El caso de Emilio Lozoya Austin se le complica a la Fiscalía General de la República. Este 3 de noviembre se cumple el plazo que tiene el exdirector de Pemex para aportar información de otros políticos mexicanos implicados en la trama de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht. Y justo ahora, el despacho del exmagistrado español Baltasar Garzón, que llevó en España la defensa del inculpado, se deslinda de los presuntos acuerdos de su cliente con las autoridades mexicanas... El problema es que lo hace 15 meses después.

MADRID (proceso).- El miércoles 13, el despacho International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad), encabezado por el exmagistrado español Baltasar Garzón, aclaró en un comunicado que “no se ajusta a la realidad” la información publicada en medios de comunicación, que le atribuye a ese despacho haber “intermediado, negociado o participado en el acuerdo de extradición de Emilio Lozoya Austin con la Fiscalía General de la República (FGR) de México.

La precisión llegó 15 meses después de las primeras publicaciones que señalaban la participación de este despacho madrileño en la negociación para que el exdirector general de Pemex alcanzara el criterio de oportunidad al ser extraditado a México, lo cual le ha garantizado hasta ahora evitar la cárcel, a cambio de aportar información de otros políticos mexicanos implicados en la trama de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht.

El 15 de julio del año pasado –antes incluso del arribo de Lozoya a México, la madrugada del viernes 17–, el columnista Darío Celis publicó en El Financiero que Lozoya terminó cediendo a la presión que sobre la familia ejerció el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

El día 17 el columnista Mario Maldonado, en El Universal, en la misma línea, señalaba que la primera declaración de Lozoya en España había sido filtrada a un presunto implicado por Antonio Navalón, socio de Garzón y conocido como el cabildero español afincado en México: “Fue el empresario y periodista Antonio Navalón, socio en México del abogado y afamado exjuez Baltasar Garzón, quien puso en manos de (Roberto) Gil Zuarth el documento que dice guardar con recelo la fiscalía de Alejandro Gertz Manero”. Gil Zuarth negó este hecho.

Después de esas publicaciones ha continuado el goteo informativo en México sobre ese presunto acuerdo y el papel de la defensa española de Lozoya y de Navalón, cuyo nombre siempre aparece cuando el exmagistrado se relaciona con México.

Una fuente jurídica mexicana conocedora de la negociación explicó al corresponsal que el despacho de Garzón y Navalón fueron el principal canal de comunicación entre Lozoya y la FGR para alcanzar el acuerdo. Asimismo, en la negociación de beneficios para el reclamado participó su papá, Emilio Lozoya Thalmann, con el fiscal Gertz Manero, apoyado por el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Juan Ramos López, responsable del caso Lozoya, y con el “aval” de la Presidencia.

Cuando Lozoya Austin fue extraditado, Proceso adelantó en su edición 2281 las partes sustanciales de ese acuerdo o primera declaración del exdirector de Pemex, en la que señala a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y a quien fue la mano derecha de éste, Luis Videgaray Caso, de participar en las componendas con Odebrecht al sostener negociaciones y autorizar contratos con la empresa brasileña.

Señalaba al excandidato presidencial José Antonio Meade, a su sucesor José Antonio González Anaya, familiar político del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y por primera vez aludía a panistas, como Ernesto Cordero, Javier Lozano o Salvador Vega Casillas, entre otros.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2348 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.