A la par de la renovación de la Corte –marcada por el escándalo de la tesis de la ministra Esquivel–, corre la sucesión en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se resolverán casos importantes para el gobierno de López Obrador, como los relacionados con la megacorrupción en Segalmex, el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas. Así, una vez sin posibilidades la apuesta de la 4T, el proceso de cambio en el tribunal descansa entre Luz María Anaya Domínguez, Guillermo Valls Esponda y Magda Zulema Mosri. Esta última, esposa del extitular de la PGR Rafael Macedo de la Concha, quien, junto con generales de la Sedena, estaría cabildeando en favor de ella.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con al menos cuatro meses de golpes bajos, cabildeos externos, un intento fallido de reforma impulsado por el Ejecutivo y, finalmente, una silenciosa intervención de militares de rango, la renovación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) tiene puestas las condiciones para que este lunes 2 se concrete con el eventual ascenso de la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez.           

Paralela a la sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que acaparó los reflectores mediáticos la segunda quincena de diciembre por el escándalo del presunto plagio de tesis por parte de la ministra Yasmín Esquivel, la sucesión en el TFJA ha sido soterrada pese a la influencia de los grupos de poder para los que dicha instancia en un botín suculento.

Luego del naufragio de la reforma a la ley orgánica del tribunal, que pasó en la Cámara de Diputados, pero fue congelada en el Senado, todo en la primera quincena de diciembre, las posibilidades de la magistrada Natalia Téllez  –única con lazos al gobierno lopezobradorista, vía la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro– se acabaron y el proceso de renovación de la presidencia en el TFJA empezó a correr solo.

De un lado, el actual presidente Rafael Anzures Uribe –que concluye su periodo este 31 de diciembre– impulsó a la magistrada Luz María Anaya Domínguez; del otro, Magda Zulema Mosri y, finalmente, el magistrado Guillermo Valls Esponda.

La disputa ha involucrado a despachos y políticos influyentes, especialmente del PRI y PAN, por la importancia del tribunal para grupos de poder económico y también para el cierre del gobierno del presidente López Obrador, pues será ahí donde se resolverán casos relacionados con sus megaproyectos como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas.

Es en el TFJA donde se procesarán los escándalos de corrupción como el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), o bien las irregularidades en la política social, destacadamente en los programas de Bienestar, como la Pensión Universal, la Escuela es Nuestra y Jóvenes Construyendo el Futuro, plagados de irregularidades, entre otros asuntos torales para la presidencia.

También es donde se decide en última instancia la recaudación de altos contribuyentes y las sanciones a contratistas y prestadores de servicios que contrata el gobierno, de manera que la institución representa siete puntos del Producto Interno Bruto, esto es, que se trata del tribunal que ingresa más dinero al Estado mexicano, por lo que es una instancia codiciada por grupos de poder político y principalmente económico.

Paradójicamente, el TFJA fue creado por el presidente Lázaro Cárdenas, con el propósito de que los particulares, especialmente campesinos que padecían expropiaciones, pudieran defenderse frente a actos de autoridad que les perjudicaran, pero esa vocación social derivó por los ámbitos de especialidad de la institución hasta convertirla en un reducto poderoso y opaco de los negocios al amparo del poder y sus beneficiarios.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2409 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.