María Estela Ríos González, la nueva consejera jurídica de la Presidencia, deberá atender decenas de pleitos jurídicos en juzgados y tribunales, así como controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad interpuestos, en su mayoría, por empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y organismos públicos autónomos contra las medidas impulsadas por la Cuarta Transformación.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La renuncia de Julio Scherer Ibarra a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) deja a su sucesora, María Estela Ríos González, decenas de litigios que deberá afrontar en juzgados y tribunales, así como controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que próximamente deberán debatirse en el pleno o en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La política energética del actual gobierno, para fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, es una de las que más litigios enfrenta en tribunales y en el pleno de la Corte, ya sea por juicios de amparo promovidos por decenas de empresas privadas o por controversias constitucionales presentadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

La Cofece ha presentado ante la SCJN al menos dos controversias constitucionales contra los acuerdos emitidos por la Secretaría de Energía para una nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional y la Ley de la Industria Eléctrica, normas que ya fueron suspendidas de manera definitiva por los ministros que tomaron conocimiento de estos expedientes.

Además, decenas de empresas han logrado que jueces federales especializados en competencia económica concedan suspensiones definitivas contra las nuevas leyes del sector eléctrico, con el argumento de que se trata de disposiciones legales que son contrarias a la reforma constitucional del sector energético que se aprobó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De igual manera, la Cofece presentó impugnaciones contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Esta última norma también ha sido impugnada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En todos los casos se han otorgado las suspensiones solicitadas por los organismos autónomos, por lo que los servidores públicos del INE, la Cofece y el IFT pueden seguir cobrando los sueldos que devengaban previo a la citada reforma.

Acuerdo militarista

La Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, que busca regular la publicidad oficial y la contratación de agencias de publicidad como intermediarias, también fue impugnada por el IFT y la Cofece, con el argumento de que esa norma puede llegar a quebrantar los principios de libre concurrencia y competencia económica previstos en el artículo 28 constitucional. Pese a que las controversias sobre esta norma ya fueron admitidas, el ministro instructor del caso se negó a suspender su entrada en vigor.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también ha presentado controversias constitucionales contra el Poder Ejecutivo federal, siendo una de las últimas la inclusión del organismo en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024, que el Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de junio último.

El Inegi logró que un ministro suspendiera la participación del organismo en la identificación de municipios con más carencias y en el desarrollo de un sistema de información de vivienda abandonada o vandalizada, con el propósito de que se revise si el Poder Ejecutivo invadió las competencias de la Junta de Gobierno del Instituto, al ordenarle siete acciones específicas dentro del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial.

Además, apenas el miércoles 1 la SCJN confirmó la admisión de una controversia constitucional presentada por la ahora expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, contra el acuerdo expedido el 11 de mayo reciente en el DOF para que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad pública “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” los próximos cinco años.

El llamado “acuerdo militarista” también es combatido vía juicio de amparo por organizaciones defensoras de derechos humanos, por lo que, incluso, un juez de distrito ya emitió una sentencia sobre la inconstitucionalidad del citado acuerdo, fallo que fue recurrido por el Ejecutivo federal y que, eventualmente, también podría resolverse en el pleno de la Suprema Corte.

La reforma judicial impulsada por el gobierno de López Obrador y la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) tampoco se salvaron de ser impugnadas.

En el primer caso, sigue pendiente de análisis y debate el proyecto de sentencia presentado por el ministro José Fernando Franco González Salas para declarar inconstitucional el artículo 13 transitorio de la Reforma Judicial, que ampliaba el mandato del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, hasta 2024, además de extender la duración de los consejeros de la Judicatura Federal de cuatro a cinco años.

Pese a que Zaldívar renunció políticamente a su ampliación del mandato, los ministros aún deben resolver jurídicamente la consulta extraordinaria presentada por el ministro Zaldívar, invocando el artículo­ 11, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Además, sigue su curso un juicio de amparo promovido por la Escuela Libre de Derecho contra las reformas que permiten el cambio de adscripción de los jueces y magistrados federales que prevé la propia Reforma Judicial.

Por lo que se refiere a la Ley Orgánica de la FGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad, que ya fue admitida por un ministro de la Suprema Corte.

Aunque las reformas fueron impulsadas por el fiscal general, Alejandro Gertz, el Poder Ejecutivo hizo caso omiso de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que advertían que la nueva norma permite a la FGR no volver a colaborar con mecanismos gubernamentales en materia de protección a los derechos humanos, como el Sistema Nacional de Búsqueda para Personas Desaparecidas, con el argumento de que es un órgano con autonomía constitucional.

“Los artículos controvertidos establecen que la FGR no estará subordinada al Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas; el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y, en consecuencia, no le serán vinculantes las determinaciones de las mencionadas instituciones”, señala la impugnación de la CNDH.

En la impugnación de la CNDH contra la norma expedida por el Ejecutivo Federal en mayo pasado, se advierte que la autonomía de la FGR debe ser solamente un medio para la búsqueda de la justicia y no un fin per se, es decir, como un principio inamovible en perjuicio de los derechos humanos de las víctimas.

Registros

Los litigios que mantiene el gobierno federal con otros poderes de la unión, con entidades federativas y con organismos autónomos no se pueden consultar de manera directa, debido a que la CJEF y la SCJN no generan estadísticas puntuales sobre el tema.

De hecho, la Consejería Jurídica argumentó que no realizó informes sobre los litigios que involucran a la Presidencia de la República debido a que su papel “consiste específicamente en brindar asesoría y apoyo técnico jurídico al presidente de la República”.

Por lo que se refiere a la SCJN, los reportes trimestrales que elabora sobre controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como de sus derivados, como recursos de reclamación contra la admisión o desechamiento de dichos recursos legales, no distinguen entre los litigios iniciados por la Consejería Jurídica del gobierno federal contra otros poderes y viceversa.

Por lo anterior, las estadísticas sólo revelan que entre 2018 y 2019 las controversias constitucionales entre poderes y los tres niveles de gobierno se incrementaron de 240 a 365 expedientes, mientras que de enero a noviembre de 2020 la Corte había acumulado 201 controversias, según la última actualización oficial disponible.

En ningún caso se específica cuántas ni qué expedientes corresponden a litigios del Poder Ejecutivo. Para el año en curso no existe ninguna cifra disponible por parte de la Suprema Corte.

Por lo que toca a las acciones de inconstitucionalidad que pueden interponer los organismos autónomos y minorías legislativas contra los decretos del Poder Ejecutivo federal, así como partidos contra los cambios a las leyes electorales, el máximo tribunal señala que éstas aumentaron de 115 en 2018 a 144 en 2019 y a 315 impugnaciones presentadas por esta vía hasta septiembre de 2020.

Las actualizaciones para 2021 tampoco están disponibles, pese a la relevancia de estos datos para conocer la litigiosidad del actual gobierno.

Reportaje publicado el 5 de agosto en la edición 2340 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.