Con base en la información proporcionada por familiares de víctimas y organizaciones civiles, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU cuestionará a los gobiernos de México y de Morelos por las fosas clandestinas creadas por la administración de Graco Ramírez y las omisiones del gobierno del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, que no ha avanzado en la identificación de decenas de cuerpos.

CUERNAVACA, Mor.– El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias, del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), cuestionará al Estado mexicano por las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla y por la inacción de las autoridades, que se ha convertido en reiteradas violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

De acuerdo con organizaciones civiles, el gobierno de Morelos, ahora encabezado por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, “ha sido actor y cómplice de una doble desaparición de personas”.

Siete años después de que el gobierno de Graco Ramírez inhumara ilegalmente casi 200 cuerpos en Tetelcingo y Jojutla, varias ONG y colectivos de víctimas consiguieron que el caso sea revisado por el ACNUDH, que afina un borrador con el cual se realizará un “llamamiento urgente” al Estado mexicano para que resuelva la trágica situación.

La comunicación que sirvió de base al grupo de trabajo fue firmada por las organizaciones IDHEAS Litigio Estratégico y la Federación Internacional de Derechos Humanos, por el Colectivo de Búsqueda de Familiares Regresando a Casa Morelos, por el abogado Santiago Corcuera, la activista Ina Zoon y por Angélica Rodríguez Monroy y Edith Hernández Torres, familiares de víctimas.

En el documento –del cual Proceso posee copia– los afectados denunciaron que el gobierno de Morelos, tanto el de la época de Graco Ramírez como el actual, y la Fiscalía General del Estado de Morelos han incurrido en la “doble desaparición” de las víctimas: la primera se cometió cuando la autoridad inhumó ilegalmente los cuerpos sin identificar y la segunda, cuando dejaron pasar cinco años sin avances en la revisión de los restos exhumados entre mayo y junio de 2016 en Tetelcingo y por mantener suspendidas desde mayo de 2017 las diligencias en Jojutla.

Los familiares de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos solicitan a la oficina de la ONU que pida a la fiscalía estatal demostrar las acciones para la identificación de los 100 cuerpos recuperados en Tetelcingo, los 93 recuperados en Jojutla y los 500 que están en los Servicios Médicos Forenses de Morelos. 

Los denunciantes también requieren que la autoridad dé a conocer el plan de exhumaciones a fin de saber cuántas fosas comunes irregulares hay actualmente en Morelos, dónde están localizadas y cuál ha sido la participación de las autoridades en su operación.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2318 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.