Excluido del equipo olímpico mexicano por una denuncia de violencia familiar, delito cuya sentencia ya cumplió, el queretano José Andrés Vargas acusa a la Federación Medallistas de Luchas Asociadas de no acatar la suspensión definitiva que logró en tribunales para que se le permitiera competir en una eliminatoria, donde ganó su lugar para Tokio 2020. Decisión que, a decir del deportista y su abogado, arruinó su “momento” deportivo y lo deja también fuera de la justa olímpica de París 2024.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–  En julio pasado, el luchador queretano José Andrés Vargas fue separado del equipo nacional que asistió a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por haber sido acusado de violencia familiar, cargo por el cual pagó el daño y cumplió sentencia.

Vargas, quien llegó a posicionarse como el número uno del país en su especialidad, enfrenta una inhabilitación, reducida de dos a un año, impuesta por la Comisión de Honor y Justicia de la Federación Medallistas de Luchas Asociadas, AC (Femela), confirma a Proceso el presidente de esta asociación civil, Guillermo Díaz.

Dicha sanción aparta al deportista, por el momento, de los próximos Juegos Olímpicos París 2024, lo que equivale a perder su segundo ciclo olímpico consecutivo, luego de quedar fuera de Tokio 2020.

Desde la parte que se ventila en los tribunales puede venir un vuelco inesperado en la historia, ya que el juez tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Querétaro le otorgó a la parte quejosa, el pasado 26 de marzo, la suspensión definitiva, lo cual le permitía en ese momento continuar con su preparación clasificatoria para Tokio 2020.

De acuerdo con el expediente 163/2021, dicha suspensión fue notificada a la Femela por conducto de su abogado y presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Álvaro Herrera Enríquez.

Gracias a la suspensión, Vargas participó en marzo pasado en el Primer Clasificatorio Nacional, donde ganó en su división (77 kilos) para confirmarse como monarca nacional y, en teoría, obtuvo el derecho a formar parte de la delegación mexicana en Tokio 2020.

Sin embargo, el 26 de junio de 2021 terminó el plazo para que la Femela, reconocida por el Comité Olímpico Mexicano y la Conade, acatara la orden del juez. Antes, el 1 de junio, se dio a conocer la lista oficial de la delegación mexicana, en la cual aparece inscrito en la lucha olímpica Alfonso Antonio Leyva Yepes, en lugar del agraviado.

En su descargo ante la autoridad, el titular de la Femela alegó que se realizó la inscripción definitiva a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tal y como se acredita con la constancia correspondiente, en la que se inscribe a Leyva Yepes.

Agregó que Leyva fue el único que acreditó, mediante el seguimiento y ajuste de los planes de entrenamiento, encontrarse en plena forma física para enfrentar un compromiso deportivo de la magnitud de Tokio 2020, “pues el hoy quejoso nunca reportó a mi mandante o al cuerpo técnico, conformado por los entrenadores nacionales y metodólogos de la Conade, si se encontraba entrenando, aislado por la contingencia de covid-19.

“Es decir, se desconoce su forma y estado atlético deportivo, a diferencia de los dos atletas inscritos a Juegos Olímpicos, que permanentemente notificaron y mantuvieron al tanto a esta federación y al equipo multidisciplinario de sus planes, metas y objetivos de entrenamiento.”

Por ese motivo el abogado del luchador, José Guzmán Rodríguez, promovió el 5 de julio pasado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva en contra de la federación responsable, y por desacato a la orden de suspensión definitiva.

Luego de que su cliente no pudiera participar en los Juegos Olímpicos, Guzmán Rodríguez también plantea una indemnización que, calcula, deberá oscilar entre 2 y 3 millones de pesos por el daño psicológico, emocional y afectivo que padece el luchador a partir de la resolución de la Comisión de Honor y Justicia de la Femela, que lo dejó sin oportunidad.

En entrevista, el defensor de José Andrés Vargas revela las dos pretensiones de su cliente: “Una, que siga compitiendo porque la Femela intenta suspenderlo dos años (sanción de un año que ya está vigente)”, y dos: resarcir el perjuicio causado por inasistencia a los pasados Juegos Olímpicos. “Por este tipo de agravio, la ley nos da el derecho a solicitar una indemnización por el daño moral ocasionado”, refiere.

Guzmán precisa que el importe del resarcimiento lo determina el juez y asegura se establecería con base en los 10 años de carrera de Vargas en el deporte de alto rendimiento, “y por todo lo que dejó de percibir un atleta apartado sin causa justificada, porque no podemos asegurar que él vuelva a ir a unos Juegos Olímpicos”.

Para Guzmán Rodríguez, en el ciclo olímpico anterior el luchador estaba “en su momento” deportivo, y advierte: “Si consideramos que tenemos los elementos para denunciar penalmente al presidente de la Femela, Guillermo Díaz, por desacato, lo vamos a hacer. Eso no está en discusión. El planteamiento ya lo traemos de algunos meses atrás. Si nos hemos aguantado es porque desafortunadamente las cuestiones legales no avanzan como quisiéramos. Tampoco se trata de salir a hablar por hablar”.

José Andrés Vargas obtuvo la plaza olímpica para Tokio 2020 en el preolímpico continental de Ottawa, de 2020, en la categoría grecorromana de 77 kilos, previo a la pandemia. Pero fue denunciado en octubre pasado por su hoy expareja.

El 1 de marzo pasado el juez Gustavo Ramos Villafuerte dictó sentencia contra el deportista por el delito de violencia familiar. Vargas fue condenado a un año de cár­cel –conmutada por una multa de 2 mil pesos– y al pago de 100 mil pesos como reparación del daño. Asimismo se le impuso un año de tratamiento psicológico (Proceso 2319).

Luego de cumplir la sentencia, Vargas inició un pleito legal para que su federación y el Comité Olímpico Mexicano lo inscribieran en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Esta situación originó que la Femela instalara una Comisión de Honor y Justicia, que el pasado 8 de junio resolvió aplicarle, en principio, una suspensión de sus derechos por un término de dos años, contados a partir de la fecha en que sea ratificada, modificada o revocada dicha resolución.

Sin embargo, dicha comisión abrió un periodo de discusión de 30 minutos con sus integrantes, y mediante el procedimiento de votación abierta se modificó el castigo impuesto al atleta: redujo la inhabilitación de todos sus derechos a un año.

La posición del presidente de la Femela, Guillermo Díaz, no da margen a “los condicionamientos” de la otra parte. Además, niega que exista revancha y persecución contra Vargas.

Según Díaz, el luchador y su abogado decidieron recurrir al proceso legal “y nosotros vemos por la parte deportiva solamente”.

En suspenso

Para Guillermo Díaz, en estos momentos el luchador está fuera del actual ciclo olímpico con destino a París 2024. Así lo dictaminó, afirma, la Comisión de Honor y Justicia: “Estamos hablando de una cosa no menos grave, como lo marcan todos los estatutos, reglamentos, y en este caso la Carta Olímpica, donde lo primero que un atleta debe mostrar es un buen comportamiento en todos los sentidos. No tiene nada que ver lo judicial con lo deportivo.

“Ellos hablan de muchos amparos. En este caso pediría que me muestren un amparo del Ejército, que lo dio de baja, y un amparo del Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro, que le retiró el Premio Estatal del Deporte y el reconocimiento. También pediría el amparo del Poder Judicial, porque en su momento él estuvo detenido y le colocaron un grillete. Entonces fue culpable.”

Reconoce que en este procedimiento la parte quejosa ha interpuesto “varios amparos” –aunque él no precisa cuántos, el abogado de Vargas confirma que promovió cinco–: “Algunos se han contestado en tiempo y forma. En un amparo federal consiguieron que el deportista compitiera en una eliminatoria… Aquí se ha desviado el tema en esa cuestión, porque se enfocan en la parte legal, y de antemano sabemos que las leyes en México a veces son congruentes y en ocasiones disparejas”.

En opinión de Díaz, Vargas “no está cumpliendo la parte de la Carta Olímpica ni con los estatutos del instituto queretano que le retiró el apoyo ni con los estatutos del Ejercito, que le quitó su beca y lo dio de baja. Creo que está muy claro”.

Y revela los motivos de la Comisión de Honor y Justicia para suspender de todos sus derechos al deportista: “Un atleta debe desempeñarse con el mejor ejemplo, buenos modales, buenos principios. Y su caso ha sido juzgado, por haber sido acusado, sobre todo eso. Viendo lo que perdió, no es muy grato ni recomendable, ni tampoco buen ejemplo.

“Por otra parte, nuestro deporte involucra a las ramas varonil y femenil, incluso en uno de los amparos se consigna que él estaría en tratamiento psicológico durante un año. Quiere decir que él no está bien. Por lo tanto, reunirlo con el grupo de mujeres o de los atletas más pequeños no es muy recomendable. Estos fueron unos entre varios puntos que fueron analizados” para dicha resolución.

Además, señala, ni Vargas ni Guzmán quisieron recibir el dictamen de la resolución de la Comisión de Honor y Justicia. No obstante, el responsable de la Femela adelanta que está dispuesto a hacer una consideración “el día de mañana”, en aras de que el deportista recupere sus derechos en la federación, si bien advierte que el luchador y su abogado “están apelando por la vía legal, pero nunca lo han hecho en la cuestión deportiva… Como hay apelaciones y amparos, tenemos que ser flexibles en considerar esta parte”.

Reitera que están en posición de replantear la sanción. “Podríamos volver a reunir la Comisión de Honor y Justicia para analizar la situación, pero ellos ni siquiera se han acercado, sino que han apelado judicialmente”.

Ante la posibilidad de un acercamiento de la parte quejosa, aclara, se analizará el tratamiento psicológico que un juez le ordenó al deportista, “haciendo algunas pruebas. Se puede llegar a varios acuerdos. Lo importante es el acercamiento. Al final, lo que más le importa a la federación y a nosotros es la cuestión deportiva”.

Según Díaz, esa decisión le corresponde al atleta: “De nuestra parte nunca ha sido la intención de afectar al deportista. Jamás habrá revanchismo. Nuestro interés es meramente deportivo, y él es buen elemento, la verdad, y nos gustaría entablar alguna plática para llegar a un buen acuerdo. Lo que siempre he dicho: el lugar ahí está”.

Pero el abogado Guzmán contradice al presidente de la federación: “Hay una serie de mentiras muy absurdas, demasiado burdas, de la Femela, de los motivos que fundamentan para no llevar a Andrés a los Juegos Olímpicos, y es parte de lo que daremos a conocer –en conferencia de prensa, que de momento ha sido aplazada–, aprovechando la coyuntura de los resultados de Tokio 2020, que sólo fueron buenos para Ana Gabriela Guevara”.

Para el litigante, en este caso la Femela se saca de la manga pretextos como este: “‘No llevé a Andrés porque nunca me informó la condición física y deportiva en la que se encontraba’. Así de este tamaño. Han hecho las cosas muy mal. Por lo tanto, hemos presentado una serie de amparos”.   

Reportaje publicado el 5 de septiembre en la edición 23407 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.