CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 339 votos a favor, 155 en contra y 2 abstenciones, prolongar hasta el 2028, la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en todo el país.

Al cabo de ocho horas de debate, se aprobó en lo general y en lo particular la minuta que incorporó los elementos agregados en el Senado de la República, entre las que se incluyen: crear un fondo permanente, a partir del ejercicio fiscal 2023, para fortalecer los cuerpos policiacos de estados y municipios; que el Ejecutivo Federal presente al Congreso de la Unión un informe semestral sobre su desempeño; y la conformación de una comisión bicameral. 

Otros cambios son que dicha comisión realice dictámenes semestrales, y reuniones de trabajo con los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Sedena), y de Marina (Semar).

La sesión se desarrollo entre entre acusaciones y señalamientos entre los diputados de la oposición y los de Morena y aliados que se recomendaron leer los libros “Felipe el Oscuro”, “El Señor de la Muerte” y “El Rey de Cash”, entre otros, como parte de los cuestionamientos de la militarización de las labores de seguridad pública.

Cabe recordar que desde su campaña del 2012, Andrés Manuel López Obrador propuso regresar al Ejército a los cuarteles y no darles la tarea de seguridad publica. Como precandidato presidencial de la izquierda, se comprometió a regresar a sus cuarteles al Ejército en 6 meses si ganaba la elección.

“No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva policía federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad”, expresó López Obrador entonces.

En la sesión de la Cámara de Diputados que terminó a la medianoche, el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, pidió respaldar los cambios hechos por la Cámara de Senadores y llamó a los legisladores a permitir que México profesionalice sus policías locales a la par de la consolidación de la Guardia Nacional, porque en estos momentos, reconoció, no pueden enfrentar a la criminalidad.

“Si bien los municipios requieren de su propia policía para hacer cumplir sus reglamentos, en este momento creo que no podrían enfrentar a una fuerza enemiga de criminalidad organizada que tiene una capacidad terrible de fuego, de desplazamiento, de agresión y de corrupción”, dijo.

A su vez Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano señaló que, “el objetivo de la militarización sumada a la reforma electoral, es intentar robarse las elecciones del 24 porque saben que van a perder, porque saben que están en la última etapa de que el pueblo pueda aguantar que fracasaron en seguridad pública, fracasaron en economía, fracasaron en combatir la pobreza y disminuir la desigualdad, fracasaron en defender el medio ambiente”.

En tanto que Luis Espinoza Cházaro, coordinador del PRD, acusó que Morena busca tapar la falta de una estrategia de seguridad que tiene el gobierno federal que ha caído en un Estado Fallido.

“Tenemos muchos ejemplos de que la estrategia no funciona y lo que hoy se solicita que se vote, es que se amplíe este periodo. El monopolio del uso legítimo de la violencia es sin duda, el atributo más preciado del estado; cuando este monopolio es arrebatado por grupos de interés estamos hablando, y hay que decirlo así de un estado fallido con el crimen organizado en las calles, con órdenes por liberar a los hijos de capos, más de 130 mil asesinatos”, expuso.

Los panistas rechazaron que las fuerzas militares se mantengan en labores que corresponden a autoridades civiles y con carteles en mano en los que se leía “Si a la Democracia", “Si al respeto de la Constitución” y “Si a la policía civil”, rechazaron la iniciativa de Morena y el PRI.

La minuta se envía a los 32 congresos locales para que sea discutida y aprobada. Requiere que, al menos en 17 entidades federativas se apruebe para que el Ejecutivo lo promulgue en el Diario Oficial de la Federación.