La Universidad Autónoma de Querétaro está en paro desde el 29 de septiembre. Parte de la comunidad estudiantil protesta contra las agresiones de las que han sido objeto varias alumnas sin que la Rectoría y la Unidad de Atención de Violencia de Género –a decir de los y las inconformes– garanticen la protección de las víctimas ni la sanción a los responsables. 

QUERÉTARO, Qro. (Proceso).- “¡Rectora Tere, no sea indiferente, se acosa a las mujeres en la cara de la gente”; “¡Educación no sexista, afuera los machistas!”; “¡La UAQ no me cuida, me cuidan mis amigas!”, gritaron mujeres estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro desde la tarde del 29 de septiembre, hartas del acoso y la violencia de género que las llevaron a tomar las instalaciones de la institución.

Esta casa de estudios sólo había tenido dos movimientos estudiantiles de enver­gadura: en 1958, con la exigencia de la autonomía, y en los ochenta, cuando los estudiantes se solidarizaron con el movimiento de la Normal estatal.

Este 2022 el movimiento comenzó en el centro universitario pero se fue extendiendo a otros campus hasta que toda la comunidad estudiantil, formada por más de 27 mil alumnos y alumnas, pararon clases presenciales y virtuales. 

En las facultades, las alumnas manifestaron su rabia por primera vez contra la violencia de género mediante pintas en las paredes de los inmuebles, en las que expresaron que no se sienten seguras, cuestionaron la actuación de las autoridades universitarias y exhibieron los nombres de sus agresores. 

Este movimiento de la comunidad estudiantil detonó por el caso de una estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que había denunciado acoso de uno de sus compañeros ante la Unidad de Atención de Violencia de Género (Uavig) de la universidad, donde sólo optaron por cambiar de turno a su agresor, pese a tener indicios incluso de que el estudiante suele portar armas. 

La directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Marcela Ávila Eggleton, expuso el caso la mañana del 29 de septiembre ante el Consejo Universitario, máximo órgano de la institución educativa, tras enterarse de que la Uavig pretendía cerrar la carpeta de investigación de la alumna. 

“Tuvimos que optar por ponerle escolta a la estudiante, lo cual me parece gravísimo. Pero no sólo eso: ese estudiante, presunto agresor, sigue rondando los espacios en los que está la estudiante, en ocasiones visiblemente bajo el influjo de algunas sustancias. No podemos corroborar que esté armado, pero hay diferentes denuncias de que sí lo está y el día de ayer ya agredió verbalmente al personal de la facultad que está cuidando a la estudiante”, relató. 

Ávila también reveló que antes de denunciar el hecho había solicitado información a la Uavig para saber si impondrían una restricción adicional para proteger a la joven, pero se le respondió que, por cuestiones de privacidad, no le podían dar información. 

“Sabemos que el protocolo es una herramienta valiosa, pero nos preocupa sobremanera que estemos poniendo el protocolo sobre las víctimas. Sabemos que hay un camino importante por andar, pero lo cierto es que no es el único caso de actos de ya un importante grado de violencia. Ha estado escalando el tema de violencia en algunos espacios universitarios”, expresó. 

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 23967 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 9 de octubre de 2022.