CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En el contexto de la implementación de la Guardia Nacional y tras las sentencias condenatorias al Estado mexicano emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos “Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México” y “Alvarado Espinoza y otros vs. México”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló la necesidad de cumplir con cada uno de los puntos de dichas sentencias y garantizar que acciones similares no se repitan. Para la CNDH la emisión de ambas recomendaciones "resulta de especial relevancia en el contexto de las deliberaciones que actualmente se llevan a cabo para reformar la Constitución a efecto de replantear las funciones, integración y operación de la Guardia Nacional, en tanto establece o reitera diversos criterios sostenidos por dicha instancia, que son vinculatorios para el Estado mexicano y que, necesariamente, tendrán que ser tomados en consideración para que el resultado de dichas reformas no vulnere derechos humanos". Mediante un comunicado, la CNDH señaló la importancia "de que se cumplan todos los puntos de dichas sentencias, a efecto de que se hagan efectivos los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que asisten a las víctimas y se garantice la no repetición de hechos similares". Previamente, la CoIDH reprobó los actos de tortura física, psicológica y sexual contra 11 mujeres detenidas arbitrariamente en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2002 cuando el expresidente Enrique Peña Nieto era gobernador en dicha entidad. La CNDH destacó que en el caso “Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México” es relevante la previsión de generar en un plazo de dos años  un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México y "se establezca un mecanismo de monitoreo y fiscalización independiente, para medir y evaluar a dichas instituciones en aspectos tales como efectividad de los operativos en que participen y uso debido de la fuerza, además de que brinde retroalimentación sobre las mejoras institucionales que procedan". La CoIDH encontró “intencionalmente” responsable al Estado mexicano de la desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Alvarado durante la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua realizado en el Ejido BenitoJuárez en 2009. Sobre este caso la CNDH consideró satisfactorio que el fallo de la Corte incluye criterios específicos para México sobre el incremento en la participación del Ejército en las labores de seguridad ciudadana, y expone la necesidad de que las mismas sean fiscalizadas por órganos civiles e independientes. Cuando excepcionalmente las fuerzas armadas intervengan en tareas de seguridad su participación debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada, recordó la CNDH en relación a las observaciones de la CoIDH.