Lleva 12 años en el mismo cargo en Guanajuato –primero como procurador; luego como fiscal estatal– y le faltan otros siete. Pero esa prolongada encomienda no lo convierte per se en el mejor impartidor de justicia, ni siquiera con el espaldarazo de Estados Unidos y del gobernador en turno, el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo… Cuando Carlos Zamarripa Aguirre se inició en esas lides la ola criminal era incipiente en la entidad; hoy, ésta es devorada por la violencia y la inseguridad, pero él se ha dedicado más a convertir la dependencia que encabeza en un búnker con sofisticada tecnología que a proteger a los guanajuatenses. 

GUANAJUATO, Gto. (Proceso).- Es un soleado octubre de 2020. Carlos Zamarripa Aguirre camina con cara de satisfacción por la explanada de la Fiscalía General del Estado (FGE). Lo hace flanqueado por el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Se dirigen a inaugurar unos modernos laboratorios forenses.

El diplomático estadunidense fue elogioso con Guanajuato. Lo calificó como modelo de colaboración en seguridad y desarrollo económico de México; por ello, el equipamiento y asesoría corrió por cuenta de los vecinos del norte.

No parece haber sombras para Zamarripa, quien se convirtió en el hombre más poderoso de Guanajuato. Fue procurador durante 10 años y, tres gobernadores consecutivos lo han avalado de manera incondicional y con grandes presupuestos; recibe elogios y deferencias de autoridades de Estados Unidos, mientras una creciente violencia se ensaña con el estado (Proceso 2284).

En 2019, una reforma legal le otorgó total autonomía a Zamarripa y se convirtió en fiscal por un periodo de nueve años, por lo que todavía le quedan siete para acrecentar su poder.

De los 30 años que el PAN ha gobernado el estado, 12 pueden ser contados como la era Zamarripa. De llegar al final de su mandato, en 2028, habrá durado 19 años en funciones, un hecho sin precedente en América Latina. En México el promedio en este puesto es de tres años; el segundo fiscal con más tiempo –Alejandro Gómez, del Estado de México– está por cumplir siete años.

Afuera del amurallado recinto donde Zamarripa despacha como fiscal, hay un Guanajuato distinto que acumula el mayor número de asesinatos del país por dos años consecutivos.

En menos de una década el estado se convirtió en un territorio de expansión del crimen organizado desde donde un cártel local –el de Santa Rosa de Lima, en Villagrán– ganó fama mundial por el robo millonario de combustible a Pemex, por amenazar al presidente Andrés Manuel López Obrador y por la declaración de guerra al Cártel de Jalisco Nueva Generación, que recrudeció las atrocidades y homicidios (Proceso 2198 y 2211).

Zamarripa estudió un curso en el FBI que suele destacarse en su trayectoria y que trató de replicar aquí cuando creó la Agencia de Investigación Criminal, al frente de la cual está uno de sus hombres de más confianza: José Antonio Torres Ramírez, un especialista en sistemas computacionales.

Desde ahí se operan sistemas de vigilancia y controles verticales de carpetas de investigación, además de que sus operaciones han levantado sospechas de ser usadas políticamente y porque se mezclan con el Poder Ejecutivo estatal.

Además de su curso de 10 semanas en la academia del FBI en Quántico, Virginia, y un diplomado de 10 semanas en derecho criminal en la Universidad de Virginia, Zamarripa Aguirre se ufana de haber acreditado capacitaciones en Chile, Colombia, Israel y con la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Pero los documentos que lo certifican no están al alcance del público pues se consideran “información sensible” para la seguridad del estado, según la respuesta a una solicitud vía transparencia.

Un gran currículum

En 11 años el presupuesto de la FGE se ha incrementado en más de 160%. Según la cuenta pública: del 1 de enero de 2009 al tercer trimestre de 2020 el fiscal ejerció un gasto de 20 mil 967 millones de pesos (mil millones de dólares). Guanajuato fue el cuarto estado que más presupuesto destinó a su fiscalía en 2019, detrás de las de la Ciudad de México, el Estado de México y Chihuahua.

Los apoyos provenientes de la Iniciativa Mérida, constantemente ostentados en el discurso público, se desconocen en montos y efectividad, pues la dependencia clasificó por cinco años la información porque “se pone en riesgo la persecución de los delitos”.

Veintiún áreas de la fiscalía dependen directamente del despacho de Zamarripa, incluyendo al órgano interno de control, la unidad de transparencia y la visitaduría general. Es decir, el fiscal se autoevalúa, vigila, castiga y controla la información que le requieren.

Frente a tal respaldo y poder se levanta una torre de agravios. Han sido años de sumar manifestaciones de familiares de desaparecidos, mujeres que piden cuentas por los feminicidios, estudiantes que reclaman justicia por sus pares asesinados. Ni siquiera la pandemia de covid-19 logró parar las protestas en las calles.

Mientras tanto es recurrente el señalamiento del presidente López Obrador de que en Guanajuato “hay complicidades” entre los grupos criminales y autoridades locales, haciendo referencias a los mandos que “tienen mucho tiempo en sus cargos”, como pasó en junio de 2019, cuando fueron detenidas la madre y hermana del Marro –líder del Cártel de Santa Rosa– y posteriormente liberadas por un juez a causa de errores de la FGE (Proceso 2279).

La impaciencia va en aumento en el propio gobierno federal, de acuerdo con una versión verificada con funcionarios de esa administración.

Los gabinetes de seguridad del gobierno federal y del estado tuvieron un tenso encuentro el 16 de febrero último en la Ciudad de México.

Ante López Obrador y el gobernador Rodríguez Vallejo se mostraron las desastrosas cuentas en el rubro de seguridad en el estado y desde la federación se apuntó a un principal responsable: el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, según el testimonio de un integrante del gabinete federal de seguridad, quien pidió no revelar su nombre.

Fue una reunión al más alto nivel político con la secretaria de seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, y los titulares del Ejército y la Marina.

La fuente narró que el gobernador y Zamarripa llegaron muy optimistas. Alardearon sobre una incipiente reducción en el número de homicidios (de 30% en el primer mes de 2021, pero apenas en comparación con el inicio de 2020, en el pico máximo de la violencia), pero fueron interrumpidos de manera abrupta.

El gabinete federal y los jefes militares les dijeron que la situación es muy diferente en Guanajuato, donde todo está muy descompuesto; al fiscal incluso se le pidió directamente “hacerse a un lado”, pues lo responsabilizaron de la situación y cuestionaron el respaldo político que le da el gobernador.

La discusión subió de tono, según este testimonio. Y cuando se le exigió al gobernador Rodríguez Vallejo tomar decisiones de fondo, que incluyen cambios en su gabinete de seguridad, su negativa fue rotunda.

En cuatro ocasiones se solicitó una entrevista con el fiscal Carlos Zamarripa por medio de su equipo de comunicación social, para saber su versión. Hasta el cierre del número 2322 de la edición impresa de Proceso no hubo respuesta.

De las “callejoneadas” a las masacres

Zamarripa creció en el popular barrio de San Juan Bosco, en León. Para costear la universidad recurrió a una beca educativa, incluso trabajó duro como mesero en sus tiempos libres antes de ingresar a la Procuraduría General de Justicia del Estado como auxiliar. Lo hizo a mediados de los noventa.

En 2009, cuando se quedó al frente de la dependencia –antecedente de la actual FGE–, Guanajuato se encontraba entre los estados con menor violencia en el país.

Incluso cuando el entonces presidente Felipe Calderón comenzó un combate frontal al crimen organizado, el Índice Delictivo del Centro de Investigación para el Desarrollo colocaba a esta entidad en el lugar 18 en el mapa, con una “incidencia media baja”, reportando 4.2 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la media nacional e incluso de la tasa de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (4.5).

Hoy, Guanajuato vive inmerso en una espiral de violencia que llevó su tasa de homicidio por 100 mil habitantes (55.99) a ser la cuarta más alta a nivel nacional; supera a las de países como El Salvador (52.0), Jamaica (43.9) y Honduras (38.9); su nivel de impunidad es de 90% en este delito.

En 11 años los asesinatos crecieron 215% y ubicaron a la entidad como la más violenta de México en números absolutos.

Mientras tanto, Zamarripa Aguirre levantó su búnker, con apoyo del gobierno de Estados Unidos. Construyó una sede ostentosa, con helipuerto, laboratorios de primer mundo y sofisticada tecnología de la información.

El sector privado ha avalado la asignación creciente de recursos a la adquisición de equipos para la seguridad, mientras que el Congreso del estado ha sido incapaz de llamar a cuentas al poderoso fiscal. En su última comparecencia, realizada de forma virtual por la pandemia, le fueron enviadas previamente las preguntas y los diputados no tuvieron derecho de réplica.

La suma de recursos de la FGE y la Secretaría de Seguridad del estado –las dos áreas a cargo de las tareas de seguridad y procuración de justicia en la entidad–, es abrumadora: 2 mil 500 cámaras conectadas por 300 kilómetros de fibra óptica a lo largo y ancho del estado, 100 arcos carreteros con lectores de placas, un área de tecnología e inteligencia a la que no le es ajeno el espionaje digital y la intrusión telefónica, el sistema centralizado de administración de carpetas de investigación.

Con frecuencia, el fiscal y el secretario de Seguridad estatal, Álvar Cabeza de Vaca, acuden juntos a restaurantes, partidos de futbol del equipo León, así como a eventos sociales; viven en el mismo fraccionamiento e incluso se les conoce como “el dúo dinámico”.

Desde Estados Unidos no le faltan medallas al fiscal. Un informe para el Congreso de ese país resaltó que “funcionarios estatales capacitados por Estados Unidos en Guanajuato arrestaron al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima y su sucesor”, soslayando el liderazgo de las fuerzas federales en el operativo.

“El gobierno de los Estados Unidos no ha dejado de apoyar a Guanajuato y prueba de ello son los 11 laboratorios de diferentes disciplinas forenses que se encuentran acreditados internacionalmente, gracias al trabajo conjunto de la Iniciativa Mérida y las autoridades mexicanas”, dijo en octubre pasado el entonces embajador Landau, al inaugurar el laboratorio de la FGE.

Otro informe de la Comisión sobre Políticas de Drogas del Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos difundido en diciembre pasado destaca: “con la asistencia del INL (International Narcotics and Law Enforcement Affairs), el fiscal del estado de Guanajuato ha desarrollado una agencia de investigación criminal con tecnología forense moderna, que incluye análisis de ADN y balística. La agencia, que está convirtiéndose en un modelo para otros estados, reúne a técnicos forenses, fiscales y policías investigadores, proporcionando a todos formación y sueldos profesionales”.

Pero el reporte no recoge las voces de las familias de las víctimas, en particular las de personas desaparecidas –que hoy ubican a Guanajuato en tercer lugar nacional con mil 252 casos–, quienes han dado cuenta de que la Fiscalía no inicia las investigaciones para localizar a sus familiares; tampoco los análisis efectuados a los más de 268 restos humanos encontrados en 109 fosas entre 2009 y julio de 2020 (Proceso 2292 y 2316).

Hoy ni con los recursos y apoyos del gobierno estadunidense logran que la fiscalía que encabeza Zamarripa dé tranquilidad a Guanajuato; la inseguridad ya se refleja en pérdida de inversión y puestos de trabajo.

Un ejemplo es el de la manufacturera alemana Eckerle de México, que empleaba a 340 mujeres para la fabricación de autopartes en el municipio de Juventino Rosas. Las extorsiones de los sicarios del Cártel de Santa Rosa de Lima la obligaron a trasladarse a Querétaro en 2019, informó el dirigente sindical Hugo Varela Flores.

El defensor del fiscal

“Tenemos la mejor fiscalía del país, con el menor nivel de impunidad, aunque a algunos les duela”, dijo Rodríguez Vallejo en un evento ante el fiscal y citó el estudio Hallazgos 2019 de México Evalúa, que en su índice de impunidad ubica al estado como la segunda entidad más efectiva, al haber ofrecido algún tipo de respuesta a 26 de cada 100 casos denunciados, sólo después de Baja California, que atiende 33 de cada 100. El promedio nacional es de apenas 7.6.

Con datos similares, Zamarripa ha convencido al gobernador de su eficacia. Al presentar su informe de 2020, el fiscal alardeó de tener la mejor posición de México en cuanto a determinaciones “en sede ministerial”.

Pero se trata de un indicador en el que Guanajuato casi dobla el promedio nacional: de cada 100 delitos investigados en Guanajuato ese año, 73 fueron resueltos mediante mecanismos que suenan a todo, menos a un combate directo contra la impunidad: archivo temporal, abstención de investigar, no ejercicio de la acción penal, incompetencia, acumulación…

Más de 40% de los casos que se determinan en el Ministerio Público se van a “archivo temporal”. El propio estudio de México Evalúa esgrimido por Zamarripa y el gobernador advierte con claridad que “esta figura está siendo utilizada como un mecanismo para ocultar el rezago institucional de las fiscalías”.

Es más: el más reciente estudio de México Evalua, “Fallas de origen”, publicado en abril pasado 2021, sitúa a Guanajuato como uno de los tres estados peor evaluados en confiabilidad estadística criminal, sólo rebasado por Tamaulipas y Tabasco. Lo que más afecta a esos estados es el componente “irregularidades en los homicidios culposos”. Pero no sólo eso, también el renglón de los homicidios dolosos, los derivados de la violencia intencional, tiene a Guanajuato entre las entidades peor calificadas por la calidad de su información, sólo superado por Sinaloa.

Durante la gestión de Zamarripa se han denunciado más de 1.12 millones de delitos, frente a una cifra negra que se mantiene sobre un 90% de delitos que no se denuncian, calculados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Y aun cuando la fiscalía de Zamarripa se precia de ser la más eficiente, en 2020 cerró con 4 mil 940 homicidios registrados, de los que 413 fueron de mujeres. Sólo 13% de las carpetas iniciadas por la dependencia en todos los casos pasó a manos de juez, según el Poder Judicial estatal.

En marzo de 2018 ocurrió una de las primeras y más impactantes masacres en el municipio de Purísima del Rincón, en un bar atestado donde se llevaba a cabo una pelea de gallos. Entre las ocho víctimas se encontraba el padre del entonces alcalde panista de San Francisco del Rincón, Ysmael Pérez García. Días después, tres hombres fueron detenidos por los grupos de élite de la fiscalía, a quienes se responsabilizó de ese multihomicidio y otros crímenes.

El 4 de marzo pasado, el mismo día en que el gobernador Rodríguez Vallejo sostenía en su tercer informe que “aquí sí metemos a la cárcel a los criminales”, los tres imputados fueron absueltos por un juez estatal debido a que la Fiscalía no logró acreditar la culpabilidad.

Pero el fiscal no se achica. En su último informe dijo a los diputados: “sería una falacia decir que somos ineficientes”.

En los 12 años de Zamarripa Aguirre al frente de la dependencia lleva acumuladas 2 mil 496 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos; una cada dos días en promedio.

Tortura, lesiones, homicidio, denegación de justicia, arresto arbitrario, extorsión, violación al derecho de petición, ejercicio indebido de la función pública e irregularidades en la integración de averiguaciones previas fueron violaciones que derivaron en 589 recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Para el fiscal son “hechos derivados de la fragilidad humana”, como les dijo a los diputados.

Otras acciones de la fiscalía han sido vistas como venganzas políticas.

El 11 de mayo de 2018 fue asesinado el candidato de Morena José Remedios Aguirre Sánchez, quien buscaba la Presidencia Municipal de Apaseo El Alto, en la región llamada “triángulo del huachicol”. Le dispararon dos sicarios que huyeron a bordo de un automóvil plenamente identificado.

El asesinato desató duras recriminaciones de todo el aparato de Morena, incluidas las que el entonces candidato presidencial López Obrador hizo al gobernador Miguel Márquez. Seis días después del homicidio, Zamarripa aseguró que Aguirre Sánchez se encontraba vinculado con grupos de huachicoleros, basado en presuntas llamadas y mensajes encontrados en su teléfono celular.

La investigación pareció terminar con la criminalización de la víctima. En tres años el homicidio no ha sido resuelto.

“Un fiscal por 20 años es una locura, ¿qué implica tener tanto tiempo a una autoridad? No son reyes, una autoridad tiene un plazo con el objeto de exigir rendición de cuentas”, sostiene en entrevista Mara Gómez, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.

La exvisitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye: tomando en cuenta los 12 años que Zamarripa lleva en el cargo, “los datos de Guanajuato son terribles. Evidentemente no han tenido voluntad en mejorar el sistema de justicia y lo que ha mejorado es por la lucha de la sociedad civil”.

*Esta publicación fue realizada por POPLab y CONNECTAS en colaboración con Aristegui Noticias y Proceso con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas. Para consultar la investigación completa puedes dar click aquí.