CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la expectativa de encontrar verdad y justicia, los familiares de tres jóvenes víctimas de desaparición forzada acuden este miércoles a la Secretaría de Gobernación para participar en el reconocimiento público de responsabilidad del Estado mexicano en los hechos, como parte de sendas resoluciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas entre agosto y diciembre del año pasado.

En entrevista previa al evento encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, funcionarios de la Fiscalía General de la República, de la Cancillería así como representantes de los estados de Veracruz, Oaxaca y Coahuila, las madres de Christian Téllez Padilla y Víctor Manuel Guajardo, así como el padre de Jesús Israel Moreno Pérez, coincidieron en que más que una disculpa pública, lo que quieren es respuestas sobre el paradero de sus hijos y sanciones para los responsables directos de las desapariciones forzadas así como de los funcionarios que durante años se encargaron de encubrir a los perpetradores.

Téllez Padilla, un joven universitario, fue detenido el 20 de octubre de 2010 en Poza Rica, Veracruz por integrantes de la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, hechos que fueron atestiguados por su pareja;  Jesús Israel desapareció en el municipio de Chacahua, Oaxaca el 8 de julio de 2011, mientras que autoridades municipales han declarado que perdió la vida sin que hasta ahora se haya evidencias ni cuerpo del joven estudiante de Geografía; en tanto que Víctor Manuel, fue sacado de su domicilio por agentes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) y del Grupo de Armas y Tácticas Especiales Municipales (GATEM) el 10 de julio de 2013 en Piedras Negras, Coahuila.

Sin respuesta en México, los familiares de las tres víctimas presentaron sus casos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, representados por Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos en noviembre de 2015, al considerar que el Estado mexicano violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.

En agosto, noviembre y diciembre del año pasado, el Comité emitió sus resoluciones considerando la responsabilidad del Estado mexicano en las desapariciones instruyendo la elaboración de planes de búsqueda para dar con el paradero de las víctimas, investigar, sancionar a los responsables y reparar de forma integral a las víctimas.

La disculpa, primer paso

Mara Eugenia Padilla y Hortensia Rivas, madres de Christian y Víctor Manuel, respectivamente, coincidieron en mantener la esperanza de que la disculpa pública sea un “primer paso” para que el Estado mexicano mueva a las instituciones necesarias para localizar a sus hijos.

“Tengo la esperanza de que el compromiso de localizar a mi hijo sea real, porque de nada me sirve una disculpa pública ni una reparación de daño si no tengo lo más importante que es a mi hijo de vuelta”, puntualizó Padilla, cuyo caso fue atraído por la Procuraduría General de la República, hoy FGR.

Padilla, quien le ha tocado interactuar con autoridades de tres administraciones, de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que los momentos de mayor maltrato los sufrió con el gobierno del priista, aunque reconoció que a lo largo de diez años no ha habido claridad para dar con el paradero de su hijo, ante los constantes cambios de agentes del Ministerio Público.

“El Comité de la ONU dio 180 días al Estado mexicano para entregarnos un plan de búsqueda, pero se atravesó la pandemia y no nos dieron nada, esperemos que en el evento se nos presente y que se cumpla para tener una respuesta sobre el paradero de mi hijo.

“Se nos van a dar cinco minutos para hablar, yo lo que voy a pedir es ese plan de búsqueda, pero también voy a pedir que se atiendan los más de 79 mil casos de desaparecidos que hay en México, que se sepa que nuestro país es una fosa común y que la desaparición le puede pasar a cualquiera hasta al nieto del presidente”, puntualizó María Eugenia Padilla.

Que limpien la imagen de Víctor Manuel

Hortensia Rivas viajó con dos de los cinco hijos de Víctor Manuel desde Piedras Negras. Ellos dos tenían cinco años cuando vieron que policías de fuerzas especiales sacaron a su padre por la fuerza de su casa y lo golpeaban en su presencia.

“Mis nietos vienen conmigo para que el gobernador (Miguel Ángel) Riquelme y los otros funcionarios les expliquen por qué policías que estaban obligados a cuidar a los ciudadanos se llevaron a su padre, porque yo ya no sé qué decirles”, dice Rivas.

Presidenta de la asociación civil Familias en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, agrupación que tiene documentadas más de 400 denuncias de desaparición desde hace siete años en la región de Los Manantiales de Coahuila, Rivas también exige el plan de búsqueda para su hijo, así como resarcir su memoria.

“Lo que quiero es que se limpie la imagen de mi hijo, porque se dijo que era delincuente pero nunca se probó nada, mi exigencia siempre ha sido que, si él debe algo, que se le presente y se le procese conforme a la ley”, apuntó Rivas.

La activista, a quien le ha tocado rescatar a personas en vida en la región, agregó que, en materia de justicia, hay al menos dos agentes de fuerzas especiales que participaron en la desaparición de su hijo, que se encuentran detenidos por otros delitos en Torreón, pero no por los hechos relacionados con su hijo.

“Yo he pedido que me dejen hablar con ellos para que me digan qué pasó con mi hijo, pero hasta ahora esas personas se han negado a aceptar reunirse conmigo, supongo que porque no quieren que se les inicie procesos por desaparición forzada; yo esperaría que en el plan de búsqueda también se contemple interrogar a estas personas y buscar la manera de que den información sobre el paradero de mi hijo, porque yo ya no se qué decirles a mis nietos”, resaltó Rivas tras advertir que como parte de las medidas de reparación solicitará un memorial  para su hijo.

Verdad y justicia para Jesús Israel

Carlos Moreno, padre de Jesús Israel es más escéptico sobre el evento, para él la disculpa pública es inaceptable sin tener de por medio el esclarecimiento de la desaparición de su hijo y el castigo a los responsables.

“Antes de que la ministra (Olga) Sánchez Cordero fuera secretaria de Gobernación, se reunió con un grupo de familiares de personas desaparecidas y nos pregunto si lo único que buscábamos era localizar a nuestros familiares, yo me levanté y le dije que al menos en mi caso, quería justicia, que se castigara a los responsables del montaje para convencerme que mi hijo estaba muerto sin el cuerpo de mi hijo”, recordó.

A más de dos años de ese encuentro y a once meses de haber recibido la resolución del Comité de la ONU, Carlos mantiene su exigencia de verdad y justicia, en espera de que el evento presidido por Alejandro Encinas no sea “una farsa, otro montaje con el que se pretenda callarnos”.

Carlos Moreno, sostuvo que su intención detrás de su participación en el evento de reconocimiento de responsabilidad es “hacerles ver a los funcionarios que la disculpa pública no es suficiente, que tiene que haber resultados y no voy a conformarme hasta que no me lo entreguen vivo”.