Para “consolidar” a la Guardia Nacional como principal encargada de la seguridad pública se prevé invertir 50 mil millones de pesos en 2022 y 2023, señala un “plan” elaborado por la Sedena, la Semar y la propia GN. Esos recursos se destinarían a aumentar el número de efectivos –136 mil al finalizar la administración– y su capacidad bélica: 5 mil vehículos, 36 aeronaves, 190 mil armas. Más aún, casi 2 mil millones de pesos se emplearían en adquirir tecnologías de inteligencia e intervención de comunicaciones, algunas con características similares a Pegasus, sistema usado en los últimos sexenios para espiar a activistas, periodistas y opositores.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Ejército mexicano, la “consolidación” de la Guardia Nacional como principal fuerza de seguridad del país implica invertir 50 mil 368 millones de pesos en recursos humanos, armamento, equipamiento y obra pública entre 2022 y 2023, cifra que incluye un gasto de mil 927 millones de pesos en tecnologías de inteligencia e intervención de comunicaciones.

Entre éste y el próximo año, el nuevo cuerpo de seguridad tiene previsto adquirir 16 drones y un sistema de vigilancia aérea Horus, así como tecnologías avanzadas de “monitoreo e intercepción de comunicaciones”, ya sea una “plataforma de intervención de comunicaciones privadas” de 67 millones 296 mil pesos, dos sistemas IMSI Catcher de 63 millones de pesos o 20 “equipos activos y pasivos de monitoreo técnico 3G, 4, 4.5G y escalable a 5G (escuchas)” por 581 millones de pesos.

La GN también tiene presupuestada la adquisición de tecnologías de reconocimiento facial y biometrías, equipos de geolocalización y de intervención de radio, aparatos de barridos de señales, sistemas de monitoreo de redes sociales y laboratorios de desbloqueo y extracción de teléfonos, con lo que se convertirá en una pieza central en el sistema de inteligencia del país.

Lo anterior se desprende del “Plan General Integral 2021-2024 para consolidar la G.N.”, un documento de 234 cuartillas elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la propia GN, que aparece entre los millones de documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya.

El plan fue elaborado en agosto de 2021, es decir un año antes de la reforma que entregó el control operativo y presupuestario de la GN a la Sedena. La reforma fue presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el pasado 1 de julio, pero había sido elaborada tras bambalinas por la propia Sedena, según documentos internos de la institución revelados por la reportera Neldy San Martín en la edición 2397 de Proceso.

El plan consideró una serie de gastos multimillonarios para consolidar a la Guardia Nacional como principal encargada de la seguridad pública en el país, con tareas que van desde el control de carreteras y la lucha contra la delincuencia organizada, a la protección de infraestructura estratégica o la contención de personas migrantes.

De hecho, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, el gobierno federal prevé invertir 69 mil 899 millones de pesos en la Guardia Nacional, repartidos entre una nómina de 30 mil millones de pesos, gastos de operación por 16 mil 834 millones de pesos, “otros gastos de corriente” por 5 mil 229 millones de pesos, e inversiones físicas por 18 mil 124 millones de pesos.

Tanto el aparato como estos recursos serán administrados por la Sedena, que a su vez recibió un presupuesto de 112 mil millones de pesos, 8 mil millones más que el presupuesto que se le otorgó para este año. El presupuesto de la Sedena incluye 9 mil 786 millones de pesos como inversión física.

El reforzamiento de la GN también pasó por una serie de reformas elaboradas por un “grupo de trabajo” integrado por militares de la Sedena, la Semar y la propia GN, que prevé una reforma a la ley de la GN para someter a los integrantes de la fuerza al régimen disciplinario castrense, lo que evitaría que se impugnen sanciones “por aspectos disciplinarios”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2402 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.