A Iberdrola no le ha ido bien últimamente: no logró que la Audiencia Nacional anulara el proceso contra su presidente y tres de sus altos directivos a raíz de algunos encargos de espionaje que le hicieron a José Manuel Villarejo, excomisario de la Policía Nacional... y esta decisión entorpeció la adquisición de la compañía PNM Resources, lo que hizo perder a la empresa eléctrica una operación multimillonaria que la habría convertido en actor preponderante en el sector energético en gran parte del sur de Estados Unidos… además está el repudio a la compañía en México durante el actual gobierno.

Madrid (Proceso).– La compañía eléctrica Iberdrola ha sufrido una cadena de reveses de gran envergadura. Primero fracasó en su intento para conseguir en España que la Audiencia Nacional declarara la nulidad del proceso contra su presidente, Ignacio Sánchez Galán, y tres altos directivos, por los supuestos encargos al polémico comisario jubilado de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, para espiar a enemigos empresariales.

Con esta decisión, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reafirma el fallo del juez del Caso Tándem, el magistrado Manuel García-Castellón, de mantener como imputados a los ejecutivos de la compañía y citarlos a declarar en los casos de espionaje que se prolongaron de 2004 a 2017.

Por esa razón, el poderoso empresario Sánchez Galán tendrá que sentarse en el banquillo del juzgado para declarar como imputado este martes 18, al igual que los otros señalados, y deberá responder por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad de las personas y falsedad en documento mercantil.

Como efecto colateral, este caso ya provocó otro tropiezo de gran envergadura para la compañía eléctrica, cuando el pasado 8 de diciembre la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México vetó la compra de la compañía PNM Resources por parte de Avangrid, la filial estadunidense de Iberdrola, una operación que se estimaba en 8 mil 300 millones de dólares y que le hubiera permitido alcanzar una posición de privilegio en los mercados de Nuevo México y Texas.

En voto unánime, los cinco comisionados argumentaron que esa adquisición no era la mejor alternativa para los intereses de los consumidores y por la imputación de varios directivos de Iberdrola, entre ellos su presidente, en “una investigación penal de un juzgado de instrucción español por soborno, violación de la intimidad y falsificación de documentos comerciales”, recogieron medios españoles como El País, El Confidencial o El Economista.

En Estados Unidos, Avangrid lamentó la decisión del regulador, pero desde la sede en España se envió un escrito al Juzgado de Instrucción número 6, dirigido por el juez García-Castellón, advirtiendo del daño reputacional que está generando su implicación judicial en el caso Villarejo, “hasta el punto de torpedear la mayor operación de la compañía en Estados Unidos”.

Es decir, el escrito de la multinacional interpreta que el daño reputacional se debe a que la Audiencia Nacional mantiene abierta la imputación y la investigación del caso, no en los hechos que son objeto de dicha investigación, relacionados con el presunto espionaje ordenado desde los mandos directivos de la empresa.

Estos últimos tropiezos se suman a los que Iberdrola ha venido sufriendo en México desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene una critica permanente porque los llamados gobiernos neoliberales que lo antecedieron, marcadamente el PAN, dieron un trato de favor en todo momento al corporativo trasnacional con sede en Bilbao.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2359 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 16 de enero de 2022.