Metro CDMX
Línea 12: muchos dictámenes, pocas soluciones
Con 30 minutos de retraso, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llegó el miércoles 16 a la cita en la que directivos de la empresa noruega DNV hicieron oficiales los primeros hallazgos técnicos sobre las causas que provocaron la mayor tragedia de la Línea 12 del Metro.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con 30 minutos de retraso, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llegó el miércoles 16 a la cita en la que directivos de la empresa noruega DNV hicieron oficiales los primeros hallazgos técnicos sobre las causas que provocaron la mayor tragedia de la Línea 12 del Metro y una de las más grandes de su gestión en la Ciudad de México.
Tras la presentación del Dictamen preliminar fase I, comenzaría un largo proceso para rehabilitar la “Línea Dorada” e identificar y sancionar penal y administrativamente a los responsables de la muerte de 26 personas, las lesiones a más de 90 y las afectaciones a más de 200 mil usuarios del oriente de la capital.
Aunque volvió a aclarar que “las responsabilidades derivadas de empresas o servidores públicos son competencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX)”, tras conocer que el colapso de una trabe metálica del tramo elevado cerca de la estación Olivos “fue provocado por una falla estructural” asociada a seis deficiencias en el proceso de construcción, Sheinbaum se adelantó y entabló comunicación con las empresas Carso e ICA –hasta el viernes 18, aún faltaba Alstom– para convocarlas a una mesa técnica y a que asuman los costos de la rehabilitación de la L12.
Anomalías de construcción
Los resultados preliminares de DNV y del CICM confirmaron lo que se ha dicho desde antes de su inauguración: que se construyó con fallas en su diseño y estructura.
Pero también traen a la memoria la serie de irregularidades detectadas prácticamente desde que se colocó la primera piedra el 23 de septiembre de 2008: la polémica sobre la compra de trenes con llantas férreas presuntamente incompatibles con las vías, y el adeudo que reclamaron las constructoras, mediante un juicio civil ordinario, desde diciembre de 2012 por unos 5 mil millones de pesos gastados en obras adicionales al contrato número 8.07 C0.01T.2.022 y gastos financieros por el atraso de pagos.
