CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A la pregunta de la periodista Dolia Estévez sobré cuál era el significado histórico del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador en la elección de 2018, John Womack, historiador y profesor emérito de la Universidad de Harvard, contestó: “La ruina de los otros dos partidos. Es decir, que el PRI y el PAN hayan sido destrozados y que las dos maquinarias que dominaron la política en los últimos 20 años ahora están en ruinas”.

A pesar de su propia descripción descarnada, Womack no asomaba entusiasmo por el porvenir mexicano, más bien adelantaba que de la esperanza abierta se pasaría a la decepción.

Me cuento entre quienes tuvimos la esperanza de un cambio de régimen de hondo calado, que la transición inacabada, o lo que es peor, saboteada por el priñanietismo, tuviera cauce y consolidación en un movimiento y un liderazgo social como el del presidente López Obrador. El momento generaba una oportunidad también histórica para concretar una reforma política que sacara de las ruinas al sistema de partidos, hiciera del reconocimiento al pluralismo la mayor fortaleza de nuestra democracia, y perfeccionara las instituciones electorales que, no obstante sus desatinos, han generado confiabilidad y certeza en los resultados de la disputa por el poder en México.

Parece que ahora nos encontramos, al revés, con la angustia y la preocupación por los riesgos de retroceso. Ya no se avizora que el presidente López Obrador quiera hacer historia en este ámbito al que estaba definitivamente llamado. Así lo confirma la manera, el tono y el contenido de las descalificaciones que expresó el martes 8 de noviembre, en la mañanera, a quienes han mostrado una oposición a su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. ¿Puede haber una reforma electoral confiable en medio de tanta polarización? ¿Con los niveles de encono, magnificación y francas mentiras que entre unos y otros se prodigan diariamente?

Por supuesto que no comparto varias de las aseveraciones que el sector empresarial antiamlo ha colocado en la contrapropaganda de la reforma electoral, pero tratándose de un asunto crucial para la democracia, todas las posturas deben ser respetadas. Una reforma del sistema electoral necesita diálogo, negociación y consenso. La descalificación cancela ese proceso, y de entrada cuestiona su intencionalidad realmente democrática.

La iniciativa del presidente López Obrador se presentó tarde. En un análisis objetivo, contiene propuestas buenas y malas, algunas sorprendentes y otras muy cuestionables. Conforme ha pasado el tiempo de su anuncio, se ha venido analizando la letra chiquita y “descubriendo” que eliminar algunas palabras de la Constitución debe causarnos más preocupación que algunos de los textos que se incorporan. De lo cual la exposición de motivos no hace referencia alguna. Es el caso de suprimir en el artículo 41 la facultad del INE para administrar el listado nominal de electores. ¿A qué instancia se le piensa conferir esa importantísima facultad?

La credencial para votar con fotografía, el padrón electoral, es la construcción más dilatada y profesional que ha llevado a cabo primero el IFE y luego el INE. Desde hace tiempo dejó de ser motivo de impugnaciones electorales, ni siquiera en la cuestionada elección de 2006 fue tema de reclamo. El padrón electoral es de los instrumentos más confiables del sistema electoral mexicano. En realidad se ha convertido en la cédula de identidad de las personas, por lo que no es descartable que quieran trasladar su manejo a Gobernación. Lo cual sería un despropósito.

Como lo sería también que la renovación de los consejeros electorales del INE y los magistrados del Tribunal Federal Electoral se realice mediante elección popular, lo que aumentaría el vínculo y por lo tanto un mayor compromiso de lealtad de consejeros con los partidos políticos. Ello en detrimento directo de la imparcialidad con la que el arbitraje electoral debe actuar. 

Tener un solo Tribunal Electoral y hacer del INE un órgano realmente nacional y también único, es una idea por la que varios hemos luchado, y que no en pocas ocasiones se ha quedado en el tintero de los proyectos legislativos. Esto implica desaparecer los OPLES. Pero de ahí a seguirse y eliminar el servicio profesional electoral federal en las entidades y distritos, no sólo es una contradicción con la idea de que un solo órgano lleve todos los procesos, es un desconocimiento monumental de lo que significa en campo la organización de una elección.

Confieso que me sorprendió y agradó bastante la propuesta de ir a un sistema de representación proporcional pura, a partir de 32 circunscripciones plurinominales estatales, para integrar la Cámara de Diputados. Modelo desde el cual siempre he pensado en la posibilidad de un nuevo régimen político para nuestra nación: el sistema parlamentario. Estoy de acuerdo con reducir a 300 diputados, no por cuestiones presupuestales, sino de eficacia y transparencia legislativas. Catalogo como acierto la propuesta de desaparecer la lista nacional para el Senado, y regresarlo a 96 integrantes. Tres por entidad. No sólo la injusta distribución fiscal atenta contra la soberanía y desarrollo de los estados; una amenaza permanente al federalismo es que sólo dos entidades de la República, la CDMX y el Estado de México, puedan llegar a concentrar 25% de la cámara alta, ¡como ya pasó! Con todo lo que eso significa.

Sobrecargada de epítetos y falsos dilemas, lo más lamentable de la reforma electoral es que no aborda los temas esenciales y sí urgentes para el fortalecimiento de la democracia, pero que ni al gobierno y menos a la oposición les interesa tocar: la reforma misma de los partidos. Una legislación que los obligue a transparentar los recursos públicos y a democratizar sus procesos de elección de candidatos y dirigentes; a rendir cuentas. Un auténtico sistema de fiscalización –el gran fracaso de estos años– para poner un alto al excesivo gasto de las campañas y al financiamiento ilegal. Por supuesto, garantizar un mecanismo dinámico y más flexible de formación de nuevos partidos.

En estos días crece la preocupación sobre qué reforma puede salir. Los temores tienen fundamento no sólo por varios de los contenidos, sino por la debilidad de los dirigentes partidistas que participan. Debilidad que proviene de la ruina que produjo el 2018, esencialmente de fractura ética y moral. Y ahí está el mayor riesgo de la reforma electoral.  l

*Académico de la UNAM. Militante del PAN. Exlegislador y exgobernador de Chihuahua.