CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres años y cuatro meses del rescate de 119 cuerpos sepultados en fosas comunes en Tetelcingo, Morelos, familiares denunciaron el abandono de las instituciones estatales y federales que, subrayaron, les han negado el reconocimiento para coadyuvar en las investigaciones del caso. Luego de señalar que aún no han sido identificados 110 de los cuerpos localizados en las fosas --administradas de forma irregular por la entonces Procuraduría de Justicia de Morelos--, familiares de cinco víctimas denunciaron que, pese a haber localizado los cadáveres de sus seres queridos en Tetelcingo, hasta ahora no han sido reconocidos en la carpeta de investigación que se abrió para sancionar a los funcionarios responsables de la inhumación. Acompañados de María Concepción y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, y el abogado Hugo Antonio Marroquín Morales, los familiares de las víctimas exigieron ser reconocidos para tener acceso a la carpeta de investigación y a los fondos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para solventar los traslados y dar seguimiento a la indagatoria, pero también para ser sujetos de la reparación integral del daño. En conferencia de prensa --en presencia de familiares de cinco de las víctimas identificadas y entregadas-- desmintieron los dichos del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien sostuvo que ante la falta de interés sólo se había reconocido como víctimas indirectas a cuatro familias que reclamaban igual número de cuerpos, y en el Congreso del estado declaró que “el caso Tetelcingo estaba cerrado”. El abogado Marroquín Morales explicó que ante la negativa de la Fiscalía estatal por reconocer a las cinco familias se solicitó al juez de la causa el reconocimiento para tener acceso al expediente, sin embargo, les fue negado el derecho, por lo que se solicitó un amparo al Poder Judicial de la Federación, actualmente en trámite. Entre las inconformidades de los familiares está la falta de seguimiento a la recomendación 48/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se identifica a 42 servidores públicos que tuvieron responsabilidad en las violaciones a derechos humanos cometidos en agravio de las 119 víctimas localizadas en las fosas de Tetelcingo. Hasta ahora sólo dos de ellos --Ana Lilia Guerrero Moreira, quien era titular de Servicios Periciales del Estado, y Gerson Cervantes Gurrea, excoordinador de Servicios Periciales de la zona oriente de Morelos-- están siendo procesados, en tanto que sólo un servidor público fue sancionado administrativamente con 30 días de suspensión laboral, explicó el abogado. Por su parte, Alma Alejandra Hernández señaló que a la impunidad del caso se suma el abandono de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que asumió la representación de los familiares luego de que la comisión local se declarara incapaz de hacerlo, porque en 2015 se le asignó un presupuesto de apenas 30 mil pesos. “A partir de 2018 se nos informó que la CEAV ya no se iba a hacer cargo de los familiares de víctimas de Tetelcingo, que se nos iba a canalizar a la comisión de Morelos, pero se nos dejó en un limbo, porque ni la CEAV ni la comisión estatal quieren asumir la responsabilidad que tienen con las víctimas”, acusó. Y, para colmo, la CNDH tampoco había dado seguimiento real a la recomendación. “El año pasado hablamos con el titular Luis Raúl González y nos enteramos que lo que hace la CNDH a través de su oficina de seguimiento de recomendaciones es enviar oficios a las autoridades recomendadas, que le contestan lo que quieren; nosotros desmentimos uno a uno, con documentos, los oficios que recibió la CNDH”. Los familiares urgieron a atender su exigencia de reconocimiento como víctimas indirectas para sancionar a quienes decidieron inhumar de manera irregular los 119 cuerpos rescatados en 2016 en Tetelcingo. En la conferencia de prensa también estuvieron presentes familiares de Andrés y Mauricio Reyes López, quienes desaparecieron en julio de 2012; de María Dolores Juárez Cárdenas y Zenaida Flores Bolaños, ambas desaparecidas en 2013, y de Miguel Ángel Mentado Arellano, secuestrado en abril de 2012.