XALAPA, Ver. (apro)- En su visita al Congreso de Veracruz, el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández dijo que los estados y municipios han fallado en la tarea de seguridad y la carga se ha dejado a la federación, tanto así que ningún estado del país ha entregado en tres años un reporte del estado de su seguridad.

Alertó que muchas policías municipales fueron entregadas al crimen organizado a cambio de financiamiento o tienen pactos con la delincuencia.

El funcionario estuvo de visita con legisladores locales para exhortarlos a votar en favor de la iniciativa para que la Guardia Nacional continúe en las tareas de seguridad hasta el 2028.

En su discurso desde tribuna, dijo que por primera vez se establece, en decreto, la manera en que van a participar las fuerzas armadas en tareas de seguridad y se adiciona un párrafo importante “que le da viabilidad constitucional al actuar de nuestras fuerzas armadas en tareas de seguridad con su organización y medios”.

También dijo que la reforma permitirá dar orden en la participación de estados y municipios, además de “regular los informes semestrales de seguridad, y contra resultados habrá un fondo para seguridad que se pagará con recursos de las cuentas congeladas de actividades ilícitas”.

La reforma que fue aprobada por la Cámara de Diputados en septiembre pasado y que modifica el artículo Quinto Transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución de México, en materia de Guardia Nacional, debe tener el voto aprobatorio de al menos 17 congresos estales.

López Hernández llegó al Congreso de Veracruz acompañado del gobernador Cuitláhuac García y justificó la permanencia de las fuerzas federales en tareas de seguridad, pues dijo que hay municipios que no tienen ni un solo policía.

“Así es inviable ganar la batalla, por eso requerimos la llegada de las fuerzas armadas, no es que se militarice al país, por el contrario, es claro que el comandante supremo de la fuerza es un civil, el presidente, y nunca ordenaría reprimir al pueblo”, sostuvo.

Adán Augusto también reconoció el trabajo en materia de seguridad del gobernador Cuitláhuac, y agregó: “ha logrado reconstruir al estado. Veracruz era un caos, heredó un tiradero, pero hoy hay mejores condiciones de seguridad” y destacó que ninguno de los municipios están dentro de los 50 más violentos del país.

En repuesta a su visita, los legisladores veracruzanos de los grupos parlamentarios del PVEM, PT, Fuerza por México y PRI fijaron su postura en apoyo a la iniciativa.

El presidente de la Junta de coordinación política, Juan Javier Gómez Cazarín, le adelantó que esta misma tarde los diputados de Morena votarían en favor de la reforma.

“No nos va a temblar la mano para votar esta reforma en beneficio de los ciudadanos”, dijo.

En tanto, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Maribel Ramírez Topete adelantó el voto en contra de la iniciativa y criticó que a pesar de que las fuerzas armadas patrullan las calles, en México suman 124 mil personas asesinadas, más de 3 mil 400 feminicidios y 35 mil personas desaparecidas desde 2017.

“Esta reforma no resuelve la inseguridad, es necesario establecer un marco de actuación con metas y acciones claras para retirar al Ejército de las calles y fortalecer las labores de las policías locales, más profesionalización, capacitación, certificación y salarios dignos”, dijo. 

Al retomar la voz, Adán Augusto López le refutó: “¿A cuáles policías vamos a capacitar? No coincidimos en el diagnóstico, no es un asunto de dinero, aunque tuviéramos todos los recursos, si nada más reclutar policías nos va a llevar meses de exámenes y capacitación, mientras ¿quién va a patrullar las calles?”.

Sobre el grupo legislativo del PAN, que no subió a tribuna a fijar su postura, dijo: “Son como esos que tiran la piedra y esconden la mano, me hubiera gustado escucharlos”.

El diálogo cerró con la intervención del gobernador Cuitláhuac García, quien reiteró su apoyo a la reforma y reconoció que recibió el gobierno de Veracruz cuando solo tenían 3 mil policías, por lo que pidió el apoyo de las fuerzas federales para combatir el crimen.