A principios del próximo año se debatirá en el Congreso de la Unión sobre varias iniciativas para regular la objeción de conciencia del personal médico. Se prevé un debate encendido, ya que varias asociaciones del gremio y grupos provida sostienen que el avance de los derechos reproductivos y de la diversidad sexual ha mermado el derecho de los profesionales de la salud a negarse a realizar abortos, eutanasia y cambios de sexo.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En medio de fuertes presiones del gremio médico y la Federación Mexicana de Objetores de Conciencia (Femoc) –que se está formando con distintas organizaciones del ramo–, el Congreso de la Unión deberá expedir una nueva ley en materia de objeción de conciencia para el personal médico del país, pues la legislación anterior fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en septiembre pasado.

El abogado Marcelo Bartolini, director de Artículo 18, organización civil que aboga por los derechos de la libertad de conciencia, adelanta a Proceso:

“Ya se está dando mucha actividad en ambas cámaras para debatir el tema de la objeción de conciencia, pues hay nueve iniciativas de ley: cinco en el Senado y cuatro en la Cámara de Diputados. Fueron elaboradas por legisladores de Morena, del PAN, del Partido Verde Ecologista y de Movimiento Ciudadano. Es muy probable que las empiecen a presentar a principios de 2022, en el próximo periodo ordinario de sesiones.”

–¿Cada partido trae su postura propia?

–Las iniciativas no vienen por bloque partidista. Los legisladores que las presentan no se pusieron la camiseta de sus respectivos partidos, como ocurre en otros temas donde sí traen línea. Aquí no sucedió eso. Por ejemplo, los legisladores de Morena elaboraron iniciativas con posturas encontradas entre sí. Creo que los partidos dejarán a sus respectivos legisladores votar en conciencia, de manera individual. Pero eso sí, se vendrá una discusión muy fuerte en el Congreso.

Augura Bartolini que, más que partidista, en el Congreso se dará una lucha entre un sector de la sociedad que apoya la interrupción del embarazo, los derechos de la mujer y de la comunidad lésbico-gay, y por otro lado, el del sector provida, que rechaza el aborto y defiende el derecho a la objeción de conciencia del gremio médico.

Esta lucha viene dándose desde 2018, dice, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le solicitó a la SCJN eliminar el derecho a la objeción de conciencia del personal médico, estipulado en el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, ya que era “discriminatorio” contra las mujeres y atentaba contra sus derechos “sexuales y reproductivos”. Estipulaba textualmente dicho artículo:

“El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.”

Los pasados 13 y 20 de septiembre los ministros de la SCJN debatieron el caso. Finalmente decidieron invalidar el artículo 10 bis, por considerar que no establecía límites claros entre el derecho de los médicos y enfermeras que se niegan a realizar abortos y, por otro lado, el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2355 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.