La búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato se fortaleció este año con la creación de siete nuevos grupos de familiares decididos a encontrar a los suyos, con mayor participación institucional y con el reconocimiento oficial de que existen “fosas clandestinas” en la entidad. Pero los avances aumentan el horror. En noviembre pasado un grupo de activistas indagaba el paradero de siete personas que contaban con carpeta de investigación, pero encontró 79 cuerpos. Ante eso los buscadores urgen al gobierno estatal a pedir ayuda de especialistas forenses internacionales.

GUANAJUATO.- Al cierre del año, la desaparición forzada de personas en Guanajuato supera las peores expectativas.

La precariedad de insumos que padecen las familias y la naciente Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) para explorar los puntos identificados por los 10 colectivos que actualmente hay en el estado ha sido subsanada en parte con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda y de los binomios caninos de las fuerzas federales que los resguardan en esas tareas.

Esto ha permitido llegar a cientos de fosas encontradas por iniciativa de las familias en Irapuato (Proceso 2292), Salvatierra (Proceso 2298) y recientemente Acámbaro, todas con hallazgos devastadores. En los dos últimos municipios se recuperaron 94 cuerpos completos y 104 bolsas con restos de víctimas mutiladas.

“Ha sido muy duro –reconoce en entrevista el comisionado estatal de búsqueda, Héctor Díaz Ezquerra–. Y ya tenemos prácticamente la mitad del año entrante con agenda de búsquedas solicitadas” por los colectivos.

Necesitan equipamiento (“prácticamente no tenemos nada”). La CEBP prevé adquirir por lo menos cuatro drones, aparatos de radiocomunicación, vehículos 4x4 para entrar a zonas de difícil acceso y equipo de protección para el personal que participa en las búsquedas, además de completar la plantilla de 14 personas, incluyendo a especialistas en psicología y antropología forense.

La CEBP también tiene pendiente arrancar con el Registro Estatal Homologado de Personas Desaparecidas, No Localizadas y Localizadas.

Frente a estas experiencias, más colectivos y más familias ya muestran mayor capacidad para demandar resultados a las autoridades, particularmente a la fiscalía del estado. Integrantes de varios de estos grupos se impusieron el reto de completar el siguiente año la identificación forense de estos hallazgos y de los restos que continúan sin reconocerse.

Hasta el pasado 23 de diciembre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas incluía 2 mil 509 víctimas de desaparición en la entidad. A nivel nacional se registraron 76 mil 934.

La magnitud de la tarea llevó a varios colectivos y observadores a solicitar por escrito al gobierno del estado y a la fiscalía que aprueben la asistencia técnica de grupos de antropología forense nacionales y extranjeros, específicamente de Argentina y Guatemala.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2305 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.