Representantes de víctimas de violaciones a los derechos humanos en México, cuyos casos ya obtuvieron sentencia de la Corte Interamericana, denuncian que pese a recibir las notificaciones y estar obligado a cumplirlas, el gobierno federal sólo atendió algunas y lo hizo parcialmente, por lo que a decir de representantes de las familias afectadas, “raya en el desacato”. Esto los obliga a pedir la intervención de las instancias internacionales para que se cumplan cabalmente las resoluciones de casos como el de Pasta de Conchos; la desaparición de los jóvenes Alvarado, de Chihuahua, y las mujeres agredidas en San Salvador Atenco.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La falta de respuesta a víctimas que recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos revela que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es distinto al de sus antecesores.

Peor aún, la decisión del mandatario de desaparecer 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que era operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), muestra sus estragos en el incumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que el Estado mexicano está obligado a cumplir.

Botones de muestra son las sentencias contra México por la tortura sexual a 11 mujeres en San Salvador Atenco en mayo de 2006 y por la desaparición forzada de tres integrantes de la familia Alvarado, de Chihuahua, cometida por miembros del Ejército en diciembre de 2009, ambas resoluciones notificadas por el tribunal regional en el primer mes de la administración de López Obrador.

Sucede lo mismo con el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emprendido por más de mil 100 familiares de 65 mineros fallecidos por el derrumbe de una mina en Pasta de Conchos, Coahuila, 63 de ellos atrapados en los escombros.

Ante el incumplimiento de las resoluciones de los casos Atenco y Alvarado –dos de las 10 resoluciones contra México emitidas por la CoIDH desde 2009– las representaciones legales de las víctimas de ambos casos solicitaron al tribunal regional que convoque al Estado a audiencias públicas para que explique su falta de respuesta que raya en el desacato, de acuerdo con documentos enviados al tribunal y consultados por este medio.

En el caso de Pasta de Conchos, los representantes legales solicitaron a la CIDH que convoque a una reunión de trabajo con representantes del Estado mexicano, ante la falta de reconocimiento de los más de mil 100 peticionarios.

El 2 de mayo, a unas horas de que se cumplieran 15 años de la represión a una movilización ciudadana en San Salvador Atenco, y poco más de haberse reunido por única ocasión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, cuatro mujeres en representación de 11 agraviadas que acudieron al tribunal regional denunciaron que, de nueve lineamientos establecidos en la sentencia, sólo dos se han cumplido.

Esto, enfatizaron, mantiene el caso en la impunidad, sin que hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) haga efectiva su facultad de atracción de la indagatoria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2327 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.