Entre los documentos obtenidos en la investigación internacional Pandora Papers –de la que forma parte Proceso–, se encuentran las operaciones financieras offshore contratadas en las Islas Vírgenes Británicas por varios gigantes de la construcción que operan en México, específicamente en la capital del país, al amparo de los poderes local y federal. Aunque estos esquemas existen desde sexenios anteriores, varios de estos grupos siguen incrementando sus negocios y su poder gracias a los contratos y los permisos de construcción otorgados por la llamada Cuarta Transformación.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Un grupo de personas ha amasado un enorme poder financiero y político gracias a la burbuja inmobiliaria y el otorgamiento de permisos para construir en la Ciudad de México y, en menor medida, en Quintana Roo.

Los dueños de las desarrolladoras Fibra Danhos, GICSA, Be Grand, Copri, Frisa, GMD, Gigante, MRP o Jober, que operan decenas de centros comerciales, rascacielos, naves industriales y megaproyectos residenciales, derivaron parte de sus fortunas hacia estructuras offshore en paraísos fiscales. También lo hicieron los dueños de Grupo Indi, una de las constructoras más favorecidas por contratos de obra pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Dichas estructuras financieras aparecen en los cerca de 12 millones de documentos confidenciales que Proceso y otros 149 medios de 117 países revisaron para la investigación internacional Pandora Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

De los más de tres mil clientes mexicanos detectados en los Pandora Papers, cientos indicaron a los despachos que los fondos canalizados hacia sus sociedades ­offshore fueron producto de actividad inmobiliaria. Entre ellos se cuenta Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas, a su vez tío del expresidente Enrique Peña Nieto.

En un sector que concentra 14.1% del PIB de México y ha aprovechado la enorme demanda de vivienda para invertir masivamente en desarrollos verticales y detonar fenómenos de especulación, muchas operaciones se llevan a cabo en efectivo. En 2018 el Grupo de Acción Financiera sostuvo que el sector inmobiliario y la compraventa de inmuebles presentan riesgos de lavado de dinero.

Los seis años del mandato de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México marcaron la consolidación del poder de las inmobiliarias, que a cambio de sobornos a operadores clave del entonces jefe de gobierno consiguieron permisos de construcción al por mayor, así como ciertas garantías de impunidad en caso de irregularidades.

En enero de 2019, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que 94% de actores del sector inmobiliario encuestados indicó que fue víctima de corrupción o extorsión en el desarrollo de un proyecto, con costos de entre 2 y 15 millones de pesos para “agilizar” trámites, evitar sanciones u obtener permisos.

En octubre de ese año un reportaje de Emeequis reveló que, durante la administración de Mancera, el número de quejas ciudadanas por violación de uso de suelo se disparó 132%. Se concentraron principalmente en las entonces delegaciones ­Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro ­Obregón.

En los primeros meses de su administración, Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a su equipo investigar la situación inmobiliaria en la capital. En marzo de 2019 indicó que, de 174 polígonos de actuación analizados, se encontraron irregularidades en 48, prácticamente una tercera parte. Las autoridades capitalinas iniciaron investigaciones contra 35 funcionarios del gobierno de Mancera, muchos de ellos en cargos clave para obras y construcción.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2345 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.