Narcotráfico
Entre narcoligas y conflictos de interés, Veracruz dio 140 mdp a proveedores para seguridad
En el contexto del incremento de recursos a causa de la lucha antinarco del sexenio de Felipe Calderón, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz entregó al menos 140 millones de pesos a seis proveedores irregulares durante la gubernatura de Javier Duarte.
En el contexto del incremento de recursos a causa de la lucha antinarco del sexenio de Felipe Calderón, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz entregó al menos 140 millones de pesos a seis proveedores irregulares durante la gubernatura de Javier Duarte. Las empresas privadas que recibieron el dinero incumplen con los requerimientos de ley, debido a que tienen conflicto de interés por tener ligas familiares con funcionarios de la dependencia, porque están boletinados por el SAT y porque uno de ellos es socio de un personaje identificado por el gobierno estatal como jefe de plaza del CJNG.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Al menos 140 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP-Veracruz) fueron desviados vía redes criminales durante la gubernatura de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), actualmente encarcelado por asociación delictuosa y lavado.
Dicho recurso fue dispersado mediante 13 contratos públicos que la SSP-Veracruz asignó a seis proveedores irregulares: un socio y dos familiares de altos funcionarios de la dependencia estatal de seguridad y a tres contratistas que estaban boletinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por realizar operaciones simuladas, de acuerdo con el trabajo de investigación de Empower.
Además, uno de esos proveedores ha sido relacionado con Francisco Navarrete Serna, señalado por el gobierno veracruzano de ser el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado; Navarrete Serna fue asesinado en Tierra Blanca (Veracruz) en mayo de 2020.
Los nombres de los proveedores irregulares son: Porfirio Aspiazu Fabián, socio de Navarrete Serna; Roberto Esquivel Hernández, a título personal y mediante la empresa Asever, S.A. de C.V.; así como Jesús Murillo Solís, Gloria Rodríguez Alcocer y Gabriela Vivaez Chávez, vía la empresa Centro de Capacitación y Asesoría en Técnicas Policiales y Seguridad Privada, S.A. de C.V. (CATS) y Abastecedora y Comercializadora de Productos de Veracruz, S.A. de C.V.
Para esta publicación se revisaron 197 contratos públicos (equivalentes a 27% del total otorgados por la SSP-Veracruz en el sexenio de Duarte), que abarcaron desde la adquisición de equipo táctico, mantenimiento de vehículos, suministro de alimentos, llantas y combustibles, entre otros servicios, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos por Empower mediante solicitudes de acceso a información pública, entre 2020-21, para el informe Corrupción a gran escala en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, publicado por la organización a la par del presente reportaje.
En 2006 el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, implementó una estrategia de seguridad que consistió en aumentar el número de policías –incluyendo militares– en las secretarías de Seguridad Pública de los estados, así como un incremento en los presupuestos destinados a fortalecer la seguridad pública de las entidades. La estrategia fue llamada “Lucha contra la delincuencia y el narcotráfico”, conocida popularmente como la Guerra contra las drogas. En consecuencia, Calderón cuadruplicó en su sexenio (2006-2012) el presupuesto para Seguridad Pública y duplicó los recursos asignados a la defensa nacional.
Adicionalmente, vía la Iniciativa Mérida, Estados Unidos entregó a nuestro país mil 600 millones de dólares, entre 2008 y 2010, para reforzar las tareas de seguridad pública. Se trató de un programa de cooperación activado en 2008 por el gobierno estadunidense para combatir al crimen organizado en México y Centroamérica.
Desde que se inició este programa y hasta octubre de 2020 México recibió 3 mil 300 millones de dólares de Washington para apoyar a las fuerzas federales de seguridad, indica un reporte del Congreso estadunidense.
En ese contexto, el presupuesto para gastos operativos de la SSP-Veracruz se incrementó 142% durante el gobierno de Javier Duarte, en comparación con la administración anterior, la de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010). A su vez, aumentó 32% el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que es un recurso federal etiquetado para la seguridad pública de los estados.
El gobierno de Fidel Herrera no colaboró directamente en la Guerra contra las drogas; fue hasta el sexenio de Duarte que Veracruz se adhirió a las estrategias federales de la lucha anticrimen.
En la gubernatura de Duarte, Arturo Bermúdez Zurita fue el titular de la SSP-Veracruz de julio de 2011 a agosto de 2016. El mayor José Nabor Nava Holguín se hizo cargo de la misma dependencia en noviembre de 2016, después de haber sido su subsecretario de 2013 a 2014 y de fungir como subsecretario de Operaciones en 2015.
Bermúdez y Nava fueron vinculados a proceso entre 2017 y 2018 por casos de desaparición forzada en Veracruz. Sin embargo, ninguno es investigado o procesado por las contrataciones públicas que se desglosan en este reportaje. El primero enfrenta en libertad el proceso en su contra por desaparición forzada y el segundo está prófugo.
Durante la administración de ambos funcionarios al frente de la Secretaría Seguridad Pública estatal, Veracruz padeció un aumento en la violencia, proporcional al incremento de los presupuestos federales asignados para combatirla, y se convirtió en uno de los estados con el mayor número de asesinatos, pues en julio de 2016 alcanzó la cifra récord de más de 100 homicidios en un mes.
Entre esas víctimas figuran al menos 18 periodistas, registra la organización Artículo 19. Así, el sexenio de Duarte cerró con un total de 5 mil 905 homicidios, mientras que en la gubernatura anterior se registraron 2 mil 908, indica el Inegi. En materia de desapariciones, se reportaron mil 968 casos en el mandato de Javier Duarte.
Proveedores irregulares
Documentos oficiales obtenidos vía solicitudes de información pública revelan cómo seis proveedores irregulares se beneficiaron con el aumento presupuestal federal para la SSP-Veracruz, a la par que la violencia y la inseguridad pública se disparaban en el estado.
Uno de esos personajes beneficiados es Porfirio Aspiazu Fabián, quien recibió 25 millones 459 mil 891.28 pesos por dos contratos con la SSP-Veracruz. En el momento de las asignaciones Aspiazu Fabián era concuño del mayor José Nabor Nava Holguín. Además, el contratista también era socio de Francisco Navarrete Serna. De acuerdo con documentos oficiales de identidad, la información personal de Navarrete Serna coincide con la del personaje conocido como El Primo, un presunto empresario que el gobierno de Veracruz identificó en 2016 como jefe de plaza del CJNG en Tierra Blanca, y que fue asesinado en mayo de 2020.
En marzo de 2015, Aspiazu y Navarrete constituyeron juntos la empresa Rancho Baalam Kab, S.P.R. de R.L., dedicada a la producción agrícola. Medios de comunicación locales publicaron en su momento que Navarrete, además, era propietario del rancho El Limón, localizado en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz.
En este lugar la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) encontró los restos de cinco jóvenes reportados como -desaparecidos. Las víctimas fueron detenidas en enero de 2016 por la Policía Estatal, para luego ser entregados al CJNG. En las intervenciones ministeriales de la FGEV también se reveló la localización de más de 11 mil restos humanos calcinados en el mismo rancho.
Otro proveedor irregular de la SSP-Veracruz durante el gobierno de Duarte fue Roberto Esquivel Hernández, socio del titular de esa misma secretaría, Arturo Bermúdez Zurita, en la empresa Naturalia Operadora Gourmet, S.A. de C.V., Esquivel es también accionista de Asever, S.A. de C.V., una compañía con la cual ganó contratos en materia de seguridad.
Empower encontró que Esquivel también tiene vínculos empresariales en ocho sociedades mercantiles vinculadas a miembros de la familia Bermúdez, lo cual lo convierte en un sujeto no elegible para hacer negocios con la SSP-Veracruz, según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz en sus artículos 50 y 45, respectivamente.
Ambas leyes prohíben que las dependencias y entidades tengan contratos con socios y familiares de funcionarios involucrados en cualquier etapa del procedimiento de adjudicación.
En tiempos de Arturo Bermúdez, la SSP-Veracruz otorgó cinco contratos por 43.4 millones de pesos a empresas de Roberto Esquivel.
Bermúdez, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Duarte, fue acusado de enriquecimiento ilícito, pero también enfrenta procesos penales por abuso de autoridad, tráfico de influencias y desaparición forzada, de acuerdo con medios locales.
Aunque Bermúdez estuvo preso un año y nueve meses, el 5 de diciembre de 2018 fue liberado por órdenes de un juez que le permitió continuar su proceso en libertad, al considerar que los delitos por los cuales se le acusaban no eran graves, incluyendo la desaparición forzada, de acuerdo al Código Penal de Veracruz.
Otros proveedores irregulares son los de Abastecedora y Comercializadora de Productos de Veracruz, S.A. de C.V., Jesús Murillo Solís y Gloria Rodríguez Alcocer, boletinados por el SAT en su lista definitiva de contribuyentes que simularon operaciones y emitieron facturas falsas, bajo los criterios del artículo 69-b del Código Fiscal de la Federación (CFF).
En ese artículo se establece que si un contribuyente no cuenta con personal, infraestructura o capacidad operativa, o bien si no es localizado en su domicilio fiscal, el SAT presumirá que se trata de una Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS), lo que se conoce como factureras o empresas fantasma. En la lista de proveedores irregulares se suma Gabriela Vivaez Chávez, quien no ha sido boletinada, pero se relaciona con miembros de un grupo de fuerzas especiales ligado a la SSP-Veracruz, conocido como Los Fieles.
CATS y “Los Fieles”
Una empresa vinculada a un equipo de operaciones encubiertas de la SSP-Veracruz, llamado Los Fieles, se convirtió en contratista de la misma dependencia. Se trata de la firma Centro de Capacitación y Asesoría en Técnicas Policiales, Protección a Personalidades y Seguridad Privada, S.A. de C.V. (CATS), que tenía como accionista a Gabriela Vivaez Chávez, según su acta constitutiva.
Vivaez Chávez era pareja de Miguel Ángel Domínguez Jasso, subdirector regional de la Zona Norte de la SSP-Veracruz entre 2008-2016, y presunto miembro de Los Fieles, integrado por policías de élite y exmilitares investigados por violaciones a los derechos humanos en Veracruz, según documentos de la propia FGEV.
En 2013 el CATS recibió un contrato por 7.8 millones de pesos con la SSP-Veracruz. Empower identificó vínculos entre miembros de Los Fieles y tres empresas.
Además de la ya mencionada empresa CATS, se localizaron registros mercantiles del Grupo de Capacitación y Asesoría en Técnicas Policiales, Protección a Personalidades y Seguridad Privada, S.A. de C.V. (Grupo CATS) y Línea de Tiro, S.A. de C.V., con accionistas en común.
En mayo de 2010 Domínguez fundó la empresa Grupo CATS con otros nueve socios; entre ellos, Roberto González Meza, exdirector de la Fuerza Civil, quien es señalado de ser el principal encargado de Los Fieles, y Roberto Carlos López Flores, identificado de pertenecer al mismo grupo de policías de élite.
Pero el CATS y Grupo CATS comparten más que una similitud en sus nombres. Ambas se fundaron el mismo año, en el mismo municipio, en la misma oficina y por la misma fedataria, y tienen el mismo objeto social, y de acuerdo con sus redes sociales existe una relación entre sus apoderados Gabriela Vivaez Chávez y Miguel Ángel Domínguez Jasso.
Una de las accionistas de CATS, Elba Xonane Retureta Bonilla, tiene una empresa llamada Línea de Tiro, S.A. de C.V., donde es socia de Gloria Rodríguez Alcocer y Hortencia Vivaez Chávez, según identificó Empower.
Rodríguez Alcocer fue una de las contratistas de la SSP-Veracruz que la auditoría de 2017 del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) identifica como no localizable en su domicilio fiscal.
Según el CFF, si un contribuyente no es localizable, se presumirá la inexistencia de las operaciones que factura, un supuesto que, si no se aclara, como es el caso de Rodríguez Alcocer, puede ameritar una sanción de dos a nueve años de prisión. En cuanto a Hortencia Vivaez Chávez, comparte apellidos con Gabriela Vivaez Chávez, accionista de CATS.
En 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –máxima entidad fiscalizadora de México– convocó a varios funcionarios del gobierno estatal en el contexto de la auditoría 928 de la Cuenta Pública 2014, para revisar el uso de los subsidios federales asignados para labores de seguridad pública en Veracruz.
Uno de los nombres que aparece en los documentos de la ASF es el de Hortencia Vivaez Chávez, quien es identificada como jefa de la Oficina de la Auditoría de la SSP-Veracruz. Ella es quien fiscalizó la asignación de al menos un contrato por 7 millones 826 mil 499.98 de pesos que la SSP-Veracruz otorgó a CATS.
En cuanto a Los Fieles, en 2018 el gobierno veracruzano detuvo a 19 policías, incluyendo a González Meza, durante la operación “Tiro de Gracia”. Posteriormente, Domínguez Jasso promovió cuatro juicios de amparo, entre 2018 y 2020, ante Juzgados de Distrito con sede en Veracruz, para recibir información sobre la existencia de cualquier orden de aprehensión, ejecución de acción penal o existencia de carpetas de investigación en su contra.
Tanto Jasso como González Meza son accionistas de Grupo CATS y presuntamente eran parte de Los Fieles. Ambos cuentan con una trayectoria en las Fuerzas Armadas e ingresaron a la SSP-Veracruz cuando Duarte utilizó esta institución castrense como parte de la Guerra contra las drogas.
Menos recursos contra el crimen
El dinero público entregado a proveedores ilegales, que debían emplearse para la seguridad pública estatal, causó el rechazo de organizaciones sociales en la entidad, como El Solecito, que realiza –con recursos propios– la búsqueda de cientos de desaparecidos.
El Solecito es integrado por al menos 300 personas que hacen trabajos de búsqueda en vida, como en anexos y hospitales, pero también realizan búsquedas forenses, aquellas en las que se excava para encontrar fosas clandestinas y restos humanos.
Un reclamo de representantes de estos grupos de búsqueda es que las autoridades no investigan dónde están los desaparecidos y quiénes son las personas que llegan a ser localizadas sin vida.
Juan Carlos Trujillo, representante del colectivo Familiares en Búsqueda, expone la falta de investigación de campo de parte de las autoridades: “Básicamente realizan trabajo de escritorio que a nada llevan”.
Aún con carencias y omisiones, en Veracruz dependencias federales y locales han localizado al menos 661 fosas clandestinas, según encontró Empower en su informe Graves crímenes en Veracruz: fosas clandestinas y desaparición forzada. Veracruz es la entidad con el mayor número de fosas clandestinas reconocidas por la Comisión Nacional de Búsqueda entre 2006 y 2020.
También aumentó la corrupción en el estado con la llegada de las Fuerzas Armadas. En términos de transparencia, no ha sido posible acceder a todos los contratos que la SSP-Veracruz asignó durante el gobierno de Duarte, porque no son públicos.
Después de meses de batallas en materia de transparencia y acceso a la información pública, entre 2020 y 2021 la SSP-Veracruz entregó a Empower solamente 27% de los contratos que asignó durante el gobierno de Duarte. El total de esas contrataciones se analizaron en la investigación titulada Corrupción a gran escala en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, publicada el miércoles 19 en el sitio oficial de Empower.
*Este reportaje, junto con los textos Vitol mantiene contrato con Pemex; su exdirector general en México fue socio de fallecido operador financiero de Los Zetas y Fosas clandestinas en Veracruz: entre el subregistro y los intereses económicos forman parte de un proyecto de investigación sobre violencia, corrupción y desaparición forzada que ha vivido la sociedad en Veracruz desde la administración de Javier Duarte de Ochoa en adelante. Empower ha trabajado desde hace tres años en documentar las violaciones a derechos humanos en ese estado. Las tres investigaciones podrán consultarse en https://crimenesgraves.empowerllc.net.
