Las denuncias que Andrés Manuel López Obrador hace desde la tribuna de sus conferencias mañaneras contra presuntos delitos electorales han detonado una polémica nacional en torno a si es ilegal su intervención en los comicios estatales, particularmente en Nuevo León, donde ha señalado a los candidatos de oposición. Al respecto, los investigadores Jaime Cárdenas y Miguel Ángel Eraña Sánchez analizan la conducta presidencial y exponen los retos que le deparan a la autoridad electoral en este contexto de crispación política.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Hace casi un año, el 23 de junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante el proceso electoral 2020-2021 denunciaría los delitos electorales, evitaría el fraude electoral y, de plano, se convertiría en el “guardián de las elecciones”.

La advertencia fue polémica por esos días, pero ahora que se ha materializado desde la segunda semana de mayo, ha detonado diversas acusaciones contra el Ejecutivo federal por intromisión en la contienda.

Renuente a suspender sus conferencias de prensa mañaneras, el mandatario acumula diferentes quejas por expresiones que tienen que ver con información sobre programas sociales, difusión de encuestas electorales y, en la polémica más reciente, por denunciar el reparto de tarjetas con promesa de apoyos económicos, en particular, del candidato del PRI-PRD por la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos.

La discusión se ha centrado en dos principios importantes para una elección: el de autenticidad, por aquello de que los señalamientos e intervenciones del mandatario favorezcan o perjudiquen a candidatos, y el de libertad de voto, relacionado con el condicionamiento del voto a cambio de recursos, considera el investigador Jaime Cárdenas Gracia.

Con una medida cautelar emitida el 19 de abril último y un apercibimiento por desacato el 23 del mismo mes, emitidas por la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), está en discusión la legalidad de la conducta presidencial en el proceso electoral.

Sin embargo, desde aquella declaración del 23 junio, el presidente de México expuso: “No es injerencia. Es sólo decir ¿cómo le va a entregar registro si no cumplió? ¿Cómo no te vas a dar cuenta de que ya rebasaron los topes de campaña y no vas a decir nada?

“Para que no haya fraude electoral me voy a convertir en guardián, para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude.”

Paradójicamente, las baterías del presidente López Obrador se centraron en descalificar primero al INE y después al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por negarle los registros al menos a 60 precandidatos de Morena, entre ellos a Félix Salgado Macedonio, quien pretendía la gubernatura de Guerrero.

El 27 de abril último, el tribunal confirmó la cancelación de registro al guerrerense y también a Raúl Morón, candidato al gobierno de Michoacán.

Desde entonces, las declaraciones del mandatario federal sobre el proceso electoral han sido controversiales, especialmente cuando del miércoles 5 al viernes 7 abordó el caso de Nuevo León, específicamente sobre Adrián de la Garza, que el lunes 10 escandalizó por la apertura de una carpeta de investigación en su contra, anunciada por la Fiscalía General de la República (FGR), así como contra el candidato de Movimiento Ciudadano en esa misma entidad, Samuel García Sepúlveda, por financiamiento indebido y rebase de los topes de gastos.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2324 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.