La megamarcha en defensa del INE tuvo varios efectos, entre ellos la reconciliación del bloque PAN-PRI-PRD y la evaporación de posibilidades para que la Reforma Electoral que impulsa López Obrador se concrete por la vía constitucional. Ahora el oficialismo pretende cambios a leyes secundarias. Pese a que la oposición advierte que ahora se enfrenta a una reforma “chiquita”, aún persiste el riesgo –alertan– de que Morena cree condiciones para disminuir las capacidades del INE y del tribunal electoral.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El plan B está en marcha. De no lograr el apoyo de dos terceras partes del Pleno de la Cámara de Diputados para aprobar la Reforma Electoral, es decir, 334 votos, Morena aplicaría modificaciones a leyes reglamentarias en materia electoral que irían, incluso, más allá de los alcances que planteaba en un principio la propuesta de cambios del presidente a la Constitución.

Fue el lunes 14 cuando el principal encargado de las gestiones del Grupo de Trabajo que revisa las 107 iniciativas en torno al tema, presentadas en San Lázaro por diversos partidos, dio el golpe sobre la mesa. Morena lanzó un ultimátum: o se trabaja en el acuerdo para elaborar un dictamen de consenso antes del 23 de noviembre, o votarán en el Pleno el dictamen del Ejecutivo federal en sus términos.

La advertencia no fue fortuita. Aunque la bancada del PRI había mostrado apertura para negociar una reforma, incluso constitucional en temas específicos –como la reducción de prerrogativas de partidos–, la marcha del domingo 13 en defensa del INE parece haber cambiado su posición. A la mañana siguiente en el Comité Ejecutivo Nacional, su presidente, Alejandro Moreno, anunció: “No vamos a apoyar ninguna reforma, jamás, que atente contra el Instituto Nacional Electoral y contra el Tribunal Electoral”.

Esta renovada convicción para negar sus 69 votos a Morena y aliados, y poder avanzar con cambios a la Constitución, derivó en una reconciliación con sus aliados: Acción Nacional y el PRD, con quienes anunciaron la reactivación de la alianza legislativa “Va Por México” en la Cámara de Diputados, tras el diferendo por la extensión del apoyo de las fuerzas armadas en las calles hasta 2028.

Atajo legislativo

El lunes 14, a un día de la movilización sobre Paseo de la Reforma, apareció el diputado Hamlet García, representante de Morena en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral, para lanzar el ultimátum de su coordinador.

El límite para llegar a un acuerdo de dictamen para una Reforma Electoral reducida, con apenas unos cuatro puntos de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, debería darse a más tardar el miércoles 23.

En caso contrario, dijo, se llevaría al Pleno en sus términos la Reforma Electoral del presidente López Obrador el miércoles 30 y, de ser rechazada, activarían el ‘Plan B’: las reformas a las leyes secundarias que sí puede aprobar el bloque “Juntos Hacemos Historia” en San Lázaro con mayoría simple, la mitad de los presentes más uno.

“Nos bastan los votos con nuestros aliados para poder transitar en un Plan B que sería esta reforma secundaria”, sentenció el legislador.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2403 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.