Guardia Nacional
Guardia Nacional: poder creciente y sin controles
Un informe del Centro Agustín Pro Juárez documenta que, en dos años de existencia, la Guardia Nacional ha recibido un número creciente de denuncias por graves violaciones a los derechos humanos.
Un informe del Centro Agustín Pro Juárez documenta que en dos años de existencia la Guardia Nacional ha recibido un número creciente de denuncias por graves violaciones a los derechos humanos. Además, sus controles institucionales son inefectivos, tanto los externos –como la FGR o la CNDH, que muestran “complacencia” ante los abusos que comenten los efectivos castrenses– como los internos, en particular la Unidad de Asuntos Internos, cuyo titular, el general David Enrique Velarde Sigüenza, estuvo presuntamente vinculado a casos de tortura cuando estuvo al frente de la Policía Judicial Militar.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Sin efectivos controles internos ni externos, la Guardia Nacional (GN) cumplió dos años de existencia conservando las prácticas de abusos de las Fuerzas Armadas, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia una reforma constitucional para que la agrupación forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que “culminaría una abdicación del poder civil ante el militar”, alerta el informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En más de 300 páginas –resultado de múltiples solicitudes de información a distintas dependencias– esta organización civil que desde hace tres décadas ha representado a víctimas de abusos militares y policiacos, confirma cómo ha ido cobrando fuerza el poder castrense en el país, acentuándose la militarización durante el gobierno de López Obrador, quien, como político opositor, fue un duro crítico de la estrategia de seguridad pública militarizada de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, misma que se comprometió a revertir durante su campaña por la presidencia en 2018.
“Tenemos una militarización que se ha agudizado a partir de al menos 10 cambios legales muy profundos y duraderos por su propia naturaleza, y sin duda alguna el Ejército obtuvo el marco legal que buscó en los sexenios de Calderón y de Peña”, advierte Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh, tras urgir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a definir de una vez por todas la constitucionalidad de cuatro leyes secundarias impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante la gestión de Luis Raúl González Pérez.
Publicado en el contexto del segundo aniversario de la creación de la GN, el informe del Centro Prodh da cuenta de la falta de controles considerados en la reforma constitucional que le dio vida.
“Vemos mucha complacencia con la profundización de la militarización, mientras que los controles no están funcionando como deberían, los externos y preexistentes como la CNDH y la Fiscalía General de la República (FGR) tienen una complacencia excesiva con las Fuerzas Armadas; los controles externos específicos que se crearon con la GN, como la supervisión parlamentaria por parte del Senado, no están siendo exhaustivos, tanto así que el informe de la GN de 2020 no se ha presentado; mientras que los controles internos, que es la Unidad de Asuntos Internos, están en manos de personajes con antecedentes muy preocupantes en materia de derechos humanos, lo que implica que no van a funcionar adecuadamente”, resalta Aguirre en entrevista.
Hasta marzo de este año, la GN estaba formada por 101 mil 182 integrantes, 75% de origen castrense, con 28 coordinadores estatales provenientes de la Sedena y cuatro de la Secretaría de Marina (Semar).
De los más de 100 mil efectivos de la GN, menos de 20% acreditaron exámenes de control de confianza, “sólo se han practicado 19 mil 402 procesos de evaluación”, lo que para el Centro Prodh “hace más grave esa fragilidad en los controles internos”.
Dentro de la estructura de la GN “el único control interno relevante” considerado en la Ley de la GN es la Unidad de Asuntos Internos, cuyo titular es nombrado por el presidente de la República.
En la actualidad, quien encabeza la Unidad es el general David Enrique Velarde Sigüenza, personaje con un negro historial durante su paso por la Policía Judicial Militar (PJM), dependiente de la Procuraduría General de Justicia Militar.
Desde 2003 Proceso ha dado cuenta de que durante su paso por la PJM estuvo involucrado con su personal en actos de tortura contra miembros del Ejército con el propósito de vincular al general Ricardo Martínez Perea con el Cartel del Golfo en Tamaulipas. Igualmente, este semanario consignó los señalamientos que la CNDH hizo contra el general.
El nombre de Velarde Sigüenza también salió a relucir por hechos similares ocurridos durante el gobierno de Calderón: toleró la tortura de soldados para encauzar a oficiales de alto rango por delincuencia organizada, robo y desaparición forzada. En tanto que en 2015, como responsable del Octavo Regimiento Mecanizado, estuvo a cargo de la vigilancia de la seguridad perimetral del Cefereso de Almoloya de Juárez, cuando, a través de un túnel construido exprofeso, se fugó el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera el 11 de julio de ese año. (Proceso 1889, 1914, 1933, 2018, 2020 y 2022).
