Los proyectos de ocho prisiones para reos federales entregados a ocho consorcios privados durante el gobierno de Felipe Calderón encierran todo un entramado de delitos que la Fiscalía General de la República investiga contra un grupo de 20 personas, entre funcionarios y exfuncionarios del propio Calderón, Enrique Peña Nieto y hasta de la 4T, de acuerdo con la indagatoria del caso, a la cual este semanario tuvo acceso. Uno de los principales objetivos de la fiscalía es Sergio Montaño Fernández, exoficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) prepara contra Sergio Montaño Fernández, uno de los colaboradores más cercanos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, por la adjudicación directa de ocho contratos para la construcción y operación de cárceles federales privadas, revela que el exservidor público operó en un contexto de conflicto de interés por su relación con la empresa consultora que elaboró el proyecto.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Montaño Fernández, en su calidad de Oficial Mayor de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, cargo que ocupó entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012, utilizó un estudio realizado por la consultora McBains Cooper para impulsar y justificar los contratos de prestación de servicios (CPS) que se firmaron durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón para la construcción y operación de ocho centros penitenciarios.

Tras apoyarse en McBains Cooper para cabildear el proyecto entre 2008 y diciembre de 2010, dentro del propio gobierno y con la iniciativa privada, Sergio Montaño se convirtió en el director general de McBains Cooper México, el 13 de octubre de 2014, por lo que en la denuncia anónima que dio origen a la indagatoria se presume la existencia de un conflicto de interés que se deriva de esa relación laboral, pese a que ésta se dio posterior a su desempeño como servidor público.

Montaño Fernández es parte de un grupo de 20 funcionarios y exfuncionarios que fueron citados por la FGR ante un juez de control para ser imputados por un presunto daño a las arcas públicas por 62 mil 840 millones de pesos, derivado de la firma con sobreprecios de los contratos adjudicados por la extinta SSP a la iniciativa privada, con el fin de construir y operar ocho centros carcelarios de mediana y alta seguridad, para ser habitados por reos federales.

La audiencia de imputación en la que se iban a exponer los datos de prueba que existen contra Montaño fue aplazada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Ganther Alejandro Villar Ceballos, hasta el 18 de octubre próximo, debido a que así lo solicitaron tanto la Fiscalía General de la República como algunos defensores de los imputados.

De acuerdo con la causa penal, cuatro de los 20 involucrados en este caso van a ser imputados por asociación delictuosa y ejercicio indebido de atribuciones y facultades, incluyendo a Sergio Montaño; mientras que el resto de los indiciados sólo serán acusados del segundo delito.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2342 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.