Medicina tradicional
Una ley de salud que enferma a la medicina tradicional
Morena, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano presentaron un proyecto de reforma pretendidamente impulsor de estas prácticas ancestrales que, en realidad, podría acabar con ellas, denuncian agrupaciones de médicos tradicionales y parteras, con el apoyo de miles de ciudadanos.
Morena, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano presentaron un proyecto de reforma pretendidamente impulsor de estas prácticas ancestrales que, en realidad, podría acabar con ellas, denuncian agrupaciones de médicos tradicionales y parteras, con el apoyo de miles de ciudadanos. Antropólogos argumentan violación a convenios internacionales, intereses de farmacéuticas y de la industria alimentaria, y negación al Plan Nacional de Desarrollo que estipula respeto a los pueblos originarios.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Hay un total rechazo al Proyecto de Decreto que busca reformar la Ley General de Salud en materia de Medicina Tradicional y Complementaria.
Es la postura sostenida por agrupaciones de médicos tradicionales y parteras, investigadores, especialistas y miles de ciudadanos, pues se violan las disposiciones nacionales y convenios internacionales que protegen las culturas, los saberes ancestrales y el patrimonio biocultural de las comunidades del país.
El pasado 21 de abril la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma y lo turnó al Senado de la República para su evaluación. Ante ello, profesores de investigación científica y docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de su representación sindical, han solicitado una reunión a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Olga Sánchez Cordero.
Escogieron el próximo 22 de octubre, “Día Internacional de la Medicina Tradicional”, para exponerle las afectaciones que acarrearán las nuevas disposiciones “a las prácticas medicinales tradicionales, a los modos de vida, derechos culturales y humanos, entre otras múltiples circunstancias”.
En entrevista con Proceso, los antropólogos sociales Amparo Sevilla, Fanny Escobar y Jesús Armando Haro coinciden: el dictamen omitió la consulta previa, libre e informada que, por ley, debe hacerse a los pueblos y comunidades indígenas, cuyos derechos serán violentados.
Y es que la iniciativa parece destinada a permitir el usufructo privado y la apropiación de sus bienes culturales.
Derechos culturales
Especialista en culturas populares, Amparo Sevilla, investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, explica en dos documentos enviados a este semanario que el Proyecto de Decreto retoma tres iniciativas presentadas el año pasado: la primera por el partido Morena el 25 de febrero, otra del Partido Encuentro Social del 20 de mayo, y la tercera de la exdiputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, de Movimiento Ciudadano, del 29 de octubre.
Advierte que se mezclan en el documento de la iniciativa conceptos contrapuestos, como reconocer, conservar, proteger y desarrollar, y al mismo tiempo regular, orientar, usar, utilizar y aprovechar,
En entrevista, argumenta que el verdadero reconocimiento de la medicina tradicional indígena (MTI) se opone a la pretensión de regularla con los criterios de la medicina oficial:
“El reconocimiento implica respetarla a partir de lo que indica el artículo Segundo de la Constitución mexicana, es decir, del reconocimiento de la libre determinación y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas… Entonces, en realidad, se trata de un propósito inconstitucional porque le otorgaría al Estado la facultad de dictar desde la medicina hegemónica qué pueden o no hacer los médicos tradicionales pertenecientes a las comunidades indígenas y cómo pueden usar o no qué tipo de plantas. Es una regulación con criterios que no corresponden a la lógica, a la concepción y a la forma de funcionar de las medicinas tradicionales.”
Sin contar que éstas conforman una enorme diversidad de culturas terapéuticas en los pueblos indígenas, por lo cual la medida que ya está en manos de los senadores dejaría a todas estandarizadas.
En su documento, la antropóloga recuerda que ya desde 2013, al Artículo 6 de la Ley General de Salud se adicionó la fracción VII, estableciendo que el Sistema Nacional de Salud tiene facultad de “coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que presten para su protección”. Por ello hace hincapié en la gravedad de lo que implica el concepto de modificar los patrones culturales, contraviniendo el artículo 2 constitucional y varios derechos de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
Y por si fuera poco, suma que, al ser integrados a dicho sistema, los médicos tradicionales “podrán ser ‘vigilados’ y ‘orientados’ en los conocimientos que pueden o no adquirir y aplicar:
“El aprovechamiento, mediante una regulación estructurada bajo el paradigma de la medicina oficial (biomédico) omitirá la dimensión cultural y ritual que permite la eficacia simbólica de los procedimientos curativos de la medicina tradicional. La orientación, esto es el desplazamiento y la inducción de conocimientos, serán acciones legales para modificar y fragmentar los universos simbólicos que integran la MTI.”
Y subraya que “la estandarización afectará su diversidad”.
Para Sevilla, la idea de orientar y regular se contrapone también al Plan Nacional de Desarrollo, que indica: “Somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación, y a la preservación de sus territorios”.
Pero eso lo ignoran los diputados, pues la MTI “constituye un importante elemento del patrimonio biocultural de los pueblos y comunidades indígenas, que debe ser respetado y garantizado por el Estado”.
De ahí que quienes se oponen a las modificaciones a la ley coincidan en señalar la intención de garantizar “el usufructo privado”, lo cual representa una apropiación del bien cultural, pues la MTI es una práctica relacionada con formas de ser, estar y vivir en el mundo, que conlleva asimismo una concepción sobre el cuerpo individual, pero también colectivo.
La especialista remarca que esto va más allá de las ideas de salud-enfermedad predominantes en la medicina hegemónica, y tiene más que ver con un carácter sanador porque se atiende a la comunidad en su conjunto y a su relación “con fuerzas naturales y sobrenaturales vinculadas al territorio”.
Sevilla argumenta que esa dimensión cultural no puede verse aisladamente, es parte de un todo en su cosmovisión, además de formar parte de rituales concatenados con prácticas de carácter social, económico y político.
Un aspecto sobre el cual llama la atención la antropóloga es la partería, “una de las prácticas más importantes en la medicina tradicional que ha sufrido serios embates a través de su historia, pero que en los últimos años se ha agravado”, al punto que las políticas resultan “etnocidas”. Ofrece cifras: En tres décadas, los nacimientos atendidos por parteras bajaron de 30.51% a 3.57%, y en la práctica hay un severo grado de disminución, un desplazamiento de las parteras indígenas o mestizas “por parteras certificadas, parteras profesionales y enfermeras técnicas”, en un proceso de domesticación, “de adecuar a la lógica de la obstetricia”.
Una pérdida
Para Fanny Escobar Melo, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y miembro del Grupo de Investigación en Salud y doctora en Ciencias Antropológicas, hay una fuerte inconsistencia al hablar, por un lado, de reconocimiento y respeto a los territorios de los pueblos originarios, cuando este tipo de leyes son en realidad un retroceso en el ejercicio de sus derechos.
Y coincide con su colega Sevilla en el tema de la partería, que se ha convertido en un problema histórico desde que el Estado decidió incorporar a las parteras como parte del personal de salud “con la idea de que subsanaran necesidades que el sistema no logra cubrir… sin embargo, las parteras y los médicos tradicionales no tendrían por qué estar supeditados, porque la carencia de servicios de salud de calidad, accesibles y dignos, es un problema del Estado, pero tiene muchísimas fallas al cubrir este derecho de las comunidades”.
La idea de la certificación, explica, ha causado daño porque, primero, sacó a las parteras de su contexto comunitario, rompió el vínculo entre sus conocimientos y el reconocimiento de la propia comunidad, y se encargó de desacreditarlas al señalar que ponían en riesgo la vida de mujeres y niños; así fueron inhibiendo la práctica, porque si las parteras no cubren con una serie de criterios no pueden certificarse, y además deben estar refrendando cada dos años. Y se ha llegado al punto de negarles la facultad de expedir certificados de nacimiento.
Lamenta que en muchos sectores la medicina tradicional se considere como una práctica de pueblos ignorantes y carente de bases científicas. En ese sentido, opina que sí se necesita un reconocimiento, pero no una regulación. Por ello, considera que el tema tiene muchas aristas y circunstancias que deben analizarse: en las comunidades indígenas y rurales, la medicina tradicional enfrenta varios problemas, pero en los espacios urbanos puede llegar a generar muchos recursos a partir de prácticas y de ciertos consumos:
“Realmente no vemos a los médicos tradicionales trabajando de una manera respetuosa, en igualdad de condiciones, porque no les quieren dar ese reconocimiento.”
Por otro lado, agrega, puede verse en la iniciativa de ley la influencia de grupos económicos, como las farmacéuticas y otros tipo de supuestos médicos tradicionales que hacen de esta práctica un negocio junto con la venta de medicinas tradicionales. Hay organizaciones sociales que hasta se han apropiado de la “enseñanza” del temazcal, lo cual llega a grados de “inconstitucionalidad” porque esos saberes corresponden a los pueblos originarios. Los otros lo utilizan, en cambio, como una forma de “capacitación para el trabajo”. Y el punto, cree, es que están interesados en obtener registros de validez oficial para convertirse no solamente en capacitadores, sino en posteriores certificadores de medicinas tradicionales, es todo un tema de “apropiación cultural, saqueo del conocimiento y vulneración de los derechos”.
Pero además, si se revisan convenios como el Protocolo de Nagoya o acuerdos de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, encuentra que hasta usan los mismos términos y perspectivas acerca de lo que debe hacerse, van entrelazados los intereses de las farmacéuticas y de la industria alimentaria. Hay un discurso global que está considerando las prácticas tradicionales, el consumo de las plantas sagradas, porque hay un mercado grandísimo para todos los productos herbolarios y también para el de las experiencias (que tiene ver con el turismo y la posibilidad de ver rituales dentro de las comunidades, entre otras acciones).
En cambio para las comunidades, las atribuciones que la ley dará en esos términos, tanto a la Secretaría de Salud como a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), impactará la defensa y protección de los recursos asociados a sus territorios. Pues es a partir de ellos que han desarrollado su sabiduría, relacionada con el uso de los recursos, defensa de sus territorios, la bioprospección, el cuerpo humano y su contacto con sus animales, minerales, el clima, todo… porque quizá una misma enfermedad se cura de diferentes maneras de acuerdo con ese entorno ambiental y cultural.
El riesgo es que si deja de circular ese conocimiento ancestral, si deja de existir un médico tradicional, sus saberes se los apropiarán las farmacéuticas, la industria alimentaria, los megaproyectos. Reflexiona la antropóloga:
“Tenemos que ser muy fríos y ver realmente cuál es el trasfondo de todo esto, porque se meten por la puerta grande para seguir despojándonos del territorio, no sólo a través de expropiaciones, sino que nos quitan esos elementos de la cultura, la historia, y lo que yo no conozco ya no es mío, se entra en un proceso de desarraigo, eso es lo que significa que desaparezcan.”
Lucha contradictoria
El especialista en temas de etnicidad y salud, Jesús Armando Haro, investigador de El Colegio de Sonora, hace señalamientos acerca de la ausencia de la voz de los propios médicos tradicionales y los pueblos indígenas en la iniciativa de Decreto.
Pareciera por un lado una ley tremendamente progresista que por fin hace justicia, dice, pero “de una manera muy torpe, porque mezcla la medicina tradicional con la complementaria (alternativa), cuando hay elementos diferenciales muy importantes”, además de que se están transgrediendo convenios internacionales, pese a que se mencionan, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pasando por la Declaración de los Pueblos Indígenas del 2007 de la Organización de los Estados Americanos y luego de la Organización de las Naciones Unidas.
Explica que la diferencia entre medicina tradicional y alternativa o complementaria es que la primera forma parte del patrimonio cultural de los pueblos y está protegida por convenios internacionales y por la Constitución mexicana; la complementaria la practica gente que ha estudiado con un paradigma científico distinto, que se reduce a una serie de variables y de controles de investigación basados en estadísticas. Las metodologías indígenas, en cambio, “son mucho más ricas y contextuales”.
El supuesto impulso que se pretende dar a la medicina tradicional a través de esta ley, dice, podría acabar con ella. Recuerda que en los años ochenta del siglo pasado se tuvo una experiencia en la integración de hospitales culturales que desafortunadamente terminaron mal porque hacia el final se caracterizaron por el enorme desabasto y desatención en la parte de atención convencional, incluso se les olvidaron cuestiones tan importantes como el sitio de curación para algunos curanderos.
Doctor en Antropología de la Medicina por la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, España, y médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Haro lamenta que no se hiciera una consulta con las comunidades y los médicos tradicionales, ni se hubiera considerado la experiencia de los hospitales interculturales.
Sin embargo, ve algunos aspectos positivos en el proyecto, entre ellos que podría hacerse un registro de los médicos y entregarles una credencial que impida que sean perseguidos –“algunos hasta han sido encarcelados”– por ejercer sus prácticas y hasta recibir algún tipo de apoyo. Pero las cuestiones negativas “pesan más”. Lo que tendría que permitir la ley es, por ejemplo, regular los insumos, las plantas tradicionales, hacer primero un diagnóstico de la flora nacional –se tiene en buena medida– pero no de manera integrada, sino que está bastante fragmentado”, cuando es la segunda más importante del mundo.
Enseguida debería hacerse un análisis para evitar el expolio de las especies vegetales, incluso la propuesta tendría que desembocar en un programa para ver con qué criterios se van a incorporar los médicos, “es decir, requiere muchísimo más desarrollo, pero la aprobaron unánimemente 38 diputados”, cuando hay mucha gente que tiene tiempo estudiando el tema de la medicina tradicional, como Roberto Campos, y desde luego las propias comunidades, para hacer un proyecto mucho más participativo.
Reitera que podría hacerse un registro de médicos que incluya a los tradicionales, con datos de localización, contacto y la oferta terapéutica, pero eso no debe implicar la idea de “dar permiso” para el ejercicio de su conocimiento.
A decir del doctor, la iniciativa es reflejo, no de una política contraria a las comunidades, sino de un “estira y afloja en el cual existen dos visiones de nación, una nacionalista, en este caso que impulsa la idea de la tradición, y otra que está haciendo mucho lobby (grupos de influyentes) en el Congreso, que les interesa la comercialización de las plantas medicinales y están llevando el asunto a ese terreno para que se puedan patentar… son una serie de contradicciones de la 4T, pero lo entiendo como parte de la lucha que empujan grupos empresariales que en este momento también impulsan que se aprueben los transgénicos”.
Además de la oposición al proyecto de organizaciones de médicos tradicionales y parteras, grupos de la sociedad civil, investigadores del INAH y otras instituciones académicas, la Red Mexicana Autónoma de Médicos y Parteras Tradicionales publicó en la plataforma Change.org una carta abierta a la senadora Sánchez Cordero para exigir que la Cámara de Senadores deseche el dictamen. Hasta el cierre de esta edición había logrado reunir 20 mil 275 firmas.
Es una situación que demanda una atención intersectorial, entre secretarías como la de Salud, Cultura y Medio Ambiente y Recursos Naturales.
