La UIF investigó a Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación –dependencia encargada de combatir la evasión fiscal– debido a sus vínculos con posibles operaciones para… evadir impuestos. Ello ocurrió tras una denuncia por extorsión contra colaboradores de Romero y abogados relacionados con él. Ahora dos figuras prominentes de la 4T tienen en sus manos los resultados de esa investigación: el senador Ricardo Monreal y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Este último los solicitó luego de que el procurador fiscal firmó indebidamente denuncias por lavado de dinero ante la FGR contra 31 investigadores del Conacyt y contra el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El procurador fiscal Carlos Romero Aranda se encuentra en el visor de dos poderosos miembros de la Cuarta Transformación: Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, y el senador Ricardo Monreal Ávila. Ambos tienen en sus manos los resultados de una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que vincula al procurador con posibles operaciones de evasión fiscal.

En el transcurso del año Ramírez de la O y Monreal pidieron por separado a Santiago Nieto Castillo los hallazgos de la UIF, que venía investigando a Romero Aranda desde febrero, cuando recibió una denuncia por extorsión contra funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y abogados de despachos vinculados con su titular.

Ramírez de la O pidió la información a la UIF después de saber que, a espaldas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y fuera de sus atribuciones, Romero Aranda había firmado por lo menos dos sonadas denuncias por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República (FGR); Monreal, por su parte, solicitó los datos por un asunto vinculado con las denuncias contra el empresario de outsourcing Raúl Beyruti Sánchez.

Datos de la investigación de la UIF obtenidos por Proceso exhiben discrepancias entre la declaración patrimonial de Romero Aranda y los ingresos que reportó ante el Servicio de Administración Tributaria, lo que sugiere “una evasión fiscal”, delito que el propio Romero es el encargado de combatir como titular de la PFF.

Según la investigación, mientras Romero indicó que compró bienes inmobiliarios por 28.8 millones de pesos entre 2013 y 2020, declaró ingresos por apenas 6.5 millones de pesos en el mismo lapso. Aparte, algunas empresas de las que es socio han deducido de sus impuestos montos superiores a sus ingresos durante los últimos siete años.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2354 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.