El saliente presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tal como hizo López Obrador en México, asignó a los militares tareas prioritarias de su gobierno; Lula, mandatario electo, planea revertir esa medida. “El Ejército no es para la política, debe servir para proteger la frontera y al país de las amenazas externas”, dijo en su campaña. La militarización es “un riesgo para la democracia”, dice a Proceso el intelectual brasileño Emir Sader. A su vez, la socióloga Suzeley Kalil afirma que no será fácil regresar a los soldados a los cuarteles.

BOGOTÁ (Proceso).- El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está convencido de que, en una democracia, las fuerzas armadas deben limitarse a cumplir labores propias de su naturaleza militar, sin invadir las esferas civiles y políticas de la administración pública.

“El Ejército no es para la política, debe servir para proteger la frontera y al país de las amenazas externas”, dijo Lula durante la campaña electoral que culminó el pasado 30 de octubre con un triunfo del político izquierdista sobre el presidente Jair Bolsonaro, un ultraderechista que llenó de militares áreas clave del gobierno federal brasileño.

Con Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, las fuerzas armadas de Brasil adquirieron un protagonismo que no habían tenido desde el fin de la dictadura militar, en 1985. Miles de altos oficiales activos y retirados han llegado a ser ministros, viceministros, asesores, directores de empresas paraestatales y agencias reguladoras –de aviación civil, infraestructura y energía– y hasta funcionarios de los sectores educativo, cultural y tecnológico. El vicepresidente, Hamilton Mourão, es un general en retiro.

Según datos oficiales, en enero de 2019, cuando Bolsonaro asumió la Presidencia de Brasil, en el aparato del gobierno federal había 2 mil 765 militares que ocupaban cargos de naturaleza civil. 

Lula estima que este año la cifra asciende a unos 8 mil, lo que significa que durante el gobierno de Bolsonaro los puestos civiles ocupados por militares de diversos rangos –desde generales, almirantes y coroneles hasta capitanes, tenientes y suboficiales– casi se triplicaron.

Bolsonaro, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, ha asignado a las fuerzas militares tareas prioritarias de su gobierno, como el combate a la inseguridad y al narcotráfico. En 2019, en plena pandemia de covid-19, designó como ministro de Salud al general Eduardo Pazuello, quien intentó ocultar los datos de muertes por el virus y autorizó tratamientos alternativos no recomendados por científicos. Y este año, el presidente involucró al Ejército en el proceso electoral al encomendarle una auditoría informática al sistema de votación automatizado.

Lula, quien asumirá como presidente el próximo 1 de enero, ha dicho que una de sus tareas prioritarias en el gobierno será la “desmilitarización” de la administración pública federal. 

“Vamos a tener que comenzar el gobierno sabiendo que vamos a tener que sacar a casi ocho mil militares que ocupan cargos sin haber concursado. Lo vamos a tener que hacer”, dijo en abril pasado el entonces candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT).

Emir Sader, filósofo, sociólogo y doctor en ciencias políticas por la Universidad de Sao Paulo, dice a Proceso que para Lula resulta “fundamental” cumplir con su propósito de desmilitarizar el aparato público, pues la decisión de Bolsonaro de poner a miles de altos oficiales a conducir áreas estratégicas del Estado fue “uno de los mayores daños y retrocesos” que sufrió Brasil en estos cuatro años de gobierno del capitán ultraderechista.

“Los militares ocupan una cantidad increíble de cargos en el Estado y han copado gran parte del gobierno –dice el respetado intelectual brasileño–, y dieron apoyo, como institución, a Bolsonaro. Entonces es un tema muy importante desmilitarizar al Estado. La democratización de Brasil también tendrá que ser un proceso de desmilitarización del Estado”.

De acuerdo con el director del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, los militares que ocupan cargos civiles suelen inmiscuirse en política, a pesar de que es ilegal que lo hagan, y tienen “un comportamiento autoritario no sólo porque tienen las armas, sino por la ideología de seguridad nacional” con la que han sido formados, lo que es “un riesgo para la democracia”.

El intelectual, autor de libros como Lula y la izquierda del siglo XXI: neoliberalismo y posneoliberalismo en Brasil y América Latina, El Nuevo Topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana y La venganza de la historia, señala que Brasil debe recuperar la supremacía del poder civil sobre el militar en el nuevo gobierno.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2402 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.