Aunque en México hay un amplio movimiento social afín a la 4T, que por más de una década ha trabajado en una iniciativa de legislación para resolver los graves problemas hídricos del país, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no sólo ignoró sus propuestas, sino que presentó al Congreso de la Unión un paquete de reformas en materia de agua que sólo ha sido celebrado por la derecha. 

A poco tiempo de iniciado el sexenio, el director de la dependencia, Efraín Morales López, dejó de reunirse con académicos, organizaciones y activistas articulados en la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida, e ignoró los reportes que le entregaron sobre irregularidades en las concesiones de diferentes regiones del país, así como sus reiteradas solicitudes de información.

Luego, no sólo lo vieron cercano con los grupos empresariales que conforman la llamada hidrocracia, sino –lo más sorprendente para ellos– con los propios redactores de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) que expidió Carlos Salinas de Gortari en 1992, como parte del paquete de reformas previas a la entrada del Tratado de Libre Comercio y que dieron paso a la era neoliberal en México. 

En una reunión con representantes de los movimientos sociales del agua, la diputada federal morenista Xóchitl Zagal contó que había quedado en “shock” cuando, en los foros de consulta sobre la reforma que realizó la Conagua a principios de este año, en el presídium identificó al abogado Eduardo Viesca de la Garza, uno de los redactores de la LAN salinista y un personaje públicamente “antiMorena”. 

En entrevista con Proceso, Zagal dice no tener evidencia sobre qué tanta injerencia tuvo Viesca en la iniciativa que presentó la Conagua, pero agrega que genera suspicacias el papel protagónico que se le dio en los foros y, sobre todo, el documento que acabó por redactarse con evidente “tinte” neoliberal.

A eso se suma, refiere, que uno los primeros en reaccionar en favor de la iniciativa presidencial fue Fernando González Villarreal, quien justo fue el primer titular de la Conagua cuando la dependencia fue creada durante el salinato y, como tal, encabezó la elaboración de la LAN.

Formalmente no es que el despacho de Viesca o de Villarreal se haya hecho cargo (de la iniciativa), pues no, no es eso, más bien se escuchó su voz y pues hay tintes, hay muchas cosas muy progresistas en lo que presentaron y hay otras que dices: ‘esto me alarma’ -advierte Zagal. 

La académica y activista Elena Burns considera que “se notan manos neoliberales” en el paquete de iniciativas que fue entregado por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, al grado de que los que salieron de inmediato a respaldar fueron la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Nacional de Empresas del Agua y Banamex, entre otros. 

En tanto que los integrantes de organizaciones y movimientos populares e indígenas, que por años han luchado contra la privatización de los servicios, el despojo de recurso, la contaminación de acuíferos o contra megaproyectos que surgieron amparados en esa ley, y que además han trabajado durante más de 13 años en perfeccionar una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, expresaron su franca decepción y rechazo contra la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

En las audiencias públicas sobre esta iniciativa de reforma que se realizaron en la Cámara de Diputados del 19 al 21 de noviembre, decenas de productores agrícolas, pecuarios y forestales se manifestaron contra el contenido de la reforma, en específico porque ya no se podrán transferir los derechos del agua entre particulares, habría nuevas reglas para la perforación de pozos y se reducirán tiempos para solicitar las prórrogas de concesiones.  

Los cambios propuestos por la Conagua plantean que en caso de venta de tierras o la muerte del titular de la concesión, los volúmenes retornarán a la Conagua mediante un fondo de reserva y serán reasignados. 

Productores de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Zacatecas, entre otras entidades, consideraron que esa modificación es regresiva, pues rompe el binomio tierra-agua que da valor a sus parcelas y, además, no aplica de la misma manera para sociedades civiles, mercantiles o personas morales, en cuyo caso sí se transfieren los derechos de agua.

Incluso, el diputado local Jesús Padilla Estrada, líder de la bancada de Morena en el Congreso de Zacatecas, llamó a los legisladores federales a no votar fast track esa reforma, pues podrían generar un “estallido social”, inestabilidad y litigios a lo largo y ancho del país. 

“La iniciativa no considera las particularidades de cada estado o región del país”, sostuvo el propio morenista. 

Incongruencias

En la mañanera del 1 de octubre último la presidenta Sheinbaum dio por hecho que el paquete de reformas se aprobaría a la brevedad, pues era resultado del consenso logrado en 13 foros de consulta que la Conagua hizo entre febrero y marzo de este año. 

Pero ese mismo día la Coordinadora Agua para Todos aclaró que en esos foros sí hubo un consenso, pero en el sentido de abrogar la LAN que, por su carácter mercantil y extractivista, tendría que ser sustituida por una sola Ley General de Aguas (LGA), como lo mandató la reforma al Artículo 4 constitucional, aprobada en febrero 2012, con la cual se garantiza el derecho humano al agua.  En lugar de eso, menciona Burns, el paquete que presentó la Presidencia propone reformas a la LAN, con las que se dejan intactos los intereses de los grandes concesionarios que dominan los usos del agua en cada región del país y además plantea expedir una LGA para garantizar el derecho humano al agua.  

Eso equivale, dice, a que el derecho humano tendría que cumplirse con el recurso que “sobre” del acaparamiento, sobreconcesión y contaminación que ha propiciado en 33 años la ley salinista y que la iniciativa de reforma oficial no plantea corregir. 

Rodrigo Gutiérrez Rivas, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte que tener dos leyes sobre algo materialmente indivisible, como lo es el agua, puede derivar en problemas de coherencia y seguridad jurídica, antinomias (contradicciones entre ambas leyes) y conflictos de litigiosidad constitucional, entre otros problemas. 

Además, explica que las leyes generales integran las diferentes dimensiones constitucionales de un mismo derecho, es así que sólo hay una Ley General de Salud, de Educación o de Equilibrio Ecológico. 

Aparte, la propuesta oficial incumple con otro de los mandatos de la reforma de 2012, la cual ordena la participación ciudadana, a la par de los órdenes de gobierno.

María Eugenia Ochoa, de la Contraloría Autónoma del Agua Joel Arriaga, considera un logro detener la aprobación de la reforma que la Conagua buscaba fast track.

Integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, el diputado morenista Gabriel García Hernández denunció que hubo intentos “obstrucción institucional” para someter la reforma a parlamento abierto.

Luego de que en dos mañaneras la presidenta Sheinbaum se percató de contenidos de la iniciativa con los que no estaba de acuerdo, como permitir la concesión de zonas federales para el depósito de residuos mineros, se autorizó que se realizaran foros en los estados y se convocara a la ciudadanía a audiencias públicas en torno de la reforma.

En sus reuniones los integrantes del movimiento social del agua, en su mayoría simpatizantes de la izquierda, insisten en que la Conagua ha mentido a la presidenta Sheinbaum con iniciativas que contradicen su discurso sobre el recurso.

Consideran que, ante los tantos temas en su agenda, Sheinbaum estaría buscando resolver la crisis hídrica sin entrar en conflicto con los grandes concesionarios. 

Pero esa salida, denuncian, no toma en cuenta la gran complejidad de esta crisis que no sólo se manifiesta en los problemas de abasto a las ciudades, de sequías, inundaciones, conflictos sociales, “infiernos ambientales”, sino en muchos otros que son de seguridad nacional, como el creciente control del crimen organizado sobre módulos de distritos de riego de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Zacatecas.

Conagua, transformación fallida

En el llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación la Conagua sigue al servicio de la hidrocracia y permeada por la corrupción, aunque a su llegada al gobierno el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que haría una “limpia” en esa dependencia.

En 2020 el mandatario nombró como subdirectora general de Administración del Agua a Elena Burns, catedrática de la UAM con una trayectoria como especialista en temas hídricos y de vinculación con la lucha social. 

En octubre de 2022, con policías armados, el entonces director de la Conagua, Germán Martínez, prohibió la entrada a la dependencia a Burns y sus colaboradores, de lo cual dio fe un notario público.

La académica ha dicho que en su paso por la dependencia trató de identificar a los grandes concesionarios evasores de pagos de derechos de uso de agua, pero, aunque era funcionaria, le negaron la información. 

Ya fuera de la Conagua, con información pública, ella documentó que de 310 mil 228 titulares de concesiones inscritos en el Registro Público de Derechos del Agua (Repda) en 2022, sólo ocho mil 182 pagaron derechos. De 56 mil millones de pesos que debía recaudar por usos industriales, agroindustrial, servicios y comercio, la dependencia sólo cobró 12 mil millones, con una evasión de 44 mil millones. 

En su propuesta de cambios mínimos a la iniciativa oficial, Agua para Todos ha propuesto equilibrar los acuíferos y cuencas del país recuperando volúmenes de esos grandes usuarios que por años no han pagado; también identificar la evasión fiscal al vincular el Repda con el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes. 

En su participación en las audiencias públicas, Elena Burns dijo que, por el contrario, en la propuesta del Ejecutivo hay señales preocupantes de que se podría proceder a la extinción masiva de pequeñas concesiones para obtener volúmenes.

Expertos y activistas advierten que la iniciativa elaborada por la Conagua se orienta a centralizar aún más atribuciones en la dependencia, sin que hasta ahora ésta se haya depurado o fortalecido. 

Al participar en las audiencias públicas en la Cámara de DIputados, Francisco Landa, del Colectivo Defensores del Agua de Querétaro, denunció que la dependencia ha actuado de la mano de las cámaras mineras e industriales para manipular y controlar las normas oficiales, para autorizar alumbramientos en cuencas en veda y hasta para facilitar la especulación con el recurso, como ocurre con las megaconcesiones autorizadas a instituciones bancarias. 

En la iniciativa que el organismo presentó se establece que “podrá” retirar concesiones por falta de pago de derechos en dos años consecutivos. Landa acotó que el “podrá” anuncia “discrecionalidad, posible chantaje y corrupción”. Por ello pidió a los legisladores cambiar el verbo a “deberá” para obligar a la dependencia.

Marina Moreno propuso eliminar la llamada cuota de garantía, que permite a los usuarios conservar volúmenes concesionados aunque no los usen, pues el paquete LAN-LGA plantea extender el periodo de dos a seis años, con el requisito de una justificación ante la Conagua “sin transparencia, ni especificar criterios”, lo que abriría “grandes oportunidades de corrupción”. 

Jorge Humberto Salgado, investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), advierte que de mantenerse la LAN seguirá la tendencia a sobreexplotar y contaminar los acuíferos. “Creemos que la presidenta no tiene la información necesaria para tomar una decisión tan apresurada, tiene que analizarse esto de sobremanera”, expresó.

La diputada Xóchitl Zagal informó que en las audiencias se registraron 450 ciudadanos con propuestas de cambios para la iniciativa presidencial. 

Ante los legisladores hay actualmente cuatro iniciativas en materia de aguas además de la oficial; una presentada por Zagal, otra por el diputado Hugo de la Rosa, una más de Movimiento Ciudadano y la iniciativa ciudadana que fue respaldada por 13 legisladores de Morena y del Partido del Trabajo.

Zagal asegura que las propuestas ciudadanas serán tomadas en cuenta y que serán los legisladores los que elaboren la iniciativa que se aprobará en el pleno. 

En un comunicado, Agua para Todos aseguró que el titular de la Conagua, Efraín Morales López, “está ofreciendo dádivas a los diputados que se presten a dar su apoyo incondicional a su versión de la ley”.

Reportaje publicado en la edición 0030 de la revista Proceso, correspondiente a diciembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.