto pendiente que tiene el gobierno del estado y espero que lo estén considerando; de lo contrario vamos a estar sin la certeza de que quienes tienen aprobados los exámenes efectivamente son confiables”, manifestó.
En los primeros días de la ola de violencia la mayoría de los planteles escolares del área conurbada de la capital del estado regresaron a clases virtuales, algunos negocios cerraron temporalmente y otros redujeron sus horarios de atención al público, mientras que las calles principales lucían desiertas incluso los fines de semana.
A casi un mes, cuando algunos sectores, pese a los riesgos, habían retomado las actividades cotidianas, la persistencia de hechos violentos provocó la suspensión parcial de la edición 165 de las Fiestas Charrotaurinas de Villa de Álvarez, las de mayor tradición en la zona.
Conforme a la decisión del cabildo, la festividad se llevará a cabo sin venta de alcohol y sin eventos masivos como corridas formales, cabalgatas, recibimientos ni espectáculos; únicamente habrá actividades culturales, juegos mecánicos y exposiciones.
