La obcecación del gobernador guanajuatense Diego Sinhue Rodríguez por mantener a Carlos Zamarripa al frente de la procuración de justicia y a Álvar Cabeza de Vaca como jefe de la policía, tiene un alto costo para su estado y para el resto del país. Con la violencia en niveles inauditos, el mandatario estatal prefiere enfrentarse con el gobierno federal y encajar las críticas de sus ciudadanos con tal de no tocar a los poderosos funcionarios transexenales. GUANAJUATO, Gto. (Proceso).– El fallo judicial que determinó la liberación de María Eva Ortiz, madre de José Antonio Yépez, El Marro, provocó un choque del gobierno estatal con el federal, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, responsabilizaron en gran medida al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa Aguirre. Ortiz salió de prisión el 28 de junio. Meses antes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo, se quejó de que el gobierno guanajuatense no entregaba información fidedigna sobre el panorama delictivo. Pero esta vez tanto el presidente como Gertz Manero expresaron sospechas sobre el desempeño de Zamarripa y lo señalaron, junto con el Poder Judicial del estado, de los yerros y omisiones graves que llevaron a un resultado desastroso el operativo conjunto con fuerzas federales del 20 de junio en la comunidad de San Isidro de Elguera, municipio de Celaya. El gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo respaldó la versión de la FGE, según la cual el Ministerio Público federal se negó a atraer la carpeta de investigación y el proceso de las cinco personas señaladas como “operadoras financieras” del cártel de Santa Rosa de Lima –que lidera El Marro–, entre ellas María Eva Ortiz. En un comunicado posterior a la liberación de la madre del Marro, el fiscal estatal Carlos Zamarripa afirmó que la intervención de sus agentes fue “a petición de la autoridad federal en materia de seguridad, quienes realizaron una operatividad en la mencionada comunidad y tenían información sobre operaciones de miembros de un cartel del crimen organizado”. Aunque la presencia de las corporaciones policiacas en San Isidro de Elguera fue ampliamente difundida poco después de las 16:00 horas, la FGE refirió que entregó la solicitud de orden de cateo a las 18:31 y que el Poder Judicial la concedió “a las 20 horas con 31 minutos, por lo que, una vez obtenido el mandato judicial, se intervino”. Añadió que la juez del fuero común dictó el auto de no vinculación a proceso a favor de los cinco detenidos porque “lamentablemente, aproximadamente a las 4 de la tarde afectaron el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio sin orden judicial, probablemente por autoridades que hasta el día de hoy se desconoce qué personas fueron las que ingresaron a sus domicilios”. En entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, el 30 de junio, el fiscal Gertz Manero acusó al titular de la FGE guanajuatense: “Ahora salen a decir que todo lo que se les pasó fue porque nosotros no aceptamos quedarnos con lo que ellos habían hecho mal… ¿Es un montaje? Pero por supuesto, es una irregularidad procesal. Es una falta de respeto a la función que tenemos, uno tiene que ser honesto no nada más con el dinero, sino con las conductas”. Luego, el fiscal general de la República anunció que iniciaría un procedimiento para determinar “si existe alguna imputación de carácter legal” contra Zamarripa, ya que el estado “lleva cinco años en ser verdaderamente un infierno de violencia y este señor fiscal lleva 11 años ahí…No pueden estar manejando una institución a base de chismes y de imputaciones mediáticas, es una cosa muy seria”. Ese cateo anómalo del 20 de junio desató reacciones sanguinarias como el asesinato de uno de los abogados de la madre del Marro; la ejecución de tres policías municipales de Silao, así como la masacre de 26 internos de un anexo para rehabilitación de adictos en Irapuato. La mañana del viernes 3, en el cambio de turno del Mando Único Estatal entre los Apaseos y Jerécuaro, un comando de civiles armados persiguió a un grupo de agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado; ejecutó a cinco e hirió a dos.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2279 de la revista Proceso, ya en circulación.