Desde su llegada al poder en Colombia, Iván Duque ha hecho todo lo posible por descarrilar –“hacer trizas”– los acuerdos de paz firmados hace cinco años entre Bogotá y las FARC. No lo ha logrado, en gran parte por la presión internacional y de la sociedad civil. Pero, advierten analistas, el riesgo de fracaso de ese pacto está presente porque no se han cumplido las premisas ofrecidas por el gobierno del entonces mandatario Juan Manuel Santos: reforma agraria y desarrollo rural.

BOGOTÁ.- A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC, ese pacto –que puso fin a una guerra interna de 52 años– sigue vivo y es vigente gracias a los esfuerzos de la comunidad internacional y de la sociedad civil de Colombia por impedir que el gobierno de Iván Duque lograra “hacerlo trizas”.

Desde que Duque tomó posesión, en 2018, el acuerdo de paz ha enfrentado una andanada de ataques y obstáculos por parte del gobierno y de su partido, el ultraderechista Centro Democrático (CD), tendientes a desconocer lo que firmaron el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá el presidente Juan Manuel Santos y las FARC, y a bloquear la implementación de ese pacto.

Y aunque el CD y Duque no han podido “hacer trizas” el acuerdo con las FARC –ese era el propósito, según dijo en 2017 el dirigente del partido, Fernando Londoño– sí han tenido éxito en impedir que varios de sus aspectos sustanciales se lleven del papel a la práctica.

Según un informe del Instituto Kroc, que fiscaliza el desarrollo de 34 acuerdos de paz en el mundo, sólo una tercera parte del Acuerdo Final de Paz de Colombia se ha implementado, y en puntos críticos, como reforma agraria y desarrollo rural, dos demandas históricas que detonaron el conflicto armado interno, el avance ha sido menor a 5%.

Otro recurso que han utilizado el gobierno de Duque y su partido para bloquear el desarrollo del acuerdo es la desfinanciación de los programas que se derivan del mismo. Según un estudio del Bank of America, el cumplimiento de los acuerdos de paz requiere una inversión de al menos 5 mil 300 millones de dólares al año durante la primera década de su vigencia, cifra que casi duplica los 2 mil 800 millones de dólares que destinó el gobierno a ese rubro en 2020.

Un reciente informe de la Contraloría General de Colombia indica que, al ritmo actual de asignaciones presupuestales para implementar el acuerdo, el Estado tardaría entre 26 y 34 años en cumplir con lo pactado, cuando el lapso estipulado por las partes fue de 15 años y se vence en 2031.

Otro punto que se ha incumplido es el de las garantías de seguridad para los excombatientes que dejaron las armas y para los dirigentes sociales involucrados en el desarrollo de los programas.

Desde la firma de los acuerdos han sido asesinados 289 exguerrilleros de las FARC que se habían reincorporado a la vida civil, más de uno a la semana en promedio. Además, los homicidios de líderes sociales suman mil 228 desde entonces, unos 20 cada mes.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que preside el mexicano Carlos Ruiz Massieu, expresó el mes pasado su “máxima preocupación” por los problemas de seguridad que desafían el acuerdo. Llamó al gobierno a adoptar “medidas efectivas” para frenar la violencia.

“Todo esto hace que el acuerdo de paz esté en cuidados intensivos”, dice a Proceso el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Camilo González Posso.

Pero lo principal, agrega, es que este gobierno no pudo “hacer trizas” ese pacto y que “hay posibilidades” de que este pueda recuperarse y encaminarnos hacia su aplicación integral.

Para esto, asegura, será “decisivo” el resultado de las elecciones legislativas y presidenciales que se realizarán en Colombia en marzo y mayo próximos, respectivamente, y en las cuales los sondeos anticipan un retroceso del gobernante CD, el principal adversario de los acuerdos de paz con las FARC, y un avance de las fuerzas de centro y de centroizquierda que respaldan ese pacto y su aplicación integral.

Viento a favor de la paz

Los obstáculos que han puesto Duque y su partido al proceso de paz, los pobres resultados del gobierno en materia social, las violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales de mediados de este año y la insensibilidad del presidente frente a las demandas ciudadanas, lo han ubicado como el mandatario más impopular en la historia reciente del país.

Según la firma Invamer-Gallup, Duque tiene la aprobación de apenas 24% de los colombianos y las tres cuartas partes lo rechazan, mientras que su mentor, el expresidente Álvaro Uribe –el hombre más poderoso de Colombia, el fundador y líder del CD y el mayor detractor del acuerdo de paz– enfrenta un nivel similar de desaprobación.

En cambio, todos los sondeos ubican al precandidato izquierdista Gustavo Petro como el favorito para ganar los comicios presidenciales.

El sector de centroizquierda –representado por precandidatos como Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, quienes respaldan la implementación integral de los acuerdos con las FARC– cuenta con el respaldo de la mayoría de los colombianos, pero tendría que ir con un solo aspirante a los comicios para tener posibilidades de triunfo.

Por su parte, la precandidata del uribista CD mejor posicionada, María Fernanda Cabal, alineada con el plan de “hacer trizas” el acuerdo de paz, ronda 5% de la intención de voto.

Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, plantea que si en los comicios del próximo año se produce un escenario en el que las “fuerzas democráticas progresistas” logren la mayoría en el Congreso y ganen los comicios presidenciales, ese hecho político se traduciría en una implementación integral del acuerdo de paz.

El doctor en historia indica, sin embargo, que a pesar de que en la actualidad las encuestas favorecen a esas fuerzas progresistas no debe descartarse que la extrema derecha uribista logre armar una coalición competitiva que la lleve a mantenerse en el poder, en especial si los candidatos que favorecen el acuerdo de paz van divididos a las elecciones.

“Un triunfo de la extrema derecha pondría a la paz en una condición crítica y el país se encaminaría a una nueva etapa de violencia política y a un conflicto armado interno que tendría otras características del que vivimos con las FARC, pero que sería igualmente impactante para las comunidades”, asegura.

En el país persiste un conflicto con actores armados que controlan territorios rurales y tienen capacidad de perturbación. Unos 3 mil integrantes de las FARC decidieron desconocer los acuerdos y formaron “frentes” armados en varias regiones del país que están involucrados en el narcotráfico. Se les conoce como “las disidencias”.

De acuerdo con Medina Gallego, a pesar de un panorama de “creciente violencia y descomposición”, la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional aún mantienen esperanzas en que el acuerdo de paz no se hunda y sea cumplido a cabalidad por el gobierno que sucederá a Duque, pero eso dependerá del resultado de los comicios.

En las masivas protestas sociales registradas en Colombia entre mayo y julio pasados, una de las demandas de los manifestantes al gobierno de Duque fue el cumplimiento de lo pactado con las FARC, y el tema de la paz ya gravita en el escenario preelectoral.

Medina Gallego sostiene que ese movimiento ciudadano y “el firme compromiso” de la comunidad internacional con los acuerdos han sido los diques que impidieron a Duque “hacer pedazos el pacto con las FARC”.

Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU han respaldado la implementación de los acuerdos de paz, lo que ha llevado a Duque a tener un discurso internacional moderado al hablar de ese pacto.

El mandatario ni siquiera se refiere a lo firmado hace cinco años como Acuerdo de Paz, sino que ha formulado una política alternativa denominada “Paz con Legalidad”, lo que sugiere que el pacto con las FARC fue ilegal.

El gobernante ha insistido en que la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema de justicia transicional convenido con esa exguerrilla, “garantiza la impunidad” de los excomandantes insurgentes, por lo cual ha intentado, sin éxito, acotar sus competencias y funciones.

De acuerdo con Medina Gallego, la “Paz con Legalidad” es, para Duque, un asunto limitado casi exclusivamente a la reincorporación a la vida civil de los alrededor de 13 mil excombatientes que dejaron las armas.

Carlos Antonio Lozada, excomandante de las FARC y actual senador por Comunes, el partido creado por la exguerrilla, dice a este semanario que el hecho de que la primera fase de la implementación le haya tocado a un gobierno “abiertamente enemigo” del acuerdo de paz “nos puso en una situación muy compleja, porque falta voluntad para cumplir lo pactado”.

Señala que lo que las FARC y el Estado colombiano negociaron fue un acuerdo político que no sólo consiste en la dejación de armas por parte de la insurgencia, sino en transformaciones que garanticen la paz.

Por ejemplo, un punto medular del acuerdo es la reforma rural tendiente a resolver el problema agrario de Colombia, que fue la causa principal del conflicto armado interno que estalló en los sesenta. Las FARC tienen su origen en un grupo de campesinos que luchaban por la tierra y que, ante la violenta represión y la falta de respuestas por parte del Estado, se convirtió en una guerrilla comunista.

Por eso el punto uno del acuerdo de paz es el de la Reforma Rural Integral, que contempla la regularización de 10 millones de hectáreas, siete de ellas a través de la expedición de títulos de propiedad a campesinos que han ocupado predios nacionales en zonas remotas, y 3 millones mediante la entrega de tierras a campesinos pobres que no las tienen.

De acuerdo con el senador Lozada, este proceso apenas lleva un avance de 2% y el gobierno y la mayoría legislativa oficialista han obstruido todas las iniciativas de ley para cumplir este punto.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha planteado la necesidad de avanzar en la adjudicación de tierras a los campesinos para transformar el campo, escenario principal del conflicto armado, y evitar la resiembra de hoja de coca, un cultivo que “alimenta la violencia”.

Lozada explica que otro capítulo del pacto con el Estado colombiano que ha sido incumplido en su mayor parte es el de participación política, pues el gobierno también mantiene congeladas las propuestas de reforma política impulsadas por la oposición, las cuales buscan ampliar la representación de movimientos y expresiones sociales históricamente excluidos de la política institucional.

Reportaje publicado el 21 de noviembre en la edición 2351 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.