La pregunta formulada en la consulta popular que tendrá lugar este domingo 1 de agosto es tan genérica y abierta, que estará sujeta a la interpretación del presidente López Obrador, independientemente de que se alcance el 40% de la votación nominal para volverla vinculante, advierte el constitucionalista Hugo Concha Cantú, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En entrevista, el también director de la revista Reforma Judicial, señala que más allá del número de votantes que acudan a la consulta, los resultados de la misma no serán vinculantes para el Poder Judicial de la Federación ni para la Fiscalía General de la República (FGR), cuyas atribuciones son distintas al resto de las autoridades federales.

Sin embargo, reconoce que un resultado favorable a la pregunta reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede ser aprovechada por López Obrador para presentar modificaciones a la Ley Orgánica de la FGR con el propósito de crear una fiscalía especial para la investigación de hechos relacionados con el pasado.

Concha Cantú considera que otra posibilidad es que se creen comisiones de la verdad, como ha ocurrido en otros países y que es la exigencia a la que le han apostado las organizaciones de víctimas.

No obstante, indica que una pregunta tan genérica y abierta como la utilizada para el 1 de agosto puede tener varios significados: “Puede significar crear comisiones de la verdad, que es la propuesta que están esperando los colectivos de derechos humanos… pero en realidad iniciar un proceso de esclarecimiento de acciones políticas del pasado puede significar muchísimas cosas; entonces sólo vincula al presidente de la República y a las autoridades subordinadas o dependientes de él, a que arranquen este proceso de esclarecimiento que se plantea en la pregunta de la consulta”.

La pregunta referida dice textualmente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Facultades discrecionales

El integrante del Comité Promotor de la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes, Mario Solís, coincide con el jurista en que los resultados de la misma podrían dar origen a la creación de una comisión de la verdad, destacando que esa misma posibilidad se menciona en la sentencia aprobada por el pleno de la SCJN en octubre de 2020 y en la cual se reconoció la constitucionalidad de la consulta popular.

Sostiene: “Lo que nos dice la SCJN en su dictamen es que esta pregunta debe ser tendiente a esclarecer la verdad, por eso se tiene que hacer una investigación, y la Corte es muy clara: se tienen que integrar comisiones de la verdad para saber si se cometieron ciertos delitos y ciertas irregularidades, así como para saber qué responsabilidades podemos fincarle a los actores políticos del pasado, porque no todas las decisiones que tomaron esos actores políticos del pasado tenían en ese momento un tipo penal para ser sancionados o porque no había leyes que regularan actuaciones que sí afectaron directamente a millones de personas, como el error de diciembre”.

En la sentencia referida, la SCJN estableció que para el esclarecimiento de hechos pasados en México, el Poder Ejecutivo cuenta con facultades discrecionales que le permiten un abanico de posibilidades para atender a los resultados de la consulta: “Desde la creación de mecanismos novedosos para esclarecer algunos hechos en específico, como en algunos países que han decidido garantizar el derecho a la verdad, hasta mecanismos que permitieran a las autoridades competentes allegarse de elementos suficientes para iniciar procedimientos de responsabilidad en términos de lo establecido por el Título Cuarto de la Carta Suprema”.

Sobre este punto, Solís destaca que la palabra vinculante “no es limitativa, por lo que basta un resultado positivo a la pregunta de la consulta para que el presidente Andrés Manuel López Obrador atienda los resultados de la misma, sin importar que no hayan votado los 37 millones de personas que se requerían para volver este ejercicio “vinculante jurídicamente”.

“La palabra vinculante no es limitativa; eso quiere decir que aunque no se llegue a la meta de votación para volverla vinculante en términos jurídicos, los poderes Ejecutivo y Legislativo sí pueden tomar en cuenta los resultados de la consulta popular, mas no están obligados jurídicamente para actuar en términos de la pregunta planteada. Eso no quiere decir que si no se cumple con  el requisito de participación previsto en la Constitución, estén impedidos de realizar actos tendientes a cumplir con las demandas a esa pregunta, es decir, que la palabra vinculante no limita a no cumplir con los resultados.”

Sobre este punto, Concha destaca que “con una interpretación rígida constitucional no sucedería nada porque no es vinculante”. Sin embargo también advierte que políticamente el presidente López Obrador, “que no deja pasar una, seguramente va a interpretar los resultados para lo que quiera hacer.

“Si el presidente López Obrador pretende crear una fiscalía especial o crear comisiones de la verdad, con que gane el sí, no importa ni por cuántos votos, lo puede llevar a cabo. Ahora, si el presidente es consecuente con su postura de no involucrarse en una persecución a los expresidentes para ir hacia adelante y no gastar ni energía ni recursos en delitos cometidos por los expresidentes, también puede decir que la consulta ni fue vinculante o no tuvimos los votos que se requerían; por tanto, el pueblo ya decidió que vamos a dejar el pasado en el pasado, realmente va a ser una interpretación política del presidente López Obrador.”

Reportaje publicado el 1 de agosto en la edición 2335 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.