El general Sergio Alberto Martínez Castuera, coordinador de los Centros Penales Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, es investigado, además por el ejercicio indebido de atribuciones y presuntas irregularidades en los contratos para la construcción y operación de ocho prisiones federales, por utilizar su cargo para colocar a su hermano Héctor Leoncio Martínez Castuera, y a su hija Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo en puestos directivos del Instituto Nacional de Migración.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El responsable de vigilar y operar los penales de alta seguridad del gobierno mexicano, el general Sergio Alberto Martínez Castuera, se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) para ser imputado por ejercicio indebido de atribuciones y facultades debido a presuntas irregularidades en los contratos para construir y operar ocho penales federales.

El mando militar también enfrenta una denuncia administrativa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por nepotismo, de la que se envió copia al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Funcionario en activo, Martínez Castuera funge en la actualidad como coordinador de Centros Penales Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por lo que tiene a su cargo el funcionamiento de los Centros Penales Federales que operan bajo los contratos de prestación de servicios (CPS) y los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

En ambos casos se trata de las cárceles de mediana y alta seguridad para internos acusados de delitos federales; las primeras, bajo control de la iniciativa privada para el manejo de sus recursos financieros, y las segundas, bajo la operación directa del gobierno federal tanto a escala administrativa como de seguridad.

En los documentos a los que Proceso tuvo acceso se acusa al general de División con maestría en Seguridad Nacional de utilizar su actual cargo en la administración pública para colocar en puestos directivos del Instituto Nacional de Migración (Inami) a su hermano Héctor Leoncio Martínez Castuera y a su hija Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo.

De acuerdo con la denuncia, Héctor Martínez Castuera se desempeña como director general de la Coordinación de Oficinas de Representación del Inami, mientras que Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo es subdirectora de Migración para Asuntos de Centroamérica y el Caribe, de la Dirección General de Protección al Migrante del propio Inami.

En la carta enviada al presidente López Obrador se afirma que el nexo del militar con el funcionario de Migración es el actual comisionado del Inami, Francisco Garduño Yáñez, hombre que goza de toda la confianza del mandatario.

En el arranque del actual gobierno Garduño Yáñez fue nombrado comisionado de Prevención y Readaptación Social, cargo al que renunció el 14 de junio del 2019 cuando el presidente López Obrador lo designó titular de Migración.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2342 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.