Ante la cuarta ola de la pandemia, la demanda de pruebas para la detección del covid rebasó a las autoridades. No hay módulos ni kits suficientes. De ahí que algunas personas vieron una oportunidad y empezaron a ofrecer –incluso vía Facebook o WhatsApp– tests no autorizados como si fueran oficiales. Y les fue bien, pues la ciudadanía está ávida de saber en qué condiciones se encuentra.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La cuarta ola de la pandemia, ahora con la variante ómicron, no sólo ha dejado la mayor cantidad de contagiados desde 2020 sino también ha arrastrado un creciente mercado negro, inundado con pruebas pirata de covid-19 que satisfacen la sobredemanda de una población que no cuenta con los recursos económicos para pagar un test de laboratorio y que ya no alcanzó una prueba realizada por las autoridades sanitarias.

Horas después de haber realizado un operativo en 28 establecimientos ubicados en plazas de Izazaga, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el que se aseguraron 459 reactivos, el director general de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (Agepsa), Ángel González Domínguez, advierte a Proceso sobre la gravedad del problema:

“El tema de fondo es que cuando se trata de una necesidad sanitaria, una necesidad de la población sentida y expresada, y se busca atención a través del consumo de algún producto, la avidez de las comercializadoras hace que introduzcan productos de diferente calidad. El tema no es sólo de cómo entra al país, sino de cómo está el mercado favorecido para la venta de productos sin distinguir calidad”.

Da algunas cifras para ilustrar: “Por parte del Gobierno de la Ciudad de México se han realizado alrededor de 4 millones 300 mil pruebas gratuitas. Estamos haciendo ahora 30 mil pruebas diarias gratuitas sólo en la ciudad. No obstante, se ha generado una demanda adicional por parte de la población”, reconoce en videoconferencia con este semanario.

Mientras que las pruebas que realiza la Secretaría de Salud son totalmente confiables, con personal formado, capacitado para hacerlas de manera correcta y con resultados que son entregados en los tiempos más rápidos posibles, dependiendo del tipo de prueba, en el ámbito mercantil, matiza el funcionario, fuera de las instituciones de seguridad social o de servicios públicos, hay heterogeneidad de quien está aplicando pruebas.

Demanda incontrolable

El operativo realizado el pasado 26 de enero por la Agepsa no fue el primero. El 14 de enero la agencia detectó nueve marcas de pruebas de detección de covid-19 que se ofertan en distintas redes sociales y que no están autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Eso no es todo, en marzo del año pasado, la entonces Administración General de Aduanas y la Marina decomisaron 74 mil 783 piezas de equipo médico, como oxímetros, aspersores y humidificadores, así como 44 mil kits de pruebas para detectar el covid-19, que no cumplían con las Regulaciones y Restricciones no Arancelarias.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2362 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 6 de febrero de 2022.