CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  El aumento a la tarifa del transporte público en Guadalajara abrió un nuevo frente de presión para el gobierno de Jalisco. Ayer, domingo, cientos de personas marcharon de la glorieta de la Minerva a Casa Jalisco para rechazar el alza de 9.50 a 14 pesos y el esquema de pago vinculado a la tarjeta operada por la empresa financiera Broxel.  

La movilización, convocada por la Asamblea Popular contra el Tarifazo y diversos colectivos, fue la segunda en un mismo fin de semana. El sábado, otro contingente recorrió el centro de la ciudad con la misma exigencia: frenar el incremento y revisar el modelo de subsidio.  

El nuevo esquema establece que la tarifa preferencial de 11 pesos solo aplica para quienes utilicen la tarjeta bancaria denominada La Única. Para obtenerla, los usuarios deben registrarse y proporcionar datos personales, identificación, fotografía y otra información, condición que organizaciones consideran una forma de obligar a la bancarización para acceder a un servicio público.  

Además del registro, el contrato contempla un pago mensual de 5.45 pesos por cada tarjeta activa. Si el sistema alcanza la meta de cinco millones de usuarios, el costo anual de operación superaría los 327 millones de pesos, recursos públicos destinados al funcionamiento del modelo.  

Colectivos y organizaciones civiles han advertido que el sistema podría convertirse en una base masiva de clientes para servicios financieros adicionales, mientras que los usuarios asumirían costos indirectos por reposiciones o transacciones.  

El conflicto ya llegó al terreno institucional. El Congreso de Jalisco exhortó al gobernador Pablo Lemus a vetar el aumento, revisar los estudios técnicos y financieros que lo sustentan y crear una comisión especial para auditar tanto el servicio de transporte como el contrato firmado con la empresa. En paralelo, el pasado 26 de enero ciudadanos entregaron cerca de 5 mil 900 firmas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para impulsar un plebiscito contra el condicionamiento del subsidio al uso de la tarjeta.  

El organismo aclaró que la decisión sobre su procedencia corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza. El caso también ocurre en un contexto de cuestionamientos al proveedor.  

Proceso ha documentado que, entre 2019 y 2025, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México exigió a Servicios Broxel la devolución de más de 121 millones de pesos por vales no entregados, mediante múltiples oficios emitidos al límite de los plazos contractuales.  

Asimismo, el nombre de la empresa volvió a aparecer en un proceso federal reciente. En diciembre de 2025, Servicios Broxel obtuvo un contrato por más de 10 mil millones de pesos para vales electrónicos de fin de año en medio de cuestionamientos por inconsistencias en su información económica en Compras MX y por riesgos operativos en la entrega.  

Las irregularidades derivaron en denuncias ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y en la solicitud presidencial de revisar el fallo.  

Ahora, con el “tarifazo” en Jalisco, las organizaciones inconformes adelantaron que mantendrán la presión en las calles y en el ámbito jurídico.  

En tanto, de forma paralela a las movilizaciones, promovieron distintos mecanismos legales para frenar el aumento, entre ellos solicitudes de plebiscito, la ruta de un posible referendo y la preparación de amparos colectivos contra el nuevo esquema tarifario y de pago.